preso. Segovia, detenido en noviembre de 2008, deberá cumplir una condena unificada en 16 años de prisión.
preso. Segovia, detenido en noviembre de 2008, deberá cumplir una condena unificada en 16 años de prisión.
Desde el domingo 23 de noviembre de 2008, cuando la Policía Federal lo detuvo en el Aeroparque Jorge Newbery, Mario Roberto Segovia no dejó de esquivar las crónicas policiales. Conocido como "El rey de la efedrina", este ex mozo de catering devenido en empresario acumuló al menos dos condenas que, producto de la unificación de penas, lo harán pasar 16 años en prisión. En ese contexto, días atrás la Corte Suprema de Justicia desestimó por unanimidad los recursos de queja presentados por las defensas de Segovia y de sus cómplices Rubén Galvarini y Jorge Gómez por lo cual las condenas dictadas en 2012 por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 2 quedaron firmes. Esa causa investigó el contrabando a México de casi 300 kilos de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas.
En julio pasado la sala I de la Cámara de Casación Penal integrada por Gustavo Hornos, Carlos Mahiques y Ana María Figueroa había confirmado el fallo del Tribunal Oral en lo Penal Económico de 2012. Las defensas de Segovia, Galvarini y Gómez reclamaron ante el máximo tribunal nacional. El 6 de noviembre los ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti consideraron inadmisibles esos recursos y así quedaron firmes las condenas dictadas en 2012.
Azúcar y precursores
El 29 de marzo de 2012 Segovia fue penado a nueve años por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 2 de la Capital Federal en el marco de una causa por el contrabando a México de casi 300 kilos de efedrina y pseudoefedrina (precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas) ocultos en un cargamento de 12 toneladas de azúcar.
Meses después, el 10 de agosto del mismo año el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín (provincia de Buenos Aires) lo sentenció a 14 años por traficar más de cuatro toneladas de esas sustancias en al menos 91 envíos, pena que fue ratificada en segunda instancia en 2016.
De la unificación de esas penas quedó una condena única a 16 años que ahora fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal al desestimar el recurso de la defensa.
Atacado por sicarios
La primera de las causas tuvo como particularidad la declaración como testigo del empresario Andrés Gerardo Lamboy, quien sobrevivió a un ataque a tiros el pasado 18 de septiembre cuando salía de la sede Fisherton del Colegio San Bartolomé de Wilde al 1100, tras dejar allí a sus hijos. Fueron al menos dos sicarios armados con pistolas calibre 9 milímetros que lo hirieron nueve veces en tórax, abdomen y piernas. Lamboy salvó su vida cuando, ante la inminencia del ataque, se arrojó debajo de la camioneta Dodge Ram en la que había llegado y guareció la cabeza y el torso detrás de una rueda.
Un testigo contó a este diario ese día que cuando uno de los sicarios se acercó a Lamboy con intención de ejecutarlo, una desinteligencia con el chofer del auto del que bajaron frustró ese movimiento. La víctima aún se recupera de las heridas aunque nada se sabe de él.
En la escena del hecho quedaron diseminadas al menos 20 vainas servidas calibre 9 milímetros y alrededor de 30 marcas con tiza en el pavimento y el paredón de cemento de huellas de material balístico recogido por la Policía de Investigaciones (PDI).
Llamados desde Ezeiza
Una de las líneas de investigación que tiene en sus manos el fiscal de Homicidios Luis Schiappa Pietra, que trabaja el caso, es una serie de 19 llamados telefónicos que Segovia hizo desde la cárcel de Ezeiza en vísperas del atentado contra Lamboy.
"Se está investigando, es una línea que no se descarta, pero no es la única", dijo una fuente ligada a la pesquisa. Horas después del ataque, el Servicio Penitenciario Federal elevó al juez federal de Lomas de Zamora Federico Vilella documentación sobre 19 llamados realizados desde un teléfono fijo de la prisión que se le adjudican a Segovia.
Ese material fue solicitado por Schiappa Pietra. En el informe sólo refieren que fue Segovia quien hizo los llamados y ahora está en análisis el contenido de esas llamadas. Fernando Arias Caamaño, abogado de Segovia, compareció ante la Fiscalía y se puso a disposición de la investigación.
Testimonio
Hasta 2007 Lamboy figuró como director de South American Docks (Sadocks), depósito fiscal del barrio porteño de Barracas desde donde Segovia exportó a México efedrina en 2008. Ese depósito era del ex suegro de Lamboy, Rubén Alberto Galvarini, quien en ese expediente fue condenado a 7 años de prisión. Además, en el marco de esa causa, Lamboy había declarado como testigo aunque nunca estuvo imputado.
En el primero de los legajos judiciales se le adjudicó a Segovia el contrabando de 250 miligramos de aconitina y la tentativa del mismo delito por 500 miligramos de ricinina. En el otro, el más resonante, se investigó el contrabando de 300 kilos de clorhidrato de efedrina y pseudoefedrina ocultos en 12 mil kilos de azúcar cuya destinataria sería una firma del estado mexicano de Naucalpán, mercadería acopiada en el depósito de Sadocks.
De acuerdo a lo que puede leerse en los fundamentos de la condena, Lamboy declaró que fue yerno de Galvarini, que estuvo casado con una de las hijas del hombre oriundo de Villa Gobernador Gálvez hasta 2008 cuando se divorció. Recordó que figuró como director de Sadocks hasta 2007 pero aclaró que nunca trabajó para esa firma, ya que aparecía como director sólo en los papeles y se limitaba a firmar actas de directorio.
Sobre los roles en el delito imputado, describió que Galvarini era el responsable del depósito y que otro dueño era el también juzgado Jorge Gómez, importador y exportador que fue quien le propuso el negocio a Galvarini. Y respecto de Segovia, Lamboy indicó que lo llamaba "Nicolás Mario" y recordó que trabajó en Sadocks hasta que se peleó con Gómez. También señaló que la firma en cuestión nunca exportó mercadería propia dado que era un depósito fiscal.
El pasado 6 de noviembre la Corte Suprema de la Nación consideró inadmisibles las quejas de la defensa