Policiales

Investigarán el trámite judicial por el que "Ema Pimpi" obtuvo prisión domiciliaria

La Auditoría del MPA indagará el motivo de ese beneficio a un acusado de intentar un triple crimen y condenado por atentar contra la casa de Bonfatti.

Miércoles 06 de Noviembre de 2019

¿Cómo fue que "Ema Pimpi" Sandoval, un hombre que estaba acusado de intentar un triple homicidio durante 2017, estaba en un vivienda particular cuando hace dos semanas lo asesinaron a tiros junto a otras dos personas? Para responder esa pregunta la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) abrió una investigación. Buscan establecer si el fiscal que intervino en el caso se ajustó a las reglas que regulan la prisión domiciliaria que, de todas maneras, fue dispuesta por un juez.

La auditoría implica un ánimo de control del desempeño y no un acto disciplinario porque es posible que se corrobore que el fiscal haya actuado, como lo alega, conforme a la legalidad y las órdenes superiores. Pero la auditora general del MPA plantea esta pesquisa como un caso testigo dada la trascendencia institucional de un hecho que pone en foco la imagen de los fiscales. El propósito, según fuentes del MPA, es mejorar las prácticas del organismo y advertir que los fiscales deben admitir domiciliarias si se dan las excepciones legales fijadas.

El beneficiario

Esto se debe no solo a la resonancia del asesinato de "Ema Pimpi" Sandoval sino también a la dimensión de su imagen pública. Era un hombre que aceptó su responsabilidad de instigar en 2013 el ataque a tiros contra la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti, por lo que recibió una condena a dos años y medio de prisión. Y que hasta su crimen estaba imputado por un triple homicidio que quedó en intento. Para más estrépito, la casa donde mataron a Sandoval pertenece al juez civil Oscar Puccinelli, quien la había alquilado a una tercera persona que alojaba a "Ema Pimpi".

La auditora del MPA, María Cecilia Vranicich, abrió el estudio de este caso a raíz de las publicaciones en dos medios, entre ellos una de La Capital, que consignaban la muerte violenta en una casa de La Florida de "Ema Pimpi", donde estaba en detención provisoria por triple homicidio doloso en grado de tentativa. La auditora indica que la investigación de estos hechos estaba a cargo del fiscal Adrián Spelta, que además tenía el legajo de la detención domiciliaria que cumplía Sandoval.

Para la auditora, este caso es un trampolín como mecanismo de control general de las prisiones domiciliarias que pueden ser concedidas de manera muy excepcional. En febrero de 2018 hubo un cambio en el Código Penal que volvió muy restrictiva la posibilidad de cumplir prisión en un domicilio: solamente la permite cuando la persona esté enferma sin poder tratarse en un ámbito carcelario, cuando padezca una enfermedad incurable, cuando tenga una discapacidad específica, cuando tenga más de 70 años o sea una mujer embarazada.

En ese sentido, en agosto de 2018 hubo una instrucción específica del Fiscal General de la provincia, Jorge Baclini, ordenando a los fiscales no acordar domiciliarias por fuera de esas excepciones.

Balazos contra tres

"Ema Pimpi" Sandoval cumplió su condena como ideólogo del atentado contra Bonfatti pero era tenido por organismos de persecución, policía provincial y el Ministerio de Seguridad como implicado en el comercio de drogas en la zona norte. En junio de 2017 fue imputado junto a su hermano Lucas Sandoval por intentar matar a balazos a tres personas que tuvieron una disputa tras una transacción fallida en un quiosco de drogas. Cuando no regía la orden de Baclini, el fiscal Spelta acordó con el abogado Fausto Yrure una detención domiciliaria en un departamento de Barrio Rucci para los hermanos Sandoval, con la colocación de una pulsera electrónica, algo que autorizó el juez Hernán Postma. Eso fue en junio de 2018. Un mes antes el juez Mariano Alliau, por cambios en la teoría del caso, les había dado prisión preventiva por 30 días.

