POLICIALES

La Defensa Pública reclamó por el hacinamiento en la cárcel de Piñero

Fue en una audiencia en la que se dictó que intervenga la Corte Suprema provincial por el incumplimiento de una resolución.

Sábado 13 de Febrero de 2021

En el marco de una audiencia realizada el jueves pasado a raíz de un hábeas corpus presentado por el Servicio Público de la Defensa el juez penal Gustavo Pérez de Urrechu ordenó una serie de medidas en relación a la situación de los internos de la cárcel de Piñero. Entre ellas dispuso que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la provincia por el incumplimiento de una resolución dictada por este mismo órgano en junio pasado por "el agravamiento de las condiciones de detención".

Según comunicaron desde el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) la solicitud fue presentada por la defensora provincial Jaquelina Balangione y el defensor regional de Rosario Gustavo Franceschetti a raíz del incumplimiento de una resolución que data del 4 de junio de 2020. En esa ocasión luego de una serie de inspecciones en la unidad de Piñero el SPPDP informó que se había superado la capacidad máxima de alojamiento por lo cual la Corte Suprema de la provincia requirió al poder ejecutivo provincial "que formule una propuesta que permita limitar la población carcelaria a la estrictamente pertinente".

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Ocho meses más tarde, y en virtud del incumplimiento de la resolución, el SPPDP volvió a reclamar la intervención de la Corte Suprema por "el agravamiento de las condiciones de detención que fue registrado al constatar la existencia de un número de personas que son alojadas esposadas a las rejas en los pasillos de la unidad penal". El reclamo se da un marco en el que el gobierno provincial licitó la construcción de una nueva unidad penitenciaria en Rosario, que comenzará a construirse en el predio de las alcaidías regionales de 27 de Febrero y Calle 1706, en zona oeste.

Asimismo Balangione y Franceschetti pidieron que se prohíba el ingreso de presos por causas federales a la unidad de Piñero, y remarcaron que el gobierno provincial aun no presentó una propuesta para evitar el hacinamiento en Piñero. En junio de 2020 la Corte había dictado un plazo de 180 días para reducir a 50 el cupo máximo para detenidos federales. Por lo tanto en esta nueva audiencia se resolvió que los servicios penitenciarios Federal y Provincial deberán elaborar una serie de informes para presentar en el plazo de 60 días.

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En cuanto a la situación de los detenidos con el plazo vencido de prisión preventiva, hecho que tomó relevancia en el comienzo de la pandemia por Covid 19, el SPPD solicitó conocer la cantidad precisa de personas en esta situación. Por lo tanto la Oficina de Gestión Judicial deberá elaborar un listado para presentar ante la Corte Suprema provincial.

En el año 2015 el SPPDP había presentado una denuncia sobre la situación en Piñero, por lo cual dos años más tarde el juez Pérez de Urrechu fijó un cupo máximo de 1.448 internos. "A partir de sucesivas inspecciones efectuadas se comprobó que la misma no era respetada", indicaron desde el SPPDP en junio de 2020 al presentar el reclamo ante la Corte Suprema luego de una serie de visitas al penal.

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En ese contexto, sobre todo a partir del inicio de la pandemia por Covid 19, los reclamos de los internos se redoblaron. "El hacinamiento reinante potencia los niveles de contagio, por lo que el daño a la salud puede resultar irremediable, sobre todo en las personas en especial situación de vulnerabilidad", sostuvieron entonces. A raíz de las presentaciones realizadas la Corte Suprema "reconoció que en esa unidad los niveles de superpoblación se encuentran vigentes". En tanto pidieron alternativas para la prisión "tanto para la etapa de condena como de ejecución de la pena".

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