La abogada sospechada de haber realizado maniobras fraudulentas en juicios civiles, que fue detenida el pasado lunes, hoy quedó en libertad con una serie de condiciones, luego de la audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal que comenzó ayer y se extendió hasta casi esta noche.
Así lo determinó la jueza Hebe Marcogliese, quien entre las condiciones para no dictarle la prisión preventiva determinó que no se aparte de su domicilio, su presencia para suscribir la firma cada 15 días y una fianza que fue fijada en 350 mil pesos.
El hecho se conoció el martes, luego de que trascendiera que el estudio jurídico y el domicilio particular de la abogada habían sido allanados el pasado lunes por la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de nueve procedimientos.
Según indicaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación a La Capital, la abogada Sandra M. fue imputada por 21 hechos que habrían comenzado alrededor de 2015 en distintos juzgados civiles de los Tribunales Provinciales de Rosario.
"Fue una audiencia en que le imputaron diversos hechos relacionados con estafas procesales en juicios civiles, son 21 21 casos, de los cuales en el descargo nosotros planteamos la prescripción de la mayoría de ellos, quedando de ahora en más una incidencia si están subsistente la persecución que está llevando adelante el fiscal", señaló Claudio Puccinelli, abogado defensor de la acusada, a Canal 3.
Lo otro a dilucidar en la audiencia era si la acusada recibía prisión preventiva o quedaba en libertad, y el Tribunal resolvió que "quede en libertad con una serie de condiciones, como no apartarse de su domicilio, suscribir su presencia cada 15 días y una fianza que se fijó en 350 mil pesos".
Por su parte, el otro abogado defensor, Alejandro Parolo, señaló que "la investigación va a seguir su curso", al tiempo que sentenció que "la mayoría de los casos fueron entre 2010 y 2012 y en la mayoría de los casos los expedientes están paralizado por diferentes motivos".
La abogada habría incurrido en los delitos de falsedad ideológica de documentos de compraventa y sellado fiscal, más otros hechos de defraudación, como falsificación de actas.