Imputan a ex funcionario de Seguridad de la provincia por desvío de fondos

El ex secretario de Control de la Policía de la provincia de Santa Fe, David Reniero, fue imputado en el marco de una causa que investiga la malversación de fondos durante la gestión del ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. La imputación estuvo a cargo del fiscal de Violencia y Corrupción Institucional, Ezequiel Hernández, que también investiga a otros ex funcionarios ligados a la pesquisa.

De acuerdo a portales de noticias de la capital santafesina, en su acusación el fiscal le atribuyó a Reniero, que fue asistido por el abogado Pablo Coccocioni (ex director del Servicio Penitenciario santafesino), el delito de “peculado” tras sostener que el ex funcionario participó del desvío de dinero correspondientes a fondos especiales que se encontraban bajo la órbita de la Dirección Provincial de Asuntos Internos. Esos fondos fueron destinados, según el fiscal, para abonar los honorarios de los abogados que representaron a los policías implicados en la desaparición forzada y el homicidio de Franco Casco, el joven de 20 años oriundo de la provincia de Buenos Aires que desapareció la noche del 6 de octubre de 2014 tras haber estado preso en la seccional 7ª de Rosario y tres semanas después apareció muerto y en aguas del río Paraná.

Tras una larga disputa judicial, el entonces Defensor General de la provincia, Gabriel Ganón, logró que el caso Casco fuera tramitado en la Justicia Federal por considerarlo un caso de desaparición forzada de persona seguido de muerte. En mayo de 2018 los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones Fernando Barbará, Aníbal Pineda y José Gallino elevaron a juicio la causa que investiga la desaparición forzada agravada y muerte de Franco Casco. Entonces dispuso que 18 policías lleguen al banquillo de los acusados con distintos grados de participación y otros 12 investigados recibieron la falta de mérito.

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Por la causa del desvío de fondos, en tanto, además de Reniero fueron imputados por peculado el ex jefe de la Dirección de Asuntos Internos Policiales de la provincia, Luis Alberto Sosa; la entonces jefa de la División de Administración y Finanzas de la Dirección Provincial de Asuntos Internos, María Ester Romeggio y el aistente técnico del área Lucas Peirone. Por su parte Ricardo Giusepponi, quien era subsecretario de Control de las Fuerzas, pidió una prórroga para ser formalmente imputado.

Para el fiscal, dicen medios de Santa Fe, los implicados en la causa obraron desde octubre de 2017 hasta septiembre del 2018, tiempo en el cual sacaron 936 mil pesos de las partidas de fondos reservados que tenía la Dirección Provincial de Asuntos Internos durante la gestión Pullaro y los destinaron a pagar los honorarios del abogado José Manuel Alcácer, quien representó a dos policías imputados en la causa Casco: los agentes de la Unidad Especial de Asuntos Internos Aníbal Candia y Pablo Andrés Síscaro.

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Esa maniobra, según determinó la pesquisa del fiscal Hernández, fue por medio de la suscripción de cheques por parte de Sosa y Romeggio que fueron retirados en el Nuevo Banco de Santa Fe. Para el fiscal, ese manejo del dinero se hizo “por orden y con conocimiento” de Reniero, Giusepponi y Peirone.

El caso salió a la luz luego de una denuncia realizada el 4 de agosto del 2020 cuando el entonces ministro de Seguridad, Marcelo Sain, tras detectar la anomalía presentó la demanda en la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe. Como el caso involucraba a policías y funcionarios del área, la investigación quedó en manos del fiscal Hernández. A partir de esa denuncia, el Estado provincial pidió constituirse como querellante en la causa por medio del fiscal de Estado, Ruben Weder, quien una vez que fueron presentadas las pruebas solicitó tener acceso y participación de la pesquisa.