Un grupo de policías que prestan servicio en la alcaldía de la Unidad Regional VIII en Melincué, cabecera del departamento General López, habían puesto en funcionamiento un negocio para llevarle droga a parte de la población carcelaria. Según una investigación en manos de la fiscal federal de Venado Tuerto Javier Arzubi Calvo, los presos compraban el estupefaciente por teléfono a transeros de Venado Tuerto y los policías en patrulleros esperaban la mercancía en el cruce de las rutas 90 y 93 para luego ingresarlo en un patrullero al penal para que los detenidos la repartieran. Por esa mediación los policías cobraban por el servicio de cadetería que realizan con móviles oficiales.
Sobre esa hipótesis de investigación el fiscal federal Javier Arzubi Calvo ordenó al menos cinco allanamientos, entre ellos la propia alcaída de la jefatura de Melincué, ubicada a 120 kilómetros al suroeste de Rosario. Según trascendió de fuentes allegadas a la pesquisa en dos casilleros asignados a los policías en la sede policial secuestraron marihuana fraccionada. Y en la casa de otro de los uniformados, una planta de cannabis. A los seis efectivos que quedaron bajo la lupa, entre ellos el jefe de la alcaidía, se les abrió causa por infracción a la ley de drogas y si bien se encuentran en libertad serán indagados en las próximas horas.
Por segunda vez en lo que va del año, la alcaidía de Melincué es blanco de un allanamiento en una causa ligada a la narcocriminalidad. En junio efectivos de Gendarmería Nacional realizaron 15 allanamientos (uno de ellos en los calabozos de ese presidio y otro en el partido bonaerense de José C. Paz) que tenían como objetivo los movimientos de dos reclusos alojados en Melincué. Según esa investigación los detenidos organizaban desde sus celdas operaciones de venta de drogas que llegaba desde la provincia de Buenos Aires a Venado Tuerto por diferentes caminos secundarios y corredores viales. Además de los dos presos (uno señalado como jefe de la banda), otras seis personas fueron detenidas.
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A partir del 18 de marzo, cuando se decretó la suspensión de las visitas en las cárceles del país, se generó un escenario poco ideal para el sistema carcelario. La ausencia de visitas a los penales sumado a la cuarentena y el distanciamiento social obligatorio por el Covid-19 generó una carencia de ingreso de drogas en los lugares de detención, la disminución del estupefaciente circulante y las crisis de abstinencia. Fue a partir de eso que el fiscal Javier Arzubi Calvo comenzó a cruzar información de diferentes causas en trámite que lo llevaron a ordenar ordenar una serie de allanamientos que se desarrollaron este miércoles entre las 6.20 y las 6.30 de la mañana. El más rimbombante en las entrañas de alcaldía de la jefatura de policía de la UR VIII. El objetivo era el jefe del penal y otros cinco efectivos de la policía santafesina que prestaban servicios allí.
Los allanamientos gestionados por Arzubi Calvo fueron refrendados por el juez Federal de Venado Tuerto Aurelio Cuello Murúa y la investigación sobre el terreno quedó en manos de los agentes antinarcóticos de la UR VIII y la Agencia de Investigación Criminal (AIC). La caratula del expediente por el momento quedó como "sumario de averiguación sobre infracción a la ley 23.737".
En la alcaidía, en los casilleros de dos empleado, se encontraron dos envoltorios con 6 gramos de marihuana uno y 66 gramos el otro. También se secuestraron cuatro celulares, una notebook, un CPU, el libro de memorándum de la guardia y un equipo DVR (Digital Video Recorder) con imágenes de la cámara de videovigilancia del edificio. Allí fueron demorados los oficiales Hugo Guido V. y Ramiro Hugo D.P., a quienes se les abrió causa por infracción a ley de drogas. Ambos recuperaron la libertad y les restituyeron sus armas reglamentarias y credenciales.
En paralelo fue allanada la casa el empleado policial Claudio Alejandro B., en la localidad de Díaz, donde se incautaron cuatro celulares, un CPU, una notebook, dinero en efectivo, una pistola 9 milímetros Bersa Thunder con numeración y 14 municiones en su cargador. En Moreno al 700 de Fortín Olmos fue allanada la casa del policía José R., a quien le secuestraron una carabina calibre 22 con numeración, un revólver calibre 22, una pistola 9 milímetros marca Taurus con numeración, tres celulares, una notebook, 50 proyectiles calibre 22 y dinero en efectivo. Asimismo, en una casa de Gaboto al 2800 de Santa Fe fue allanada la casa del policía Juan Carlos A., a quien se le incautó su celular.
Finalmente, en Misiones al 7200 de Santa Fe fue inspeccionada judicialmente la vivienda del policía Jorge Alberto P., a quien se le incautaron dos bolsitas con 4 gramos de marihuana y dos plantas de cannabis sativa. Fuentes consultadas explicaron que “todas las personas imputadas sujetas a la causa serán indagadas en los próximos días por video conferencia”.
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La investigación que derivó en los allanamientos de ayer se motorizó a partir de escuchas telefónicas ordenadas en varias causas que investiga el fiscal Arzubi Calvo en las que quedaba evidenciada la carencia de droga en la alcaidía y la necesidad de reparar esa circunstancia. Y, según la acusación, la reparación quedó en manos de un grupo de policías que prestaban servicios en el penal, quienes comenzaron a ingresar la droga mediante el mecanismo que los propios internos denomina “la colada”. Este sistema está regulado en distintas tarifas que dependen del estupefaciente (marihuana o cocaína) y la cantidad que se ingresa. La evidencia con la que cuenta el fiscal lleva a inferir que la droga era adquirida telefónicamente por los detenidos a transeros de Venado Tuerto. La mercancía era luego transportada a través de remises al cruce de las rutas 90 y 93 donde aguardaban móviles policiales para ingresarlos al penal.
Según las escuchas en manos del fiscal los propios detenidos dialogaban con sus familiares y otros detenidos en distintas cárceles sobre las tarifas que el personal cobraba por el ingreso de teléfonos, el alojamiento en distintos pabellones y la permanencia en dichos lugares de detención. Los precios oscilaban entre los 700 y los 10 mil pesos.
Uno de los expedientes que motorizó la causa se abrió a partir de la detención por parte de efectivos de la ex Brigada Antinarcóticos VIII de dos personas que circulaban a bordo de un remís, quienes transportaban únicamente una caja de cartón que contenía una bolsa de galletitas abierta. Dentro de la bolsa había tres envoltorios con cocaína, dos con marihuana y la suma de 3.300 pesos. Y algunas galletitas. Tras ser revisado el vehículo los apresados contaron que el destino del viaje era el cruce de rutas provinciales 90 y 93, en inmediaciones de Melincué, donde debían encontrarse con un móvil de policial. La transacción finalizaba con la entrega de la bolsa de galletitas.
Uno de los detenidos era un policía retirado. Fuentes consultadas contaron que, a partir de las escuchas telefónicas ordenadas en la propia causa, se tomó conocimiento de las numerosas oportunidades en las que se procedía al secuestro de estupefacientes a los internos sin dar conocimiento a la Justicia Federal.
