El policía Marcelo Montenegro y su esposa María Alejandra llegaron a la casa de Alvear al 1300 de Villa Gobernador Gálvez, donde vivían junto a sus cinco hijos, luego de haber realizado unas compras. La moto en la que se desplazaban se detuvo sobre la vereda, frente al domicilio. La mujer bajó y entró en la vivienda para dejar unos bolsos. En los instantes posteriores, y sin que hubiera advertencia o pelea alguna, dos hombres se acercaron al suboficial y lo acribillaron. Un proyectil le atravesó el cráneo y lo mató. Por ese homicidio, dos ex convictos fueron condenados a altas penas: 15 años para uno y 22 años y 8 meses para el otro, al ser declarados reincidentes.

El juez de Sentencia Nº 4, Julio Kesuani, dio por probada la participación de los dos maleantes en el crimen del policía y también en un violento asalto a un cobrador, ocurrido minutos después de ese atentado. Tras ese asalto, los sospechosos fueron detenidos por la policía, según se desprende del fallo conocido ayer. Esa sucesión de hechos, sumados a dos condenas firmes que tenían cada uno elevó considerablemente el monto de la pena unificada.

Sin motivos. El asesinato del sargento Montenegro ocurrió el 21 de marzo de 2007. En aquel entonces el suboficial tenía 39 años y trabajaba en el Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez. La investigación judicial pudo avanzar en determinar la responsabilidad de los dos autores, pero nunca pudo conocerse el verdadero motivo. Desde un principio se descartó que haya sido un clásico intento de robo. Al menos un testigo declaró que los atacantes se dirigieron directamente al policía y le efectuaron varios disparos, sin mediar advertencia.

En su momento se mencionó que uno de los sospechosos, que había salido de la cárcel de Coronda 5 meses antes, habría sido detenido en el pasado por el propio Montenegro y que el homicidio habría sido un pase de factura por aquello. Lo que se dio por probado en el juicio fue que Cristian Martín Imperiale, de 32 años, e Iván Eduardo Ríos, de 26, interceptaron al sargento cuando estaba vestido de civil. Eran las 17.45 y el policía se había quedado unos segundos solo sobre su moto Titán mientras María Alejandra dejaba unas cosas en la casa. Todo sucedió en unos instantes.

Una mujer, cuyo testimonio está reflejado en el fallo, contó que no advirtió "pelea o intento de robo. Sólo dispararon y se fugaron". Los homicidas llegaron y escaparon en la misma bicicleta. Montenegro recibió cinco balazos, pero el más grave le ingresó por un ojo, quedó alojado en el cráneo y le destrozó la masa encefálica. Según los testimonios, uno de los agresores llevaba puesta una remera roja y el otro una azul y bermudas.

Otro asalto.Los sospechosos fueron capturados dos horas después. La policía los ubicó cuando ambos asaltaban a Aldo S., un cobrador de una empresa de servicios sociales que hacía su trabajo en la zona de Corrientes y San Juan. La víctima contó durante el juicio que dos hombres lo encañonaron para robarle su ciclomotor Garelli y que uno le pegó un culatazo en la cabeza. Cuando los ladrones estaban en esa faena aparecieron los patrulleros del Comando.

Imperiale y Ríos, que lucían prendas similares con las que los vieron en el ataque a Montenegro, intentaron escapar en la motito del cobrador. Uno arrojó el arma al piso, pero la policía la secuestró. Era un revólver calibre 22 largo que tenía 10 vainas servidas en el tambor. "La pericia balística no presenta fisuras" como para sostener que Rios e Imperiale tuvieron responsablidad en la muerte del policía, remarcó el juez entre sus fundamentos.

El juez Kesuani le atribuyó a Ríos la autoría material del crimen, mientras que a Imperiale le adjudicó el rol de cómplice primario y los condenó por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. A su vez, en la misma resolución, el magistrado elevó la sanción ya que también dio por acreditado el asalto al cobrador y unificó esos dos delitos con dos condenas anteriores que tenían pendiente los dos. En total, Ríos fue sentenciado a 22 años y 8 meses y su presunto compiche a 15.

Los acusados negaron los cargos y sus abogados defensores, quienes plantearon que hubo irregularidades en las detenciones, presentaron una apelación ante la Cámara Penal para que la sentencia sea revisada.

Montenegro fue asesinado frente a su casa de Villa G. Gálvez.