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La defensa de "Monchi Cantero" pide aplicar una acordada de la Corte

La defensa de Ramón Ezequiel Machuca, conocido como "Monchi Cantero" y condenado a 37 años de prisión como jefe de una asociación ilícita, cohecho, encubrimiento agravado e instigador de cuatro homicidios en un fallo que aún no se encuentra firme, solicitó a la Corte Suprema de Justicia provincial que en el marco del recurso de queja planteado se aplique la reciente acordada de la Corte Suprema de la Nación que establece "los principios rectores para la interceptación y captación de comunicaciones" telefónicas, una de las pruebas fundamentales sobre las que se basó la acusación y la sentencia.

Jueves 27 de Junio de 2019

La defensa de Ramón Ezequiel Machuca, conocido como "Monchi Cantero" y condenado a 37 años de prisión como jefe de una asociación ilícita, cohecho, encubrimiento agravado e instigador de cuatro homicidios en un fallo que aún no se encuentra firme, solicitó a la Corte Suprema de Justicia provincial que en el marco del recurso de queja planteado se aplique la reciente acordada de la Corte Suprema de la Nación que establece "los principios rectores para la interceptación y captación de comunicaciones" telefónicas, una de las pruebas fundamentales sobre las que se basó la acusación y la sentencia.

En ese sentido, el abogado Carlos Edwards remarcó en un escrito que la acordada 17/2019 de la Corte Suprema de la Nación dictada el pasado 19 de junio sostiene que entre esos principios sobresale el de la "fundamentación" de la orden judicial para interceptar comunicaciones, la cual "no podrá ser otorgada en base a términos genéricos, ni estar destinada a obtener información indeterminada en pos de una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos".

Instigador y jefe

El fallo que condenó a Machuca fue dictado por los jueces Ismael Manfrín, Marisol Usandizaga y María Isabel Más Varela el 9 de abril del año pasado después de cuatro meses de audiencias. Según el dictamen, Machuca era uno de los jefe de la banda de Los Monos e instigador del homicidio de Lourdes Canteros (una escucha lo captó ordenando "tirá a mansalva" a la casa de la chica porque presuntamente allí funcionaba un búnker); y del triple crimen ocurrido el 28 de mayo de 2013 en venganza por la muerte de Claudio "Pájaro" Cantero, y que provocó las muertes de Nahuel César; su madre, Norma César; y de Marcelo Alomar. La principal prueba de ese hecho también fueron escuchas entre "Monchi" y un sargento condenado por complicidad con la banda.

En ese marco, el defensor de Machuca sostiene que la acordada de la Corte nacional "es plenamente aplicable" al caso de su cliente y cita que "la Corte local al tiempo de resolver el recurso de inconstitucionalidad debe atender a las circunstancias existentes a ese momento, aunque éstas sean sobrevivientes a su interposición". Y además porque "la Corte nacional constituye doctrina de acatamiento obligatorio en razón de la seguridad jurídica", máxime cuando se trata de una acordada que "viene a reglamentar una medida invasiva de la esfera de la privacidad de las personas como resulta la interceptación de las comunicaciones".

Asimismo, Edwards resalta que su pedido de inconstitucionalidad de la resolución que confirmó la condena a su cliente deviene de hechos idénticos a los que provocaron la acordada de la Corte ya que al disponerse la interceptación del teléfono de Machuca "el juez no expresó las razones por las cuales consideró procedente la intervención de las comunicaciones, tampoco remitió a ningún elemento objetivo de la causa que pudiera fundar una mínima sospecha razonable, y ni siquiera obra información de esas características como antecedente inmediato de la decisión judicial".

También recuerda el abogado en su pedido que la Corte ha impuesto como principio rector los requisitos de fundamentación, no ser otorgada en base en términos genéricos y no estar destinada a obtener información indeterminada en pos de una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos.

Incumplimientos

En el caso de Machuca, dice Edwards, "no se cumplimentó ninguno de esos principios, por lo que las órdenes que establecieron las escuchas carecen de fundamentación ya que no sólo resultan infundados los partes policiales que solicitaron las mismas sino también los dictados por los jueces Juan Carlos Vienna y Raquel Cosgaya, quienes no consignaron ni especificaron ningún dato probatorio concreto para justificar tal intromisión en la intimidad" de su cliente.

Finalmente, Edwards sostiene que su recurso de queja apela a "la nulidad de las escuchas telefónicas por ausencia de motivación y a partir de ellos es aplicable la acordada de la Corte que avala y suministra sustento constitucional" a lo sostenido por la defensa.

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