Policiales

La escalada de violencia que obligó a reformular políticas de seguridad

A un año del crimen de Claudio "Pájaro" Cantero. Hechos inéditos como un ataque a tiros contra el gobernador instaron a implementar medidas largamente reclamadas.  

Lunes 26 de Mayo de 2014

Un año después de ocurrido, el crimen de Claudio "Pájaro" Cantero se ve como una divisoria de aguas respecto de la actividad criminal y su impacto en la vida social y política de la ciudad. Si bien ya existía una escalada de violencia atribuible en parte al desarrollo del negocio narco y sus vínculos con la policía, el homicidio ocurrido el 26 de mayo de 2013 recrudeció la situación en forma exponencial al punto que la mayoría de quienes estaban sindicados como los narcos más importantes terminaron presos o muertos.

En cierto sentido toda la estructura de poder real en Santa Fe se vio sacudida por los hechos desencadenados a partir de ese crimen. La violencia llegó hasta el frente de la casa del gobernador, algo tan inédito como la cifra de 264 homicidios con la que cerró 2013 en el Gran Rosario. Un año en el que la seguridad pública dejó al descubierto su esencia política, más allá de que parte de la dirigencia la haya politizado en chicanas y pases de factura que también aportaron al desmadre.

Sorpresa. La escalada de violencia y crímenes que sucedió al asesinato de Cantero —especialmente el ataque mortal a la familia de Milton César, ocurrido dos días después a 20 metros de una escuela de la que estaban saliendo los alumnos— aceleró una inesperada respuesta del Estado provincial: una semana después el juez de Instrucción Juan Carlos Vienna ordenó 23 allanamientos en el barrio 17 de Agosto, en zona de Los Monos. Sería el puntapié de una causa por la cual meses después serían procesadas 32 personas —de ellas 13 policías— como presuntos miembros de una organización dedicada a delitos que van desde amenazas y homicidios hasta narcotráfico.

La causa derivó del crimen de Martín "Fantasma" Paz, cuñado de Cantero acribillado el 8 de septiembre de 2012 en Entre Ríos y 27 de Febrero en uno de los primeros hechos de sicariato en moto registrados en Rosario. La pesquisa no descartó que Los Monos hubieran gestado el homicidio tras un fallido intento de Paz de cortarse solo.

Un caso que en ocho meses no arrojó novedades hasta que Vienna comenzó a investigar las conexiones entre quienes aparecían en la agenda de Paz y así surgió la hipótesis de una asociación ilícita que iría más allá de la venta de drogas. Así remozada, la causa generó controversias al objetarse la competencia de un juez provincial para investigar delitos federales de narcotráfico, en un debate "jurídico" que no logró encubrir la verdadera disputa política que, condimentada por el año electoral, se observaba claramente en Rosario respecto de la seguridad pública.

Flashback. Si bien a esa altura era innegable el impacto de nuevas formas de criminalidad sobre la vida política santafesina, tampoco resultó novedoso que la seguridad dejara de ser materia exclusiva del ámbito policial. Un año de quiebre fue 2012, cuando la fáctica autonomía policial consolidada durante la gestión de Hermes Binner chocó contra sus propios límites. El 1º de enero, con la masacre de tres pibes de villa Moreno en venganza por un hecho al que eran ajenos llegó a su fin el discurso que enmarcaba como "ajustes de cuentas" cualquier crimen que a alguien le conviniera mantener impune.

La militancia de Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez en un movimiento social allanó el camino hacia el esclarecimiento del triple crimen por el que hay ocho procesados: Sergio "Quemado" Rodríguez, acusado de orquestar la masacre con cuatro secuaces en su afán por vengar un ataque previo contra su hijo Maximiliano, y tres policías imputados de encubrimiento e incumplir sus deberes. Además la absurda matanza instaló en la opinión pública lo que en muchos barrios se decía desde hacía tiempo sobre los vínculos entre el Estado, representado por la policía, y las economías delictivas. Un entramado de sangre, dinero e impunidad.

Diez meses después, mientras el negocio narco crecía a la vista de todos en quioscos custodiados por soldaditos, el inédito encarcelamiento de un jefe de policía provincial marcó otro mojón. En octubre de 2012 Hugo Tognoli fue detenido por una investigación de la Justicia Federal vinculada con sus años al frente de la ex Drogas Peligrosas.

En cierto sentido, la detención de Tognoli nacionalizó el problema de la seguridad en Santa Fe. Pero más que recibir un tratamiento político a la altura del problema, la cuestión fue politizada en vacuos cruces de chicanas y pases de factura ajenos a la realidad de las calles donde el mercado narco afinaba sus leyes ante la retirada estatal.

Inestabilidad. Tognoli aún espera en prisión ser juzgado por dos causas en las que se lo acusa de proteger a narcos. Desde su detención la tasa de homicidios en Rosario aumentó como la proliferación de búnkers de droga. Tampoco el avance judicial sobre algunas bandas logró frenar la escalada. El narcotráfico demostró ser un negocio donde la inestabilidad del mercado se arregla a sangre y fuego. Mientras tanto, las conexiones entre policías y criminales que trascendieron en esos meses profundizaron las sospechas de un Estado cómplice por acción y omisión.

