"Hay que mandar sin demoras las leyes de Seguridad y sentarse a debatir"

La diputada provincial del PJ, Matilde Bruera, analizó la actual situación que vive Santa Fe en materia de seguridad. Policía, narcotráfico y Justicia en la mira.
6 de septiembre 2020 · 05:00hs

Matilde Bruera es un componente singular de la Cámara de Diputados y también de su bancada. Se incorporó al Partido Justicialista de la mano de María Eugenia Bielsa y alcanzó así un escaño procedente de una militancia histórica en la tradición de izquierda y en organismos de Derechos Humanos. Fue durante 15 años defensora pública en la Justicia Federal de Rosario manteniendo un perfil crítico hacia esa institución cuyas prácticas consideraba fallidas e indulgentes con la policía en relación al narcotráfico. La forma de mostrarse libre de ataduras para exponer lo que piensa no parece haberse alterado ahora que es legisladora. Desde allí postula que ningún plan de seguridad tendrá éxito si los factores de violencia no se abordan también desde políticas sociales. Además dice que es viable “sentarse y debatir” entre oficialismo y oposición el paquete de leyes de seguridad en la Legislatura. Pero que para eso es imprescindible que el gobernador Omar Perotti remita sin más demoras la iniciativa y dirima las diferencias internas al respecto en su misma coalición de gobierno. “El que decide es el gobernador”, observa.

— Perotti asumió hablando de un pacto histórico entre Estado y delito. En función de su experiencia en el sistema penal, ¿qué piensa de ésto?

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— El delito organizado por definición está vinculado al Estado y con más razón cuando son delitos económicos. La expansión del narcotráfico en la provincia, no digo que sea la única donde pasa, se denuncia hace mucho tiempo. La corrupción policial aparece en los delitos donde se maneja mucho dinero y en los que se deja hacer. Esto es visible en los juicios. En mi etapa de defensora el 98% de los juicios se iniciaban por una denuncia anónima, lo que implica que la investigación no empieza por voluntad policial. Cuando eso pasa se entrega lo que la policía quiere entregar. Lo que la policía no quiere entregar no aparece nunca. Si la Justicia avala, quiere decir que la Justicia regula el mercado con este mecanismo. Y en esto participaban históricamente las fuerzas policiales de Drogas Peligrosas en sus áreas operativas y de inteligencia. En ésto suelen quedar condenados solamente los pequeños, con lo que favorece la concentración. En la línea de lo que señalo es notorio que casi la mitad de imputados en el juicio de Los Monos, por ejemplo, fueron policías. No puede ser casual.

— En el último tiempo, de manera muy tardía, hubo persecución a bandas más grandes. Esteban Alvarado después de casi 10 años de indicios claros acaba de ser procesado. ¿Qué creé que pasó?

— Con respecto a estos tardíos juicios algo ha cambiado. Tuvo que ver a mi juicio con el escándalo de la duplicación hacia 2013 de la tasa de homicidios en Rosario. No me olvido que la causa de Los Monos empezó en el Federal y que apuntaba a investigar algunas implicaciones con la policía local. Esa causa fue atraída hacia la Justicia provincial por un homicidio. Eso me generó dudas, pero es notable que en la Justicia Federal la mayor banda dedicada a cuestiones de droga nunca había tenido una causa por narcotráfico. Nunca la Justicia Federal identificó a la banda o a sus integrantes ni siquiera para atribuirles antecedentes por esos delitos. Eso es escandaloso y ratifica que por mucho tiempo existió esa protección.

— ¿Cómo ve usted el estado de la seguridad pública? ¿Qué claves cree que necesarias para analizar la criminalidad y la forma de intervenir sobre ella?

