Con el propósito de relevar a los fiscales de una tarea que les restaría dedicación en las nuevas facultades investigativas otorgadas por el reformado Código Procesal Penal, la Corte Suprema de Justicia puso en marcha un sistema de asesoramiento para personas que hayan sido blanco de delitos. Se denomina oficialmente Unidad de Información y Atención de Víctimas y Denunciantes del Ministerio Público Fiscal. Esa repartición funcionará en principio en las ciudades de Rosario y Santa Fe, pero se prevé que en un futuro no muy lejano se extienda a otras localidades importantes de la provincia.

Cómo funciona. En el caso de Rosario, ya fue designado el titular. Se trata del ex fiscal de San Lorenzo Guillermo Corbella, quien fue puesto en funciones el 29 de diciembre en un acto celebrado en el edificio de Tribunales, en Balcarce 1600. Corbella ocupará una oficina en el pasillo central del inmueble, donde también funcionan las fiscalías de primera instancia. Tendrá a su cargo 5 empleados y, según indicaron fuentes judiciales, la unidad atenderá al público e lunes a viernes, en el horario de 7 a 20.

En Santa Fe habrá que esperar la realización de reformas edilicias en un inmueble aledaño al Palacio de Justicia. En caso de días feriados o fines de semana, los mismos trámites podrán realizarse en los juzgados o fiscalías en turno. Fuentes judiciales indicaron que las flamantes oficinas comenzarán a funcionar tras la feria de enero y tras el nombramiento del personal afectado a ese servicio.

De acuerdo a lo dispuesto por el nuevo Código Procesal Penal (CPP), los fiscales de primera instancia asumieron un protagonismo decisivo en las investigaciones de los hechos policiales graves como, por ejemplo, los homicidios. Desde entonces, son los encargados de dirigir o supervisar las pesquisas y de llevar adelante las acusaciones, algo que antes de la reforma del CPP estaba en manos de los jueces de instrucción.

Ante ese nuevo panorama surgió la necesidad de relevar a los fiscales de ser los receptores de denuncias, una tarea que realizaban antes de la modificación de los procedimientos penales en la provincia y que significaba un importante desgaste de tiempo y de recursos humanos.

"Un ciudadano puede concurrir a la Unidad y presentar una denuncia por lo que considere que fue un delito penal. En ese lugar entonces lo asesorarán sobre los pasos a seguir. Si de esa presentación se desprende que existe delito, el encargado de la oficina o el personal que trabaja con él debe iniciar formalmente un trámite que luego será elevado al fiscal de primera instancia en tuno", explicó el fiscal de Cámaras de Rosario Guillermo Camporini.

En ese caso, y también mediante las modificaciones introducidas al Código, el funcionario al frente de la Unidad puede proponer medidas alternativas como la suspensión de juicio a prueba (probation), un juicio abreviado o incluso el servicio de mediación. "La idea es que desde la oficina, una vez que se le de curso a la denuncia, se le ofrezca al fiscal que está de turno, un abanico de posibilidades para poder ganar en celeridad", apuntó Camporini.

Derivaciones. El funcionario judicial destacó que en muchas oportunidades recaen en los estrados judiciales reclamos que tienen que ver con otras cuestiones ajenas al derecho penal. "En esos casos, cuando no aparezca claramente la comisión de un delito, entonces allí se le brindará una orientación para que pueda canalizar el reclamo ante el organismo correspondiente", agregó.

A modo de síntesis, Camporini destacó que con la actividad de la Unidad de Información "se intenta descongestionar la tarea del fiscal, para que pueda ser el director de las investigaciones. Es decir, con este mecanismo se le saca el trabajo de la recepción de denuncias".