En su espiral de naturalización, la violencia incluso traspasó hacia el centro esa frontera tan rosarina de los bulevares. Balaceras contra agencias de autos denotaban que las relaciones oscuras del hampa no se limitaban a la policía. Nuevos lugares como Corrientes y Pellegrini para nuevas demostraciones de poder como el crimen de Maximiliano "Quemadito" Rodríguez el 5 de febrero de 2013 a las 14 daban cuenta de que la violencia y el narcotráfico no era un problema exclusivamente territorial o jurisdiccional.

Ni siquiera un problema exclusivo del poder político. De pronto pareció ser la estantería del poder real vigente lo que tambaleó. Con la caída —presos o muertos— de personajes hasta entonces intocables para la leyes de la calle y los estrados. Como el ex jefe de la barra ñulista Diego "Panadero" Ochoa, preso desde agosto acusado de planear el crimen de su antecesor "Pimpi" Caminos y luego el del Quemadito.

Como en una dimensión paralela, el 5 de septiembre el gobierno nacional y la Justicia Federal desbarataron la importante estructura de producción y venta de cocaína que desarrollaba Delfín Zacarías. Un impecable operativo que también pudo leerse en el marco de la disputa electoralista que aún atravesaba la acción estatal en torno a la problemática de la seguridad.

Pero la violencia tendría reservado otro hecho inédito: el ataque a tiros al gobernador Antonio Bonfatti. El 11 de octubre diez balas impactaron en el frente de su casa de Alberdi donde estaba con su esposa. Meses después hay tres detenidos, entre ellos un policía, aunque es poco lo que se esclareció teniendo en cuenta la extrema gravedad del hecho.

Natural. Esta secuencia sugiere que en el año entre la detención de Tognoli y el atentado a Bonfatti los rosarinos perdieron la capacidad de sorpresa en un nuevo juego cuyas reglas no respetaban investidura, sea la de jefe de policía, gobernador, líder de barra brava o de pandilla. Bajo esa pátina, con récords como los 32 homicidios de octubre de 2013, la muerte siguió naturalizando la violencia que se encarnizaba especialmente entre jóvenes para quienes ejercerla implica ser respetado.

En ese marco el 29 de diciembre de 2013 fueron asesinados Luis Medina y su novia. Sindicado pero nunca investigado como narco, el vendedor de autos había intentado sin éxito blanquearse abriendo una versión local de la disco Esperanto.

El caso reactualizó disputas entre oficialismo y la oposición provinciales por las desprolijidades de una investigación que tuvo tres jueces en un día. Y escandaletes como el de la notebook de la víctima que funcionarios abrieron —¿con o sin permiso judicial?— ante la impericia de los peritos. O la burda intromisión que intentaron —¿con qué fin?— policías de Judiciales en la casa del country donde vivía Medina.

Pero 2013 tenía dos días más para ofrecer otro crimen de alto impacto. En las últimas horas del año fue asesinado Leonardo, hermano de Luis "Pollo" Bassi, detenido como instigador del crimen del Pájaro. Más allá de que Villa Gobernador Gálvez ya había alcanzado la tasa de homicidios más alta del país, el crimen conmovió a esa ciudad; más cuando 44 días después mataron a otro hermano Bassi, Maximiliano.

Onda verde. Este año empezó con cambios como la implementación —el 10 de febrero— del nuevo sistema penal. De tener éxito, se espera que logre reducir la impunidad, aliada fundamental de la violencia. Pero la escalada de crímenes siguió rompiendo marcas e incluso reveló que la violencia no es exclusiva de la criminalidad o la represión: una serie de robos que culminaron con ladrones muertos por balas civiles llegó al colmo con el linchamiento de David Moreira en marzo pasado.

¿Habrá sido esta violencia lo que apuró decisiones estatales largamente reclamadas? Por estos días el municipio encara acciones y obras para recuperar el terreno perdido que lo llevó a cerrar dispensarios por problemas de seguridad; la provincia implementó la policía comunitaria, que aspira a fortalecer la presencia barrial y restablecer vínculos perdidos con los vecinos. Y la Nación envió fuerzas federales comandadas por el secretario de Seguridad Sergio Berni. Con gran despliegue de logística —también mediático, con periodistas porteños jugando a cronistas de indias— unos 2 mil hombres de verde llegaron a barrios donde regía la ley narco.

La recuperación de esos territorios por parte del Estado también ofreció su lectura política, ya que era un largo reclamo del gobierno santafesino que la Nación venía esquivando. Qué cambió en esa relación o por qué la medida no se implementó antes del desmadre es algo que nadie comunicó oficialmente.

La llegada de Gendarmería a los barrios —aún no a todos— fue bien recibida por parte la población, aunque también se cuestiona la militarización de la calle y ya hubo denuncias por actitudes autoritarias de algunos efectivos.

En tanto, los grandes narcos también parecen haber tomado nota del desembarco. Con la caída de varios búnkers se ve un regreso al tradicional delivery, más limpio. Y los golpes de los federales a mayoristas de cocaína como Reina Quevedo y Los Lagartos parece haber obligado a replegarse a los cocineros.

Pero la onda verde que por ahora mitigó la violencia no sólo alude al color de los uniformes sino también a la llegada a esferas gubernamentales de otros abordajes sobre el narcotráfico y las drogas que hasta hace poco eran mala palabra. Así pudo oírse a funcionarios políticos y legisladores a favor de discutir la despenalización de la marihuana.

Los meses posteriores al crimen del Pájaro Cantero demostraron que el abordaje por parte del Estado de la seguridad pública en Rosario tenía que cambiar. El tiempo dirá si estas respuestas ofrecen cambios de fondo o simplemente de figuritas.

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