Policiales

“Fue una matanza de tres chicos que estaban absolutamente indefensos”

Ante la propuesta de un juicio abreviado, tanto la querella como la fiscalía sostuvieron la necesidad de que no se reduzcan las penas a los autores de la masacre de villa Moreno. 

Sábado 06 de Junio de 2015

“Yo robo, yo mato, yo trafico”. La reconocida frase captada en escuchas a un acusado del triple crimen de villa Moreno sustentó ayer el pedido de familiares de las víctimas para que no se reduzcan las penas de hasta 32 años de prisión aplicadas a cuatro condenados en un juicio oral. Los querellantes y la fiscal María Eugenia Iribarren pusieron el acento en la “cultura de la violencia” de los imputados, el fenónemo de la narcocriminalidad y el delito organizado que dieron marco a la masacre, para pedir que se rechacen nulidades y se sostengan las altas condenas que “conformaron e impactaron en la sociedad” a fines del año pasado. “El destrozo fue terrible. El tribunal va a tener que decidir si prioriza el daño producido o una resocialización invocada como arrebato discursivo”, contrapuso el abogado Norberto Olivares en la segunda jornada de apelaciones.

   Luego del despliegue de las defensas el primer día, cuando esgrimieron una batería de nulidades y cuestionaron evidencias, ayer fue el turno de la acusación. La fiscal y los querellantes respondieron en bloque las críticas de los abogados de Sergio “Quemado” Rodríguez, Brian Sprio, Mauricio “Maurico” Palavecino y Daniel “Teletubi” Delgado. No sólo replicaron con un minucioso racconto de la prueba sino también con consideraciones político sociales sobre los asesinatos de Claudio “Mono” Suárez, Adrián “Patom” Rodríguez y Jeremías “Jere” Trasante, asesinados la maderugada del 1º de enero de 2012 en un hecho bisagra en Santa Fe.

Los otros daños. En esta línea, Olivares hizo foco en la cuestión de las penas, que las defensas objetaron por altas o inconstitucionales: “Se argumenta la inhumanidad de la pena pero hay que poner en juicio los otros destrozos. La esposa de Eduardo Trasante falleció por una enfermedad agresiva tras perder a su hijo. Hay que levantarse todos los días y ver la cama tendida y una voz que falta”. Consideró que la resocialización “va a ser muy difícil” en personas que ejercen “una verdadera cultura” de la violencia. “No estamos ante tres homicidios estandarizados”, remarcó.

   La discusión sobre la pena es un eje central en debate ante los jueces de segunda instancia Georgina Depetris, Daniel Acosta y Adolfo Prunotto Laborde. Los otros puntos clave son las nulidades y las cuestiones de prueba, que la parte acusadora repasó ayer de manera abrumadora.

   “Se los condenó nada más y nada menos que por lo que hicieron”, dijo Iribarren. “Se los condenó a penas duras, es verdad. Pero proporcionales al daño causado y sus actitudes antes y después del hecho. Si la pena es cruel porque son jóvenes quiero recordar la edad de las víctimas. Las penas están dentro de los márgenes de la ley”, abundó. Para la encargada de la acusación el ataque “fue una matanza de tres chicos que estaban absolutamente indefensos. Ninguno tenía nada que ver con venganzas. Eran chicos que trabajaban en un barrio inmerso en una violencia que querían cambiar. Y esa violencia los mató”.

   Para la fiscal, los atacantes “tenían una sensación de omnipotencia, un vértigo de poder que los hacía sentir que cualquier inocente que tuvieran adelante no importaba. Ellos tenían bronca. No porque lastimaran a un ser querido, sino porque habían desafiado su propio poder. Esta impotencia se la otorgaron los medios económicos provenientes de actividades ilegales. Eso implica que tengan a su alcance un asesoramiento profesional privilegiado, corromper funcionarios policiales y disponer de la vida de otros seres humanos”, enfatizó.

   Luego se explayó sobre la situación puntual de cada acusado, seguida por los querellantes Jesica Venturi, Federico Garat y Antonio Ramos (por Trasante y Suárez) y Norberto Olivares (por Rodríguez). Tras esas exposiciones respondieron los defensores Ignacio Carbone, Fausto Yrure, Gabriel Navas, Carlos Varela y Adrián Martínez. Cerrado el debate, todo quedó en manos del tribunal que debe revisar las condenas de 32 años a Sergio Rodríguez por tres homicidios agravados y portación de arma; 28 años a Sprio como coautor del triple crimen (que sumados a otra condena por narcotráfico son 33 años); 30 años a Delgado como coautor de las ejecuciones; y 24 años a Palavecino como partícipe secundario por transportar a la banda en una Kangoo blanca.

   Entre otros puntos, acusación y querellas advirtieron que algunas nulidades ya habían sido resueltas por la Cámara y que otros jueces ya encontraron válida una controvertida declaración de Palavecino. Citaron a testigos del ataque, recordaron que hubo dos secuencias de tiros con otros lesionados y remarcaron que se investiga la connivencia con policías, entre otros argumentos para que avalen las penas.

   Los tres militantes del Movimiento 26 de Junio encontraron la muerte a las 4 del primer día de 2012 mientras estaban sentados en la canchita del club Infantil Oroño, en Dorrego y Presidente Quintana. En el juicio quedó probado que los condenados, junto con Damian Romero (condenado a 8 años en juicio abreviado) y el menor “Jeta” M. fueron los autores de la masacre con armas de grueso calibre y para vengar un ataque sufrido por Maximiliano Rodríguez, hijo del Quemado.

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