Spelta señaló que había aceptado la prisión domiciliaria porque la prueba que vinculaba a los hermanos Sandoval necesitaba ser reforzada con nueva evidencia de cargo. Desde el mismo MPA se señaló que si la evidencia no era sólida, el fiscal debió abstenerse de imputar o archivar el caso. Sin embargo Spelta dijo que la prórroga de prisión preventiva por 30 días hace notar que la prueba hasta entonces era frágil pero que a la vez le permitía a la acusación, legítimamente, tener abierto el caso para buscar más evidencia, para lo que tenía buena perspectivas.

Domiciliaria no, en una casa sí

El 10 de abril de este año se llegó a otra audiencia donde el defensor Yrure pidió el cambio de la prisión atenuada hacia un domicilio de Pago Largo 654 alegando que a "Ema Pimpi" le exigían abandonar el departamento de Barrio Rucci. El fiscal Spelta se negó porque no había en el nuevo domicilio cámaras conectadas al 911, las que sí había en el anterior y permitían el monitoreo del acusado. El defensor se ofreció a que fueran instaladas a costo de su cliente en el nuevo lugar y remarcó que éste no incurrió en ninguna inconducta y no tenía sentido poner fin al beneficio de la domiciliaria.

Spelta dijo entonces que se opondría a una domiciliaria porque para entonces ya tenía la instrucción del Fiscal General que la impedía. Pero sí aceptó mantener al detenido en un ámbito controlado por tobillera electrónica dado que la ley lo permite. Ese ámbito no era otra cosa que una casa. El juez Gustavo Pérez de Urrechu, a pedido de la defensa, autorizó el cambio a la vivienda de Pago Largo bajo la condición de que se certificaran las condiciones técnicas y ambientales del nuevo lugar.

Más allá de la denominación legal distinta, lo que entiende en principio la Auditoría es que a "Ema Pimpi" se lo cambió de un domicilio a otro. Por consiguiente la detención domiciliaria persistió en los hechos.

Estando bajo prisión preventiva en el domicilio de Pago Largo 654, el viernes 25 de octubre allí lo encontraron las personas armadas que irrumpieron en la casa tras desconectar las cámaras de vigilancia. Entonces los intrusos asesinaron a tiros a "Ema Pimpi", a Mirco Saldaño y a Rocío Genovese.

Un gran debate

El tema generó un debate tan intenso como sordo en otros órganos de la Justicia, como la Corte Suprema y la Cámara Penal, que sus miembros no dieron en público.

A "Ema Pimpi" lo mataron bajo prisión preventiva domiciliaria en una casa que fue alquilada por Matías Lange, de 24 años e hijo de un empresario de radio taxi, al camarista civil Puccinelli y donde Sandoval había montado un estudio de grabación en el cula llegó a filmar un videoclip con Charlote Caniggia.

El hermano del dueño de la vivienda, Claudio Puccinelli, quienes no tiene diálogo hace más de 20 años, fue casualmente el abogado de Bonfatti en la causa del atentado a su vivienda de 2013.

Para reunir información, la Auditoría pedirá informes, compulsará los legajos en cuestión y realizará entrevistas individuales. Esto es un mecanismo preventivo que tiene como fin, según sus impulsores, que no se concedan domiciliarias por fuera de la ley. E indicar, si las hubiera, responsabilidades específicas, que pueden ser también de defensa o juez, aunque la auditoría del MPA solo evalúa el desempeño de los fiscales. También se analiza si pudo haber una falta de visión institucional, más allá de lo que la estricta legalidad permite, sobre quien pide una domiciliaria. En este caso un hombre que aceptó ser ideólogo del atentado a un gobernador y que tras cumplir su pena estaba, sí que con prueba insuficiente, acusado de intentar matar a tres personas en un caso con trasfondo de narcotráfico.

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