Policiales

La causa por la muerte de "Pichón" Escobar pasó a la Justicia federal

Cambio de fuero. Una camarista admitió el pedido de los fiscales y los querellantes para que se investigue el hecho  como desaparición forzada de persona.

Martes 01 de Marzo de 2016

Luego de medio año de debate, la causa por la muerte de Gerardo "Pichón" Escobar finalmente pasará a la Justicia Federal para que se investigue como una desaparición forzada de persona. La camarista penal Georgina Depetris definió el nuevo rumbo ayer, tras analizar los argumentos de las partes en favor o en contra del traspaso de fuero. La jueza evaluó que en el nuevo sistema penal santafesino es la Fiscalía la que conduce la investigación y por lo tanto debe atenderse su pedido de cambio de competencia. Pero no hizo una valoración de las pruebas en las que se funda ese planteo, algo que dejó en manos del juez que intervenga a partir de ahora en los Tribunales de bulevar Oroño al 900.

Tras escuchar a las partes el viernes, en una audiencia de cuatro horas, la jueza convalidó la decisión que había tomado a fines de 2015 el juez de 1ª instancia Luis María Caterina. Cerró así una discusión iniciada en agosto, casi en las primeras horas de la pesquisa. Lo decisivo fue el giro de la Fiscalía provincial de homicidios: primero resistió el traspaso a la Justicia federal pedido por los familiares de la víctima, pero en noviembre se plegó a la propuesta. Lo hizo en base a nuevas pruebas que indicarían que Pichón fue trasladado a la comisaría 3ª tras ser golpeado frente al boliche La Tienda, siete días antes de que su cuerpo apareciera flotando en el río Paraná.

Depetris instó a que el envío a los Tribunales federales se realice de manera inmediata porque están pendientes pedidos de libertad de los cinco acusados: tres patovicas del boliche y dos policías que cubrían adicionales. El cambio de radicación los deja ante una diferencia de condena sustancial. La desaparición forzada de persona se pena con prisión perpetua cuando en el marco de la privación de la libertad resulta muerta la víctima. Y es un delito federal que supone la intervención de instituciones del Estado.

De todos modos, el escenario aún debe definirse. El magistrado federal que reciba el caso (por la fecha del hecho sería Marcelo Bailaque) debe realizar un análisis de admisibilidad de la causa. Si la rechaza, se generaría un conflicto de competencia a dirimir en la Corte nacional. Si la acepta, debe llamar a indagatoria a los acusados para reprocharles el nuevo delito y además decidir si siguen el proceso presos o en libertad.

Giro. La sospecha de la participación policial detrás de la muerte de "Pichón" se instaló desde el principio en la investigación. Escobar, de 23 años y empleado de Parques y Paseos de la Municipalidad, fue visto con vida por última vez a las 6.45 del 14 de agosto pasado en el boliche La Tienda, de Tucumán al 1100. Lo buscaron siete días hasta que su cuerpo fue hallado flotando en el río Paraná, a la altura de la zona franca de Bolivia.

A través de cámaras de vigilancia se determinó que, por causar disturbios a la salida del boliche, fue golpeado por un patovica en la esquina de Tucumán y Sarmiento. Allí se ve a un custodio darle patadas y arrastrarlo fuera del alcance de la cámara. Se desconoce qué ocurrió desde entonces hasta la caída del muchacho en el río, aunque la hipótesis de la Fiscalía es que habría sido trasladado a la comisaría 3ª y luego arrojado al agua.

Los detenidos. La causa de la muerte fue motivo de controversias. Un informe macroscópico no detectó agua en el estómago ni los pulmones de Escobar, lo que implica una posibilidad del 90 por ciento de que no haya muerto ahogado. Tampoco se hallaron algas propias de un ahogamiento en sangre y órganos. Por la evolución de un hematoma en las costillas se sabe que murió entre 4 a 6 horas después de recibir ese golpe.

Con el paso de los días fueron detenidos el patovica Cristian V., a quien en la filmación se ve golpear a Pichón y está acusado de homicidio; el efectivo del Comando Radioeléctrico Luis Alberto N., que cumplía un adicional legal en el boliche; el policía Maximiliano A., que estaba con licencia médica y trabajaba en La Tienda; y los patovicas José Luis C. y César A., todos sospechados de encubrimiento.

El primero en plantear el cambio de radicación fue el defensor general Gabriel Ganón. Luego lo intentaron los abogados querellantes Guillermo Campana y Gustavo Vera, pero entonces el reclamo no prosperó. Los fiscales Marisol Fabbro y Rafael Coria (en la audiencia del viernes los suplieron Adrián Spelta y Miguel Moreno) al principio se opusieron, pero en noviembre cambiaron su postura en base a nuevas evidencias. Señalaron que a Pichón lo trasladaron en un patrullero a la comisaría 3ª de Dorrego al 100, donde dos de los cuatro móviles de la seccional no tenían GPS y no puede rastrearse su recorrido. Además, allí no fue registrado en la guardia.

En base al testimonio de un vecino del boliche aludieron a una connivencia entre vecinos, policías, patovicas y propietarios del bar. También se basaron en el testimonio de una pareja que en 2012 fue maltratada en el bar y terminó en la 3ª, lo que según otro testigo de identidad reservada era una "práctica usual". Por último, consignaron los dichos de un preso que esa noche vio ingresar a un joven al que no alojaron en el penal transitorio y que después escuchó gritos.

Por qué se va. Las razones por las que Depetris autorizó la intervención de la Justicia federal son técnicas. Evaluó que la causa "dista mucho de haber arribado" a la instancia de juicio. "Por el contrario, aún cuando ya lleve seis meses EM_DASHgran parte de ese tiempo discutiéndose lo que aquí nos ocupaEM_DASH la misma se encuentra en la etapa inicial de la investigación", matizó.

Su argumento central es que a la hora de evaluar la competencia los jueces deben atender a la pretensión de la Fiscalía por ser el órgano que investiga. En este caso, al planteo de incompetencia se sumaron los abogados querellantes que representan a la hermana de Pichón. La jueza dijo que en la hipótesis de la acusación se "verifica el requisito típico de la aquiescencia del Estado" en la desaparición de Pichón. Pero aclaró que ésta no es la instancia para valorar si las pruebas que sostienen esa teoría son suficientes: "Será el juez competente, en el momento procesal oportuno, quien decida si se encuentran reunidos los elementos de convicción". Y, en ese punto, deslizó que si bien el encuadre de desaparición forzada tiene más pena "también exige mayor cantidad de extremos a probar".

Decisión que "agrava la posición de los imputados"

Para evitar el traspaso al fuero federal los abogados de los cinco detenidos aún pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara Penal, algo que los letrados evalúan por estas horas. Sólo si eso prosperara —lo que parece bastante improbable— se suspendería el traslado. Si los jueces rechazan el planteo y ellos acuden en queja a la Corte Suprema provincial, el traspaso a los Tribunales de bulevar Oroño se concretaría de todos modos.

"Esta resolución agrava la situación de nuestros representados sin ningún tipo de evidencia que lo sustente", cuestionó el abogado Ignacio Carbone, quien representa a dos patovicas acusados de encubrimiento.

Y agregó: "Estamos evaluando los pasos a seguir. Podemos recurrir ante la Corte. Pero también analizamos la posibilidad de ir a una Justicia que no esté tan contaminada con esta causa".

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