Policiales

Intimidaciones contra una jueza que denunció a abogados caranchos

Los ataques consisten en al menos seis detonaciones de bombas de estruendo que han llegado a romper vidrios de la casa de magistrada

Domingo 16 de Febrero de 2020

Una secuencia de inusuales ataques intimidatorios contra el domicilio de una jueza civil que se registran hace dos meses es objeto de la investigación de dos fiscales diferentes en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario. Los ataques consisten en la detonación de bombas de estruendo de alto poder que llegaron, en los últimos casos, a romper vidrios en la vivienda de la magistrada. Y que motivaron la asignación de una custodia policial fija para la damnificada impuesta desde el programa provincial de protección de testigos. Aunque los motivos del ataque no están formalmente precisados ni tampoco fueron identificados los autores, la principal sospecha que guía la pesquisa de los investigadores se relaciona con una denuncia contra un estudio de abogados que la jueza formuló luego de haber detectado maniobras evidentes en expedientes abiertos por daños y perjuicios en causas por cobro de dinero en accidentes de tránsito.

La jueza que está padeciendo esta extraña acechanza, que el MPA toma como un caso de violencia institucional, integra un tribunal extracontractual colegiado, es decir compuesto por tres jueces. Pero fue ella quien detectó la maniobra presunta del grupo de abogados y que los tres jueces del tribunal denunciaron en el MPA en diciembre.

Una semana después de realizar esa denuncia, que recayó en una fiscalía de flagrancia, comenzaron los bombazos a la madrugada, tan estruendosos como para sacar de su sueño a toda esa cuadra, en inmediaciones del parque Independencia. Hasta anoche se habían contado seis hechos, la mayoría ocurridos durante el mes de enero.

Supertestigo

Sucedió que en una audiencia por un accidente de tránsito, la jueza en cuestión descubrió que un testigo de apellido Lema había aparecido como testigo en un caso examinado el día anterior. Curiosamente el mismo hombre había sido espectador espontáneo de accidentes en dos expedientes distintos donde se buscaba la indemnización por daños de una compañía de seguros. Además, los demandantes tenían como asesores al mismo estudio jurídico.

"Qué casualidad, doctor, que la persona que atestigua este accidente ya estuvo ayer aquí como testigo de otro accidente", le señaló la jueza al abogado del demandante. "Yo no sé nada, no fui yo quien inició el caso doctora, no sé qué decirle", balbuceó el profesional puesto al desnudo en un accionar que es uno de los ardides más extendidos en las prácticas de los abogados caranchos.

Los tres jueces denunciaron al MPA al estudio jurídico integrado por ocho abogados que están nombrados en la denuncia. Indicaron allí el nombre del mismo testigo ofrecido en diferentes causas en trámites de daños y perjuicios, las que también fueron detalladas, expediente por expediente.

El polifuncional Enrique

En la denuncia se advertía también a la fiscalía que un hombre llamado Enrique D. figuraba como autorizado a intervenir por el señalado estudio jurídico en el diligenciamiento de determinados oficios antes el juzgado, pero que al mismo tiempo era ofrecido por el mismo estudio como testigo de varios trámites por accidentes de tránsito, también consignados en la denuncia por número de expediente. El colmo es que este Enrique D. figura en otro expediente, él mismo como demandante por un daño en un accidente.

A la vez, el 3 de febrero pasado jueces de otro tribunal dedicado a resolver demandas por daños denunció ante el MPA a Enrique D. por hacer lo mismo: autorizado para diligenciar oficios por el estudio jurídico en cuestión a la vez que actor o demandante por haber sufrido un accidente de tránsito en el que se reclama una compensación por haber sido víctima. Este tribunal también consignó los nombres de todos los abogados que integran este estudio jurídico observados por esta práctica opaca.

Armas para arreglar

Al investigar las maniobras con los testigos queda claro que los testigos ofrecidos fueron desistidos porque las partes terminaban cerrando un acuerdo extrajudicial. Sin embargo para los investigadores la exhibición de un testigo en la audiencia inicial era una especie de mostrar armas probatorias para forzar un arreglo de cobro más rápido con la compañía de seguro demandada, lo que implica para ella una economía de tiempo y también material, dado que los acuerdos extrajudiciales se cierran por menos dinero de lo que se acuerda en un trámite regular, en el que muchas veces el demandado termina pagando.

No hubo inicialmente necesidad de allanamiento al estudio jurídico porque la prueba de que presentaron en distintos expedientes al mismo testigo surge de los mismos legajos que están en los dos tribunales extracontractuales. El viernes allanaron el domicilio de Lema, el testigo que había sido presentado más de una vez.

Cuando uno de los abogados del estudio denunciado tuvo que justificar por qué tenía en dos accidentes distintos el mismo testigo, el letrado gambeteó la pregunta. Dijo que nada sabía del testigo porque se lo había propuesto el actor del hecho, es decir la misma persona que había sufrido el accidente supuesto.

Convocaron entonces a la víctima del hecho y le preguntaron cómo había obtenido el testigo y cómo se lo había facilitado al abogado que lo representaba. "Nunca conocí a ese testigo, no sé quién es y de dónde salió", figura en la respuesta asentada en el legajo del fiscal interviniente.

Más que una hipótesis

El caso de las maniobras que implican estafas procesales para cobrar dinero con falsos testigos es investigada por el fiscal de Investigación y Juicio Mariano Ríos. A la vez la seguidilla de atentados con bombas de estruendo contra el domicilio de una de las juezas que detectó las maniobras está bajo la pesquisa de la fiscal de Gravedad Institucional Paola Aguirre.

En el MPA no establecen una relación directa entre esta denuncia y los atentados a la jueza. Pero es cierto que la conexidad posible se maneja como hipótesis. Implica, según fuentes de la Fiscalía General, "acciones que generan mucho perjuicio a un estudio de abogados jóvenes que parecen haber hecho dinero demasiado rápido con prácticas de lo que llamamos abogados caranchos".

No hay hipótesis alternativa que la víctima pueda concebir como motivantes del tipo de ataques que está sufriendo. Nunca tuvo ni tiene conflictos con nadie ni tampoco su núcleo familiar.

La magistrada en cuestión está divorciada y tiene tres hijos con un abogado penalista particular que ha ejercido en los últimos tiempos la defensa de un actor central de la criminalidad compleja en Rosario. Este letrado se presentó espontáneamente en la fiscalía preocupado por la situación y por los hijos en común que conviven en el domicilio de la magistrada. Pero el MPA descarta que los incidentes provengan de algo relacionado con eso. Tampoco hay evidencia de ningún conflicto como para fundar una hipótesis alternativa.

Desde la imposición de la custodia policial fija en la casa de la jueza los ataques cesaron. Hay múltiples medidas en curso respecto de las dinámicas de los ataques.

Los hechos contra la jueza fueron tomados como casos de máxima sensibilidad por el Ministerio de Seguridad y por el MPA. Hasta ahora no hay más hipótesis que la que sugiere una represalia y una advertencia por la denuncia al estudio jurídico que integran ocho abogados, seis varones y dos mujeres.

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario