¿Desidia, encubrimiento o connivencia? Eso intenta develar un fiscal federal que investiga el tráfico de estupefacientes en el departamento Belgrano y la presunta responsabilidad que les cabe en ese negocio a las máximas autoridades de la Unidad Regional III, con asiento en Las Rosas. La pesquisa surgió de testimonios por las actuaciones hechas por el crimen de una adolescente, ocurrido en junio de 2008, que describen cómo se trafica droga en esa zona de la provincia. Los policías cuestionados no dieron cuenta de eso a la ex Dirección de Drogas Peligrosas de la provincia ni a la Justicia federal, con competencia en delitos ligados al narcotráfico.

El tema emergió el 14 de junio de 2008 cuando Bárbara Simon, de 17 años, fue asesinada de una puñalada en el cuello mientras caminaba hacia su casa en el centro de Las Parejas. Por el crimen fue apresado poco después el jornalero Antonio Gustavo Mendoza, a quien el juez de Instrucción Jesús Rizzardi procesó por homicidio simple agravado por la alevosía en concurso con robo, ya que a la menor le faltó algo de plata y el teléfono celular.

Los padres de Bárbara organizaron varias marchas en reclamo de justicia. Y en cada una hubo voces que pedían "orientar la investigación hacia los expendedores de drogas que operan con total impunidad" en esa ciudad del departamento Belgrano. Allegados a la chica decían que el crimen podría ligarse al comercio ilegal de estupefacientes y la "apabullante" escalada del consumo de drogas de los jóvenes de la ciudad.

Durante los primeros días de la investigación del crimen, en la comisaría de Las Parejas se tomaron cuantiosas declaraciones. En todas estuvo presente el tema de la droga, con pormenores de dónde y a quién le compraban marihuana y cocaína (ver aparte) los indagados, quienes además dieron a entender los vínculos que el ahora procesado Mendoza tenía con los narcos de la ciudad.

Sin embargo, las autoridades de la comisaría y sus superiores de la Unidad Regional III, notificados de esas novedades, nunca dieron cuenta de ellas a sus pares de la ex Drogas Peligrosas o a la Justicia federal. "Lo que marca el reglamento es que, ante cualquier hecho en el que actúe la fuerza y se comprueben indicios de temas relacionados a la droga, hay que informar a los funcionarios con autoridad en ese área porque si no incurriría en incumplimiento de deberes", recordó una destacada fuente conocedora del tema.

Fue recién el 8 de julio del año pasado (22 días después del crimen) y ante los constantes reclamos de vecinos de Las Parejas que el responsable de la Brigada Operativa de Drogas del departamento Belgrano, subcomisario Edgardo Santillán, solicitó de oficio al jefe de la URIII, comisario mayor Norberto Duclo, que le informe si "en las actuaciones sumarias de rigor han surgido indicios o circunstancias que puedan relacionarse con transgresiones tipificadas a la ley" de drogas.

Quien respondió dos días más tarde fue el oficial principal Armando Chamorro, a cargo de la comisaría de Las Parejas. Admitió por nota que efectivamente "algunas de las personas a las que se le recibieron declaración hicieron mención de circunstancias que pueden relacionarse con transgresiones a la ley" de drogas. Aunque aclaró que, debido a la gravedad del hecho investigado (el homicidio), el expediente lo elevó "de inmediato" al juez Jesús Rizzardi y éste aún no había dado orden para profundizar la pesquisa en torno a ese tema.

Los investigadores no pasaron por alto la llamativa forma en que los conductores de la URIII, Norberto Duclo y José Luis Gerominez, contestaron a la demanda que le había hecho la gente de Drogas. Con notas fechadas el 8 de agosto de 2008, a casi dos meses del crimen, sostuvieron que en la marcha realizada tras el homicidio, "representantes de la familia Simon achacan que la causa del asesinato estaba ligado a la droga y al tráfico de drogas". Para sustentar esa afirmación, acompañaron la crónica publicada por LaCapital ese mismo día referida a la marcha. Es decir, que los altos oficiales de la zona supieron de lo que ocurría a través de este diario.

Recién un mes después del asesinato de Bárbara la Brigada Operativa de Drogas de Belgrano elevó a la Justicia federal de Rosario lo que estaba ocurriendo y solicitó directivas del magistrado en turno, Marcelo Bailaque. Trascartón, el juez remitió la nota al fiscal Marcelo Digiovanni, quien investiga ahora el mercado de drogas en el ese departamento. Además, el fiscal analiza por qué los jefes policiales de la URIII obviaron investigar ese aspecto en torno al crimen.