Policiales

Investigan a otro policía de Villa Cañás por proteger a un supuesto narco

Se trata del agente Gregorio Velázquez, quien es cuñado de Carlos Ascaíni, procesado por comercializar drogas, en el marco del caso Tognoli. Vera Barros tuvo 15 días preso al comisario general.

Domingo 09 de Diciembre de 2012

Después de haber procesado a dos policías por ser parte de una cadena de protección a un vecino de Villa Cañás acusado de comercializar estupefacientes y dictarle la falta de mérito al ex jefe de la fuerza provincial, comisario Hugo Tognoli, el juez federal Carlos Vera Barros puso sus ojos sobre otro uniformado que durante varios años trabajó en la comisaría de esa población y que podría estar vinculado a la causa. El hombre observado no es un policía más, sino el cuñado del supuesto narco protegido. Se trata de Gregorio Velázquez, quien egresó de la ex escuela de cadetes de la policía provincial en diciembre de 1998 tras hacer el curso para agentes que en aquel momento sólo se extendía por tres meses y que tuvo como primer destino la comisaría de Villa Cañás, localidad de la cual es oriundo y en la que vive su familia. Entre sus parientes se encuentra Carlos Andrés Ascaíni, el supuesto narco que contaba con protección policial para llevar adelante sus negocios ilícitos y que está casado con una hermana del uniformado.

Ante ese lazo de parentesco, y en el marco de la investigación que lleva adelante, el juez Vera Barros elevó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad de la provincia para que se le diga dónde y en qué períodos cumplió funciones Velázquez. Es que el magistrado entiende que ese vínculo familiar puede hacerlo pasible de sospecha en la cadena de encubrimientos de la que gozaba el  supuesto narco. En ese sentido, desde distintas fuentes La Capital pudo saber antes de que el informe llegue al despacho del juez, que cuando desde la comisaría de Villa Cañás se alertó a Ascaíni que los dos autos que lo seguían eran vehículos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, su cuñado trabajaba en esa dependencia. Lo mismo que cuando los agentes de la fuerza de seguridad nacional allanaron su domicilio y sólo hallaron un mate caliente y recién cebado pero a ninguna persona. De acuerdo a la foja de servicios, Velázquez se desempeñó en la comisaría de Villa Cañás desde su egreso de la escuela de cadetes, en diciembre de 1998 hasta el mismo mes de 2008. Entonces fue trasladado a la seccional de Teodelina, también dependiente de la Unidad Regional VIII de policía, para volver a Villa Cañás en abril de 2010.

Allí estuvo hasta mayo de 2011, cuando empezó a prestar servicios en la comisaría de Sancti Spíritu, donde trabaja hasta la actualidad. Ese ir y venir de Velázquez por comisarías del sur provincial significa que en mayo de 2010, cuando Ascaíni presentó ante la Justicia el hábeas corpus tras saber que sobre sus pasos estaba la PSA, su cuñado cumplía funciones en la comisaría del pueblo. Lo mismo que cuando los agentes de esa fuerza lo fueron a buscar a su casa y no lo hallaron. Un dato no menor para el juez de la causa en su intento de reconstruir la cadena de protección y encubrimiento de la que habría gozado el supuesto narco.

Paso a paso. La causa por la cual el juez Carlos Vera Barros mantuvo 15 días preso al comisario general Hugo Tognoli y por la que ahora investiga al agente Gregorio Velázquez salió a la luz el pasado viernes 19 de octubre. Entonces el diario Página/12 dio a conocer una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la cual se acusaba a altos jefes policiales de Santa Fe de brindarle protección a Carlos Andrés Ascaíni, un hombre imputado de comercializar estupefacientes en el sur provincial. Según esa publicación, el jefe de los encubridores no era otro que el propio Tognoli, quien desde diciembre de 2010 era el máximo responsable de la fuerza y que durante los cuatro años anteriores había comandado la Dirección de Control y Prevención de Adicciones, es decir la ex Drogas Peligrosas.
Como pruebas escenciales de la acusación aparecían dos elementos: el intercambio de mensajes vía teléfono celular entre un comisario mayor y una mujer vinculada a la trata de personas que pedía asesoramiento para vender cocaína en su local y que recibe como respuesta que debe pagarle 30 mil pesos a Tognoli y comprar al abastecedor Carlos Ascaíni; y el pedido que el propio Ascaíni le hizo a la policía de Villa Cañás en noviembre de 2009 para que le informen de quién eran los dos autos que lo perseguían y ponían “en peligro” su integridad y la de su familia. Respecto a esta última situación, los elementos y testimonios que se fueron recabando en la causa le permitieron al juez Carlos Vera Barros determinar que quien recibió el pedido de ayuda de Ascaíni en la comisaría de Villa Cañás había sido el suboficial Carlos Alfredo Quintana, quien fue procesado esta semana.

