Policiales

La familia de un joven asesinado por policías denunció amenazas y golpes

En un acto en Tribunales su madre dijo sufrir hostigamiento y aprietes de la fuerza policial. Rechazan la firma de un abreviado.

Martes 05 de Enero de 2016

"Desde el momento del cruel asesinato de Jonatan no volvimos a estar tranquilos, ni a salir a trabajar podemos". Con una foto del rostro de su hijo estampada sobre una remera blanca, la madre de Jonatan Herrera denunció ayer en la puerta de los Tribunales que desde hace un tiempo ella y su familia sufren amenazas y hostigamiento a consecuencia del pedido de justicia y el rechazo a la posibilidad de que tres de los cuatro policías acusados por la muerte de su hijo sean condenados en un trámite de juicio abreviado.

"A un año del día que Jonatan perdió su vida en manos de la policía seguimos pidiendo justicia. Porque queremos que se esclarezcan los hechos y juzguen a los culpables, porque ya no tengo a Joni y quiero cuidar al resto de mis hijos", dijo María Elena ahogada en la angustia ayer en las escalinatas de los Tribunales provinciales (Balcarce 1661).

Contenida por una ronda de personas entre las que se visualizaba a gran parte de su familia, referentes de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, la mujer hizo públicas las circunstancias que soporta desde que cuatro agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) balearon a su hijo mientras lavaba un auto en la puerta de su casa, en Ayacucho y bulevar Seguí.

Expuso a viva voz que "a lo largo de este año de lucha se denunciaron cada una de las maniobras que ejerció el aparato judicial, demostrando la complicidad entre la fiscalía y la defensa. Desaparecieron pruebas fundamentales, otras fueron fraguadas, hubo aprietes, amenazas y trabas que nos interpusieron para evitar constituirnos como querellantes", citó sobre los entretelones de la causa judicial.

Y enumeró "un sinfín de amenazas" que sufrieron ella y su familia. "Apretaron a uno de mis hijos diciéndole que nos quedáramos tranquilos o íbamos a terminar como Jonatan, es decir, muertos", describió conmocionada.

Además denunció que uno de sus hijos menores de edad sufrió "golpizas por parte de efectivos de la PAT" y amenazas de prenderles fuego la casa. Y que en alguna oportunidad hubo policías que les "arrebataron violentamente" volantes con los que difunden el reclamo de justicia.

Repudio. La mujer entró de lleno en un aspecto que hoy se discute en Tribunales y que fue uno de los motivos centrales del acto. "Hace menos de un mes manifestamos públicamente nuestro repudio al acuerdo abreviado al que pretenden llegar la fiscalía a cargo de Adrián Spelta junto a la defensa de los cuatro imputados".

"Rechazamos el juicio abreviado porque se trata de una maniobra para liberar a los imputados en un juicio a puertas cerradas. Decimos no, queremos que el accionar de las fuerzas represivas del Estado se discuta en un proceso oral y público. No se trata de un caso aislado, sino de una policía que asesina a pibes como si fuera un deporte", apuntó.

Jonatan Herrera fue ejecutado el 4 de enero de 2015 cuando lavaba el auto frente a su casa de barrio Tablada, en Ayacucho y bulevar Seguí. Cuatro agentes de la PAT que iban en un colectivo urbano bajaron al advertir que colegas del Comando Radioléctrico perseguían a un ladrón. Se plegaron al operativo a los tiros y tres disparos calibre 9 milímetros alcanzaron a Jonatan, que apenas pudo resguardarse detrás de un árbol.

La causa por el crimen atraviesa momentos decisivos. De los cuatro policías imputados fue enviado a juicio oral y público Ramiro R., de 25 años, a quien el fiscal acusó del delito de homicidio calificado y pidió la prisión perpetua al probar que uno de los proyectiles que mataron a la víctima partió de su arma reglamentaria.

Pero la controversia y los cuestionamientos de la familia de la víctima están dados por la atenuación de la situación de los otros tres empleados policiales imputados: Francisco R., Alejandro G. y Luis S., quienes también intervinieron en la balacera y en principio habían sido imputados de tentativa de homicidio.

Es que en una audiencia donde se les renovó la prisión preventiva a todos los acusados hasta el 15 de febrero, el fiscal Spelta anunció la posibilidad de arribar a un acuerdo con la defensa de los tres agentes para que sean condenados en juicio abreviado a la pena de tres años de prisión efectiva por el delito de abuso de armas.

Esa salida alternativa es la que rechaza la familia de Jonatan, al mismo tiempo que exige que el caso y la situación procesal de los cuatro sea ventilada en un juicio oral y público.

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