El secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios de la provincia, Héctor Acuña, no descartó que a pesar de los controles que se realizan regularmente en las cárceles "pueda ingresar algún celular", y afirmó que "ya se tomó la decisión política de sacar esos aparatos de todos los presidios de Santa Fe".
La afirmación del funcionario se conoció después de que en el marco de una audiencia realizada el miércoles en el Centro de Justicia Penal, y en la que fue imputado Fabián F. como partícipe primario de amenazas coactivas calificadas para obtener una concesión por parte de las autoridades hacia presos de "alto perfil" tras los atentados a balazos contra ese mismo edificio judicial y oficinas del Servicio Penitenciario, el fiscal Matías Edery sostuviera entre las pruebas un informe de inteligencia de mayo de 2019 en el cual se detallan escuchas entre el acusado y hombres de la banda de Los Monos tendientes a organizar ese tipo de atentados.
Al respecto, Acuña ponderó la acusación hecha por el fiscal "ya que expuso en una audiencia algo que seguramente tiene probado", pero remarcó que los detenidos están fuera de las cárceles santafesinas y que el problema de los celulares en las celdas no es nuevo. Además remarcó que en la actualidad "hacemos una o dos requisas por semana en cada prisión de la provincia y sólo en enero se han incautado unos 500 celulares".
"Hay que explicarle a la gente el esfuerzo que significa hacer una requisa en la cárcel. En Coronda, una inspección general lleva siete horas y media. La concentración del personal que revisa la primera celda no es la misma cuando llega a la última, por eso hicimos un cronograma. Ahora, hay una política clara en ir en esa dirección, sacar los celulares de las cárceles de Santa Fe. No somos infalibles, pero la decisión política ya la tomamos", añadió Acuña.
Su planteo fue entendido por funcionarios del gobierno anterior como un "ataque" a su gestión y salieron a responderle. En ese sentido, allegados al ex ministro de Seguridad santafesino, Maximiliano Pullaro, dijeron que "la prohibición de que los reclusos utilicen celulares en las cárceles, con la consiguiente autorización para instalar inhibidores de señal, data de mediados de 2017 y se trata de leyes nacionales cuyo dictado por las provincias sería inconstitucional".
Además manifestaron que la provincia "avanzó en la compra de inhibidores de señal, lo cual derivó en un serio conflicto con la autoridad nacional de aplicación que llegó a ordenar el apagado de uno de los dispositivos". Y remarcaron que a lo largo de 2019 se incautaron unos 6 mil aparatos telefónicos en distintos presidios que se pusieron a disposición de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y derechos patrimoniales (APRAD) para su subasta.
Por Pablo Mihal