Policiales

La fiscalía expuso vínculos entre policías y la banda de Los Monos

 Fue en la audiencia en la que se evaluó la prisión preventiva de cuatro de los uniformados implicados y en la que se ventilaron varias escuchas.

Viernes 23 de Mayo de 2014

El rol de los empleados de fuerzas de seguridad en la banda de Los Monos copó el centro de la escena en la cuarta audiencia para discutir las medidas de encierro que pesan sobre acusados de integrar la organización. Cuatro efectivos que tienen prisión domiciliaria reclamaron recuperar la libertad a la espera del juicio y se toparon con una enérgica oposición del fiscal Guillermo Camporini. El titular de la acusación les atriubyó aportar al grupo delictivo información sobre procedimientos y hasta municiones para cometer asesinatos. "Han puesto en riesgo a sus compañeros de trabajo en la fuerza", dijo, y anunció que pedirá penas altas para los uniformados.

Los acusados que promovieron la audiencia de ayer son Waldemar Raúl Gómez, agente de la sección Inteligencia de la Policía Federal; Diego Javier Cárdenas, cabo 1º de una subcomisaría rosarina; y Juan Angel Delmastro, de la sección Inteligencia de la ex Drogas Peligrosas provincial, quien también está imputado en el crimen de la adolescente Lourdes Cantero. El cuarto citado, el comisario de la Unidad Regional XVII Sergio Blanche, fue el único presente en la sala donde los defensores expusieron sus razones ante el camarista Rubén Darío Jukic.

Todos los uniformados fueron detenidos entre octubre y diciembre del año pasado. En febrero el juez de Instrucción Juan Carlos Vienna los procesó como miembros de una asociación ilícita, cohecho, violación de secreto y encubrimiento agravado, entre otros delitos. Están detenidos bajo arresto domiciliario y ayer, en forma secuenciada, sus defensores reclamaron que les otorguen la libertad porque entienden probado que no intentarán escapar o adulterar pruebas mientras la causa se encamina al juicio.

En idéntica respuesta para todos, el fiscal se opuso a medidas que suavicen las detenciones. Por el contrario, dijo que "desde la cabeza de la Procuración General" se requirió aplicar "el rigor que corresponda" a los hombres de seguridad, mientras el propio jefe de los fiscales del viejo sistema penal, Jorge Barraguirre, presenciaba la audiencia.

Línea directa. En ese marco, Camporini dijo que el aporte de los agentes no fue casual sino que tenían un rol definido en la estructura de la banda que consistió en la entrega de datos, elementos e información secreta. Habló de "dos claros jefes u organizadores". Por un lado, Máximo Ariel Guille Cantero como "encargado del sicariato y el manejo de la violencia. "Cada vez que había que matar a alguien, tenía su grupo operativo con brazos ejecutores como El gordo Vilches, Ema Chamorro y El narigón Villa", describió.

Una segunda línea "es la que manejaba Monchi (el prófugo Ramón Machuca), en contacto con Mariano Ruiz (supuesto administrador de bienes) y con la gente de las fuerzas de seguridad que integraba la asociación". Y señaló que todas las comunicaciones telefónicas atribuidas a los uniformados fueron con esos referentes de la agrupación. De eso que dio cuenta la fiscal Cristina Rubiolo al leer las escuchas más comprometedoras.

Diálogos. Así, en una conversación del 18 de mayo de 2013 atribuida al policía Gómez, éste le advierte a Monchi que la Policía Federal iba a allanar un búnker de Ameghino 2891. Y más tarde da cuenta del resultado: "Están rompiendo Ameghino. Detuvieron a tres mayores y un menor, se secuestró un kilo de cocaína y marihuana".

En otra charla, el mismo interlocutor le promete a Monchi averiguar quién fue el tirador que hirió "a un pibe en el negocio" y le propone: "Le damos un aviso, le pegamos un toquecito y lo dejamos para cocinarlo después". En otra conversación, entre Delmastro y Machuca, el policía revela que un búnker de la competencia era "habilitado" por Drogas Peligrosas y da su permiso para que lo balearan, lo que causó la muerte de Lourdes Cantero, de 15 años.

Respecto de estos dos policías el abogado Alberto Tortajada dijo que les atribuyen llamadas con sólo una persona y eso no configura una asociación ilícita, una figura criticada por los letrados. El fiscal contrapuso que "no se requiere que todos los miembros se conozcan entre sí".

Otra arista fue introducida por el defensor Paul Krupnik, quien pidió "la nulidad de todo lo actuado porque el juez Vienna avasalló la competencia federal" (ver aparte). En relación con su cliente, remarcó que lo acusan de adelantar datos de un allanamiento por deducciones de escuchas en las que Monchi y Mariano Ruiz hablan de un tal "Sergio", pero sin que existan conversaciones grabadas a Blanche.

El fiscal replicó que en el Nextel de Blanche se detectaron, en 15 días, "32 comunicaciones con un teléfono perteneciente a Ruiz" y consideró que la banda habría acudido a este policía para obtener municiones en la época de los dos atentados en represalia por el crimen de Pájaro.

Por último el abogado Nazareno Bravo pidió la libertad de Cárdenas, quien "jamás ha intentado fugarse", pero una vez más el acusador recordó que los delitos endilgados a los policías prevén hasta 24 años de pena y que "la idea del Ministerio Público es ir bastante por encima del mínimo teniendo en cuenta su condición de policías".

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