POLICIALES

Imputan un nuevo hecho a una banda que vendía casas luego de usurparlas

Se trata del caso por el cual un gendarme fue detenido por presunta extorsión cuando exigió que le devolvieran su dinero

Lunes 22 de Febrero de 2021

Dos semanas después de la detención de un abogado como organizador de una banda que usurpaba casas para venderlas, un hombre tocó timbre en su estudio jurídico de Pellegrini y Balcarce y preguntó por él. Cuando la esposa del profesional lo atendió a través del portero, dijo haber sufrido un fraude inmobiliario y exigió 8 mil dólares o de lo contrario difundiría unos videos comprometedores. La situación fue denunciada y al día siguiente derivó en la detención del hombre, un gendarme que había prometido regresar a esa hora a la oficina y lo hizo portando un arma. La investigación en su contra fue desestimada cuando se detectó que había sido engañado con la venta de una propiedad que no podrá escriturar. Su historia se convirtió en un nuevo hecho de estafa imputado este fin de semana a la banda.

La venta engañosa al gendarme de un departamento de Rouillón al 1200 se concretó en pocos días en octubre pasado. Esa transacción se sumó este sábado a los otros seis casos de estafa que los fiscales Valeria Haurigot y Federico Rébola imputan al grupo, acusado de negociar y obtener ganancias con viviendas usurpadas. Uno de los principales implicados es el abogado Pedro Chía, preso como quien daba “apariencia de legalidad” a las operaciones inmobiliarias y acusado como organizador de una asociación ilícita. Maximiliano García está imputado en el mismo rol.

Dos policías de la Agencia de Investigaciones Criminales, Alberto Rodríguez y Víctor Maldonado, fueron acusados de incumplimiento de sus deberes. A ellos les asignaron investigar la denuncia de un matrimonio boliviano cuya casa de Fraga al 700 bis fue baleada. En el ataque una nena de 12 años fue herida por un disparo en una pierna. Los fiscales les reprochan a los uniformados que, en lugar de investigar la denuncia, extorsionaron al abogado y a un hombre aún prófugo para que pagaran 200 mil pesos a cambio de no ser implicados.

>>Leer más: Cómo funcionaba la banda que usurpaba casas para comercializarlas

Al vencerse el plazo de detención de 45 días que había fijado en enero el juez Florentino Malaponte, el grupo fue sometido a lo largo del viernes y el sábado a una nueva audiencia donde los fiscales precisaron los roles que le atribuyen a los acusados de integrar la organización en tres de los seis hechos de estafa. Y a esa lista agregaron el caso que tuvo como víctima al gendarme Fernando Gastón R. El juez Gustavo Pérez de Urrechu prorrogó la detención cautelar del grupo por el plazo legal excepto para el policía Maldonado, que seguirá preso por 30 días.

Una vez más, Chía pidió declarar en la audiencia y adujo no haber cometido un delito sino haber prestado un servicio legal de transmisión de derechos posesorios. Otros dos civiles y un policía están acusados en libertad mientras que el sindicado como jefe de la asociación ilícita, Miguel Angel Herrera, está prófugo.

La investigación comenzó hace cuatro meses. Fue cuando balearon el frente de la casa de calle Fraga en Empalme Graneros. Los padres de la nena, un matrimonio boliviano, contaron a los policías que le habían comprado la vivienda por 1.400.000 pesos a un gestor de nombre Miguel Angel de quien mostraron una foto. Esto condujo a una organización muy ramificada que según los fiscales se dedica a obtener ingresos millonarios a partir de usurpar viviendas y luego venderlas mediante cesiones de derechos fraudulentas, lo que impedía a las víctimas escriturar.

>>Leer más: Detienen a un gendarme sospechado de intentar extorsionar a abogados

Tras la difusión del caso, el miércoles 21 de enero el gendarme Gastón R. fue al estudio jurídico de Chía a exigir que le devolvieran su dinero. Dijo que, de lo contrario, difundiría unos videos que comprometerían a un hijo del profesional, también abogado, en un supuesto accionar doloso. Prometió volver un día después. La esposa del letrado hizo la denuncia. A las 8.30 del día siguiente el gendarme fue detenido como un supuesto extorsionador. Le secuestraron una pistola Pietro Beretta con 15 cartuchos, un cargador y un celular. El fiscal Flagrancia fiscal Aníbal Vescovo abrió una causa a su nombre que luego fue desestimada. Aunque esa decisión fue apelada y está pendiente de revisión.

El caso de Gastón R. se convirtió en el séptimo hecho imputado al grupo este fin de semana. Los fiscales plantearon que entre septiembre y octubre pasados una mujer, Marisa Edith Prado Lima, ingresó a un departamento de Rouillón al 1200 “forzando la cerradura” y se instaló en el inmueble, por lo que fue acusada de usurpación. El 4 de octubre, según esa exposición, el prófugo Herrera ofreció la vivienda en un sitio de ventas de Facebook, a través de un perfil con otro nombre.

Gastón R. se mostró interesado y le respondieron que la dueña lo tenía desde hacía 16 años, que nunca había sido escriturado, que se vendía con una cesión de derechos certificada bajo escribano en frente de Tribunales y que se podía escriturar, “siendo esas circunstancias falsas”, según la acusación. Pactaron una visita al inmueble para la mañana siguiente. Herrera le dijo al cliente que lo recibiría su tía, invocando una relación familiar que según los fiscales es falsa. De la investigación surge que la misma mujer era la ocupante de otro de los domicilios cuya venta amañada se asigna a la banda.

El mismo día de la visita las víctimas se encontraron con Herrera en Francia y Rioja y pagaron 200 dólares en concepto de reserva. El 6 de octubre transfirieron 240 mil pesos a una cuenta bancaria como parte de pago. Horas más tarde firmaron el contrato de cesión de derechos del inmueble en el estudio jurídico de Chía, donde entregaron los 600 mil pesos restantes.

“Chía recibió el pago, contó el dinero, se lo entregó a la mujer”, plantea la imputación. Añade que luego el abogado les entregó a las víctimas boletos de servicios e impuestos del inmueble, les sugirió que hicieran “los arreglos necesarios para vivir allí y pagaran los impuestos y servicios a su nombre para iniciar el trámite de escrituración”. A la víctima además le cobraron 70 mil pesos en concepto de agrimensura. En los días posteriores se firmaron otros dos contratos para corregir errores de tipeo y redacción, ya que la altura de la vivienda estaba mal consignada en la primera versión.

Según los fiscales, todo se montó sobre un documento por el cual un hombre de apellido García donaba la propiedad a la supuesta vendedora, “el cual es apócrifo”. La mujer, Herrera y Chía fueron acusados de “haber montado un ardid a los fines de mostrar una supuesta ocupación prolongada en el tiempo del inmueble siendo dicha situación falsa” y “en base a un contrato de cesión por donación fraudulento, como parte de una puesta en escena”. Es por esto que les endilgaron a los tres ser coautores del delito de estafa, cometida en el marco de una asociación ilícita.

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