— Dije en la Legislatura que para analizar hoy la seguridad hay que tener en cuenta que hay una historia complicada en su gestión. En Santa Fe se duplicaron los homicidios, como decía. Estamos actualmente más o menos en los mismos porcentajes de los momentos más violentos. Pero lo que se debe analizar es el impacto social de esta violencia más allá de la estadística, porque diez homicidios más o menos es sin duda terrible para los involucrados y sus familias, pero a la población no le dice demasiado. Creo que en los últimos años han crecido exponencialmente los delitos violentos. Vemos que bandas de narcotráfico están implicadas en lavado de dinero, en extorsiones, en juego clandestino, en el mercado de armas ilegales. Y apareció un fenómeno que no existía que es el sicariato, que también es parte de una economía delictiva. Son las economías delictivas las que tenemos que analizar. Otro potente factor de inseguridad que no podemos dejar de ver es la que procede de la situación social que ahora además se acrecentará por la pandemia. Hay generaciones de desocupados que han comido toda su vida en comedores. Y para esos sectores no hay oferta que compita con la que les acercan los búnkeres, o el mercado de robo de celulares, o el del delito predatorio que es el más molesto. El Estado en general no está pudiendo dar respuestas a esos sectores. De los años 90 para acá, salvo períodos puntuales, hubo una política económica de exclusión. Un plan de seguridad sin política social no resolverá problemas. Y los que cometen los delitos más molestos son los más explotados en la cadena de delincuencia. Me acuerdo del padre (Edgardo) Montaldo en Ludueña cuando le preguntaron si en su barrio había tráfico de drogas. Respondió que lo que había era tráfico de pobreza.

— Los hechos de la seguridad son parte de un proceso histórico. Pero quien está en la oposición le tira cifras a quien está en el gobierno y luego los roles cambian y persiste la misma lógica. ¿Cómo esquivar eso para crear gobernabilidad en la seguridad?

— Si los actores políticos no se ponen los pantalones largos el tema de la seguridad no tiene salida. Tenemos la oportunidad de contar con un ministro de Seguridad como Marcelo Sain que es una persona formada en la materia y con intención de dar pelea por un cambio estructural. Porque más allá de pactos políticos que pudo haber en la gestión de seguridad durante mucho tiempo se pusieron parches. Ahora hay planteado un proyecto integral de cambio con tres leyes que modernizan las fuerzas de seguridad. Tenemos una policía sin profesionalizar, con una normativa de hace 40 años y que se autogobierna estando fracturada horizontalmente, por lo que es ingobernable porque tienen nichos y feudos que compiten entre sí.

— ¿Qué viabilidad política le augura a esos proyectos? Hoy los acuerdos parecen muy difíciles por el clima de confrontación. Incluso en el oficialismo hay un sector en el Senado que cuestiona explícitamente el proyecto de Sain.

— No solo hay un problema con la oposición sino también uno interno. Es parte de un debate que hay que darse al interior del peronismo y además hay que tomar decisiones. El que debe tomar las decisiones es el gobernador. Las tres leyes que presenta Sain están en un debate público social y académico. Pero hay que mandar sin demoras las leyes a la Legislatura y empezar a construir consensos.

— ¿Cuán posible le parece construir esos consensos? La oposición tiene mayoría en Diputados pero a la vez tiene en sus filas legisladores que coinciden con el espíritu que trascendió de los proyectos. A la vez hay fuertes cruces en las últimas semanas.

— Yo creo que además de las virtudes profesionales del ministro hay cosas que deberían concitar el acuerdo político. A la provincia a Sain lo trajo la anterior gestión y eso es un mérito. El mérito del oficialismo es el de haberle otorgado la continuidad en su campo de acción y con el diseño de un plan que reforma integralmente la seguridad. Con estos puntos comunes compartidos hay que sentarse y conversar. Tenemos que ponernos por encima de un cruce de culpas permanentes o de tirarse los muertos para ver quién es más o menos eficaz. Esta es una oportunidad insisto de sentarse a pensar y discutir un camino para la seguridad.

— ¿Cómo analiza la reciente salida de Sarnaglia como jefe de policía de la provincia y el impacto institucional de la imputación por corrupción al ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal?

— Son dos cosas distintas obviamente. Lo de los fiscales de Rosario es un escándalo muy grande del que no tenemos antecedente comparable en otra época, funcionarios que cobraron de bandas organizadas para dejarlas trabajar. Creo al mismo tiempo que el costado positivo y sano fue que la misma institución a la que pertenecían, el Ministerio Público de la Acusación, lo haya detectado y desenmascarado. Lo de Sarnaglia no fue una crisis institucional, a él lo citaron como testigo de este mismo caso y lo que advierto es que existieron como sabemos diferencias con Sain que es el que tiene la conducción política en Seguridad y se zanjaron esas diferencias con el cambio del jefe policial.

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