Policiales

Instan al Estado a proteger a los hijos de una mujer presa por narcotráfico

Lo pide un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones tras negarle la prisión domiciliaria a Yanina Abregú, madre de tres menores de 16 años.

Domingo 26 de Abril de 2020

Cuando no están en foco como acusados de un delito, los niños y adolescentes parecen ajenos al sistema penal. Pero no están a salvo de sus efectos. ¿Quién se ocupa de cuidarlos cuando sus padres están presos? ¿Cuál es el impacto nocivo del encierro que, de manera inevitable, se les transfiere? La preocupación por la infancia suele quedar al margen de juicios y sentencias pero está en el centro de una resolución de la Justicia Federal rosarina. En un fallo dividido, un tribunal de apelación rechazó la prisión domiciliaria de una mujer acusada de integrar un clan narco pero instó al Estado a proteger a sus tres hijos y crear políticas públicas para estos casos.

No es la primera vez que la situación de niños en desamparo por la detención o muerte violenta de sus padres motiva un fallo así. En los últimos seis meses hubo cuatro resoluciones similares de la Sala A de la Cámara Federal local que promovieron el debate. En ellas, los jueces convocan a los tres poderes del Estado a pensar dispositivos de protección para niños, niñas y adolescentes alejados de sus principales figuras de cuidado tras la intervención del sistema penal.

Esto es más patente en pequeñas estructuras de narcomenudeo de tipo familiar, donde los niños suelen quedar al cuidado de tíos o abuelos que no siempre tienen recursos para afrontar la crianza. En todas esas causas los jueces solicitaron a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia que instrumente mecanismos de protección para los niños, generalmente al cuidado de madres que pierden la prisión domiciliaria.

La hermana de "Dulce"

El caso que motivó el último fallo es el de Yanina Abregú, detenida en noviembre de 2018 por integrar una organización narco dirigida por su hermano, Walter "Dulce" Abregú (apresado en agosto del año pasado en barrio Godoy tras un año de búsqueda) y que tenía su base de operaciones en el Fonavi de Parque Oeste.

Yanina quedó imputada y bajo prisión domiciliaria, pero la noche del 17 de abril de 2019 fue fotografiada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cuando iba a visitar a otros dos hermanos prófugos en causas por narcotráfico y homicidio a una casa de Buenos Aires al 2100 donde fueron detenidos en agosto de ese mismo año.

Como sus tres hijos estaban a su cuidado, la mujer volvió a reclamar el beneficio de cumplir prisión domiciliaria. Pero el juez federal Marcelo Bailaque se lo denegó. El abogado Martín Frassi apeló y el pedido llegó a la Sala B de la Cámara Federal. El tribunal puso especial atención en la situación de los hijos de Yanina: un nene de 2 años y dos chicas de 10 años y 16 años que quedaron en una "situación de orfandad" porque tras la detención de su madre perdieron al papá por una grave enfermedad.

Una asesora de Menores y un gabinete interdisciplinario convocados por los jueces informaron que la nena de 10 años vive con su abuela paterna y la de 16 lo hace sola en el departamento familiar de Cerrito al 5600 que no quiere dejar por temor a que sea usurpado. La asisten tíos y abuelos que viven en el mismo Fonavi, pero tras la detención de su madre repitió el año escolar al quedar libre de faltas.

El más chico es un nene de 2 años al que Yanina amamantaba tres veces por día en la cárcel. Pero esa situación se interrumpió tras la suspensión de las visitas a las prisiones por la pandemia de coronavirus. La defensora pública de Menores dejó constancia en su informe de "un contexto familiar problemático, especialmente para la adolescente" de 16 años, y recomendó facilitar el contacto de los chicos con la madre.

A favor y en contra

Teniendo en cuenta que la Cámara de Casación Penal recomendó medidas alternativas a la prisión en época de pandemia, el juez Guillermo Toledo se inclinó por volver a otorgar el arresto domiciliario a Abregú bajo los controles necesarios. Resaltó el derecho de los niños a preservar sus relaciones familiares y las convenciones internacionales en la materia. "Valoro la situación de vulnerabilidad que vienen padeciendo los niños", consideró.

En cambio, para el juez Aníbal Pineda el incumplimiento del arresto domiciliario por parte de Yanina (al ir a visitar a sus hermanos prófugos) fue una conducta de extrema gravedad, "transgresora y de desapego por la ley". Si bien se opuso a concederle una vez más el beneficio, reclamó al Poder Ejecutivo provincial que garantice la comida, la salud, el acompañamiento psicológico y de asistentes sociales de sus hijos a través del área de Niñez o de instituciones barriales como escuelas, merenderos o centros de salud.

La tercera opinión fue de la jueza Elida Isabel Vidal. Se inclinó por mantener en prisión a Abregú sin respaldar el pedido de políticas de cuidado por considerar que los niños no están desamparados. De modo que esta vez el reclamo de políticas específicas para este segmento de niños no se hizo operativo, aunque el debate quedó instalado.

Derechos y obligaciones

Los fundamentos que dio en el fallo del juez Pineda son similares a casos previos donde la intervención de la Subsecretaría de Niñez prosperó. Para el camarista, se da una colisión entre los derechos individuales de los niños a una vida digna y los derechos colectivos de una sociedad castigada por la violencia narco. Según su planteo, no se puede ignorar el impacto de las decisiones judiciales en sectores afectados por "el incontrolado flagelo del narcotráfico, inseguridad, homicidios y corrupción".

"No puedo obviar que los delitos de narcotráfico provocan angustia y una infinidad de consecuencias negativas", dijo el juez; y advirtió que "los mayores índices de robos y homicidios se configuran en torno a puntos de venta de droga". Con especial atención a esos entornos, Pineda advirtió que "el Estado debe perseguir a quienes cometen delitos" pero "también debe reparar y reducir las consecuencias negativas" de la prisión que, en este caso, recaen sobre los hijos de Abregú.

"El Estado debe tender a políticas públicas integrales —amplió—. Si encarcela al único progenitor, no puede desatender las consecuencias que eso genera en el niño. Tiene la obligación de poner especial atención en los derechos de esos menores que padecen las consecuencias del encarcelamiento de los mayores".

"Esos hijos resultan perjudicados por la conjunción del delito cometido por su progenitora y el ejercicio del poder coercitivo del Estado (dice el fallo). En alguna medida, esos niños son también víctimas de una situación que se les presenta como una fatalidad que va a condicionar parte de su desarrollo". Es por esto que extendió el planteo a los otros poderes del Estado para discutir "políticas públicas uniformes, integrales y no contradictorias que garanticen una vida digna a los niños separados de sus padres encarcelados".

Medidas que no afecten a terceros

Uno de los principios en los que se basa el fallo de la Cámara Federal es el modelo de protección de los derechos del niño, que en la Argentina es ley desde 2005, y que inauguró "una nueva relación" entre la niñez, el Estado, el derecho y la familia: "Conceptualizar a los niños y a los adolescentes como sujetos de derecho, ya no como meros objetos de protección, implica reconocerles los mismos derechos fundamentales que a los adultos, más un plus por su condición de personas en desarrollo".

Otro es el principio de "mínima trascendencia de la pena", que implica que la privación de la libertad no puede trascender al detenido: "En los casos en que se aplica la privación de la libertad a hombres y mujeres con hijas o hijos menores, la pena o medida cautelar afecta inevitablemente a terceros", por lo que las decisiones judiciales deben contemplar "la mínima extensión posible a las personas ajenas al conflicto".

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