La desfederalización del narcomenudeo es uno de los temas penales más debatidos en Santa Fe por estos meses. Se trata de un proyecto que ya tiene media sanción en la Legislatura provincial y que, a grandes rasgos, prevé que el tráfico de estupefacientes en pequeña escala sea considerado un delito a ser investigado por la Justicia provincial. El proyecto ha sumado tantas críticas como adhesiones en los ámbitos más diversos. En ese marco, la Defensora provincial, Ana Jacquelina Balangione, quien ya se había posicionado en contra de que Santa Fe se haga cargo de pesquisas que hasta ahora están en manos de la Justicia Federal, se mostró crítica ante las afirmaciones del Fiscal Regional Jorge Baclini, quien sostuvo que en la provincia el 60% de los homicidios están vinculados al narcomenudeo. A su entender, los pequeños vendedores y los consumidores son los eslabones más débiles en la cadena del narcotráfico que tiende a la criminalización del uso y abuso de drogas. "Hay que desmitificar el hecho de que el consumo de drogas lleva a cometer delitos, porque eso es un error que no tiene ninguna base científica", remarcó.
— ¿Cuál es su postura sobre desfederalizar el narcomenudeo?
— Estoy en contra de que sea la provincia la que investigue el narcomenudeo. Desde el Servicio Público de la Defensa Penal nos pronunciamos en contra de la desfederalización porque es una embestida del gobierno nacional para sacarse parte de sus obligaciones. Nosotros no nos podemos hacer cargo de las falencias y las críticas de la Justicia Federal, ellos tienen que ver cómo lo llevan adelante. No podemos hacernos cargo nosotros de lo que es de ellos.
— ¿Cuáles serían los problemas de la desfederalización?
— El principal fundamento es que si nosotros nos hacemos cargo sólol del narcomenudeo separamos el problema, porque el narcotráfico es una cadena donde hay peces gordos en un extremo y peces flacos en el otro. Estamos dejando el último eslabón en la Justicia ordinaria, cortando en el que consume. Entonces, a los fiscales les va a sumar en sus estadísticas porque se van a fijar en el consumidor o en el que vende poquito y van a caer allí sesgando el problema y dejando en manos de otra competencia de gobierno y judicial, a los peces gordos. Además, hay que investigar el lavado de dinero y desarmar esas bandas criminales. Desfederalizar es cortar el problema por lo más delgado y no va a tener impacto en la seguridad ni en la disminución del consumo de drogas, porque ese último eslabón es fungible, son los chicos jóvenes o mujeres que hacen de mulas, los que venden.
— ¿Hay una relación estrecha entre el crimen y el narcotráfico?
— El Fiscal general de la provincia dijo que el 60% de los homicidios en Santa Fe están vinculados con causas de narcomenudeo. Hay que desmitificar eso porque es un error y no tiene ninguna base científica. Creo que a lo que el fiscal se refirió es a que en Rosario hay muchos problemas entre bandas, que hay cuestiones de peleas por territorios para vender drogas, pero no podemos asegurar que el 60% de los homicidios sean por eso. No es un porcentaje que se relacione con la realidad. Incluso, en los casos de comisión de delitos con uso de drogas, el 80% de esos casos es por consumo del alcohol, que es un psicoactivo permitido y difundido por los medios de comunicación. No son las drogas prohibidas las que están presentes en la mayoría de delitos cometidos por personas con consumo problemático de drogas. La mayoría de la gente que consume drogas no sale a cometer delitos. Y mucha gente que comete delitos y que también consume, a lo mejor no comete el delito por consumir sino por otras circunstancias. No podemos generalizar de esa manera. Es una forma de estigmatizar al que consume drogas decir que es un delincuente en potencia.
— ¿Dice usted que se criminaliza el consumo de drogas?
— Hay todo un trasfondo que tiene que ver con la criminalización del uso y abuso de las drogas. Nadie va a negar que existe esta problemática ni los problemas que trae, sobre todo en la salud de las personas. Pero es un problema que por la envergadura que tiene debe ser abordado desde la mirada de la salud pública y no desde el Derecho Penal. Pero nuestro país, como muchos otros países del mundo desde hace 20 o 25 años se enrola en la guerra contra las drogas, algo cuyo fracaso ya ha quedado demostrado. Esa guerra se ha cobrado muchas más vidas que el consumo de drogas. Los números no tienen ni comparación con los miles y miles de muertos, inocentes, adictos, narcos, jueces, transeúntes que se ha cobrado la guerra contra las drogas con respecto a las vidas que se ha llevado el consumo.