La Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura resolvió abrir investigaciones para examinar el desempeño del fiscal jefe de Homicidios de Rosario, Adrián Spelta, y del fiscal adjunto de Venado Tuerto Mauro Blanco, quienes recibieron objeciones de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por aparentes faltas graves en sus funciones. Los legisladores encargados de valorar estos asuntos no resolvieron ninguna medida suspensiva, por lo que ambos seguirán en sus cargos mientras dure la pesquisa, la que puede extenderse hasta un año.

Al mismo tiempo, los integrantes de la Comisión de Acuerdos dispusieron analizar la semana próxima la situación del fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, quien ya tiene un proceso disciplinario abierto por un acto considerado reñido con la responsabilidad ética propia de su cargo por el fiscal general de la provincia. En este caso, los legisladores decidieron citar al diputado Carlos del Frade, quien fue designado como instructor, para que dé detalles de lo realizado hasta el momento.

En el caso de Adrián Spelta la objeción formulada por la auditora del MPA María Cecilia Vranicich, es haber consentido la excarcelación a Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval, implicado junto a su hermano en un intento de triple homicidio en un incidente con un contexto de narcomenudeo, delito que no habilitaba tal cosa. Tiempo después "Ema Pimpi" fue asesinado cuando cumplía prisión domiciliaria en una finca de La Florida, lo que la auditora condieró que no debía haber ocurrido. Para investigar el desempeño de Spelta fue designado como instructor el senador Lisandro Enrico (UCR-General López).

La otra investigación que se abrirá es la del fiscal adjunto de Venado Tuerto Mauro Blanco. La auditora Vranicich elevó a la Legislatura el caso que lo implica y que comenzó cuando la Justicia Federal venadense notificó al MPA que en la pesquisa abierta contra un vendedor de drogas aparecían contactos de éste con el fiscal.

Para la auditora, Blanco habría utilizado información aportada por el dealer para avanzar con una medida de búsqueda de armas de fuego sin asentar esa información en ningún lado y sin pedir órdenes de allanamiento para luego concretar la requisa a un domicilio, lo que supone un acto inaceptable y de mal desempeño presumible. El investigador de la conducta del fiscal Blanco será el senador Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio), presidente de la Comisión de Acuerdos.

Defensa y planteos

La reunión legislativa en la que se abordaron estos temas se llevó a cabo en el recinto de la Cámara de Diputados. Estuvieron presentes además de los legisladores nombrados los senadores Rubén Pirola y Alcides Calvo y los diputados Gabriel Real, Maximiliano Pullaro, Lionella Cattalini, Nicolás Mayoraz, Fabián Bastía y Pablo Farías. Sólo estuvo ausente Gabriel Chumpitaz.

Tanto los fiscales Spelta como Blanco rechazan las conclusiones de la Auditoría que motivaron la apertura de un proceso disciplinario que podrá concluir en sanciones tales como la suspensión entre 60 y 180 días como la remoción.

Lo que subyace también es una impugnación al procedimiento con el que las conductas serán analizadas y que motivó recursos de inconstitucionalidad, uno de ellos analizado por la Corte Suprema actualmente. Esto se debe a que la Legislatura, a partir de 2017 y con dos leyes sucesivas, se otorgó la potestad de aplicar procesos disciplinarios a los fiscales de grado, lo que era facultad exclusiva del Poder Judicial.

Esa decisión unánime y sin discusión en el recinto se hizo, para muchas entidades que lo denunciaron, con el afán de colocar bajo el control político el desempeño de los fiscales. La primera de esas leyes se sancionó mientras dos fiscales investigaban por presuntos delitos económicos a cuatro senadores.

Ayer, la Comisión Bicameral consideró también el caso de Serjal. Al fiscal regional rosarino se le abrió una investigación en noviembre pasado para establecer si fue una inconducta la adquisición de dos autos a un empresario que había sido denunciado por un delito económico, lo que motivó un legajo que fue archivado con la confirmación del propio Serjal. La Comisión de Acuerdos decidió que se traten aspectos de este caso el miércoles próximo con la citación al diputado Del Frade, que es su acusador.