“Esa solicitud no debió ser atendida, más aún tratándose de una persona sospechada de vinculación con actividades de narcotráfico, y para revelarle que se trataba de vehículos de fuerzas de seguridad” los que estaban tras sus pasos, sostuvo el magistrado en el fallo. En tanto, la averiguación concreta de a quien pertenecían esos vehículos el juez se la imputó al comisario Néstor Fernández, quien hasta el mes pasado fue jefe de la comisaría 2ª de Rosario pero que al momento de los hechos investigados se desempeñaba como jefe de la Brigada de Drogas Peligrosas de la Unidad Regional VIII, con jurisdicción sobre Villa Cañás. Es que según la documentación que obra en el expediente, ese oficial era el titular y usuario de la clave “segu210183”, emitida por el Registro Nacional de Propiedad Automotor a nombre de la Dirección de Control y Prevención de Adicciones de la policía santafesina que entonces comandaba Tognoli pero asignada en forma personal a Fernández, quien también fue procesado esta semana. Además, el juez cuenta con una escucha telefónica en la que Ascaíni hace mención a un tal Beto a quien alude como “el jefe”. Y el apodo con el cual se conoce a Fernández, quein en noviembre de 2009 era jefe de la Brigada Operativa VIII de Drogas en Venado Tuerto, es Beto.

Quién le avisó. Hay algo llamativo en la sucesión de hechos y fechas que despierta la inquietud de los investigadores judiciales. En noviembre de 2009 Ascaíni se vio perseguido por dos autos (un Fiat Fiorino y una camioneta Isuzu) y demandó a la comisaría del pueblo donde vive saber a quien pertenecían. En ese momento el agente Velázquez, cuñado del sospechado narco, se encontraba cumpliendo funciones en la localidad de Teodelina aunque residía junto a su familia en Villa Cañás. Pero Velázquez regresó en abril de 2010 a la seccional de Villa Cañás y un mes más tarde, casualmente, Ascaíni presentó en el juzgado federal número 4, a cargo de Marcelo Bailaque, un habeas corpus al sentir que él y su famiila estaban en peligro. Fue recién el 2 de junio de ese año cuando la PSA allanó el domicilio del hombre que tenían bajo la lupa. Ese día, en la casa de Ascaíni, sólo encontraron un mate caliente y a medio cebar. Quien lo estaba tomando se había ido minutos antes y para la Justicia fue porque alguien le avisó que iban a buscarlo. En la comisaría del pueblo, entonces, estaba su cuñado.

El hombre que mira de afuera

Carlos Andrés Ascaíni tiene 37 años y en mayo de este año fue apresado en cercanías de Villa Cañás cuando transportaba 1,2 kilo de cocaína. Por ese procedimiento cargado de supuestas irregularidades, y a pesar de que las pericias de laboratorio arrojaron que lo secuestrado era un 4% de droga mezclada con azúcar, el hombre fue procesado. Tras pasar seis meses tras las rejas, recuperó la libertad en los primeros días de noviembre.

Un cambio de fiscal y varias observaciones

Si a la causa que investiga la supuesta protección policial a Carlos Ascaíni le faltaba algo para hacerla enredada, la semana que termina tuvo condimentos suficientes para ello. En primer lugar la  Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, decidió apartar de su rol de fiscal subrogante a Liliana Bettiolo después de que se desempeñara como acusadora en el expediente y la reemplazó por Juan Murray, quien venía cumpliendo funciones en la Justicia federal con asiento en San Nicolás. Los motivos del apartamiento de Bettiolo fueron, entre otros, que no había informado que pediría la captura del comisario Hugo Tognoli habiendo una orden al respecto y que la funcionaria no había apelado la falta de mérito al jefe policial siendo que al acusar sostuvo que había pruebas para procesarlo. Además, la defensa del comisario Néstor Fernández, a cargo del abogado José Luis Vázquez, recusó al juez Carlos Vera Barros al considerar que adelantó opinión, implicó a su cliente sin evidencia en un delito grave y creó situaciones irreales para fundamentar el procesamiento del comisario.

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