La Corte Suprema de Justicia de la provincia sostuvo que todas las fiscalías que integran el Poder Judicial de la provincia proceden de la misma forma: no existe disparidad de criterios a la hora de impartir instrucciones en lo que tiene que ver con el asesoramiento de víctimas de ilícitos, cuyos aportes pueden resultar de gran importancia en el juzgamiento de acusados por delitos penales.
  El máximo tribunal de la provincia fijó esta posición a raíz de una nota publicada el lunes pasado en la página 32 de este diario que hacía referencia al Centro de Asistencia Judicial (CAJ). Se trata de un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, clave en el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, dado que ofrece asesoramiento a víctimas y propone formas de mediación para concluir pacíficamente conflictos comunitarios. Lo que refería el artículo es que mientras en Rosario diversas instituciones (como fiscalías) derivan hacia allí personas que precisan asesoramiento, en Santa Fe eso ocurre mucho menos. Y que en el CAJ la diferencia se interpretaba como un acto de desinformación o de resistencia para obstaculizar su funcionamiento.
  El asunto tiene interés público por esto último. El ministro de Justicia de Santa Fe, Héctor Superti, reitera hace dos años que existen trabas desde sectores institucionales para la puesta en marcha del juicio oral y público y sus órganos nuevos. El presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, rechaza enfáticamente tal objeción.

El planteo. En ese contexto la Suprema Corte de Santa Fe, a través de su oficina de Prensa, sostuvo que no existe disparidad de criterios a la hora de realizar instrucciones a la fiscalía para que las víctimas de delitos reciban asistencia.
  Planteó que por el acta acuerdo 50 en noviembre de 2009 la Corte dispuso la creación de las “Unidades de Información y Atención de Víctimas y Denunciantes del Ministerio Público Fiscal”, estableciendo, debido a limitaciones presupuestarias, que funcionen en las sedes de Rosario y Santa Fe. Estas funcionan con sendas “Unidades de Información y Atención de Víctimas y Denunciantes del Ministerio Público Fiscal”.
  “La creación de estas unidades tiene el propósito de asegurar los derechos de las víctimas garantizados constitucionalmente, en cuanto a las posibilidades de encontrar una adecuada respuesta institucional a sus conflictos, privilegiándose de este modo políticas de facilitación de acceso a la Justicia”, señala la Corte en su comunicado.
  De esta forma, indica el máximo tribunal, “se logra agilizar la recepción y valoración temprana de las denuncias que ingresan actualmente a las fiscalías, facilitando la aplicación de criterios de oportunidad y métodos alternativos de resolución de conflictos, que garantizan de esta manera el fortalecimiento de las relaciones entre la comunidad y el servicio de Justicia”.
  La Corte Suprema indica que estas oficinas funcionan en horario matutino y vespertino. Y que con ellas se brinda “mayor posibilidad a los fiscales para concentrarse específicamente en la labor investigativa y acusatoria, delegando en la unidad de mención la recepción de las denuncias en cuestiones que en algunos casos pueden ser resueltas con la aplicación de institutos alternativos, racionalizando el uso de los recursos y disminuyendo el tiempo de respuesta”.
  Los fiscales y sus colaboradores brindan asistencia e información tanto a víctimas como a denunciantes —dice la Corte— quienes optan por el camino a seguir. “Dentro de sus facultades tienen las de derivar a las reparticiones pertinentes (Centro de Asistencia Judicial (CAJ) entre otros) y propender a la aplicación temprana de criterios de oportunidad y métodos alternativos de resolución de conflictos”.
  La Corte Suprema sostiene que en el primer contacto entre víctima o denunciante con operadores del sistema de justicia los primeros “se encuentran con la debida cobertura técnica e informativa. En este encuentro, además, se entrega un folleto que el CAJ distribuye, y en el cual se dan a conocer los servicios que ofrece dicha entidad, adonde el ciudadano puede optar por concurrir”.
  Por último la conducción del Poder Judicial afirma que el funcionamiento de estas unidades de atención son una muestra del compromiso del sector con la transformación de la Justicia Penal de Santa Fe que, recuerdan desde allí, fue impulsada a través de un plan estratégico lanzado en 2006 con su participación.