La defensa de Carlos Fraticelli solicitó ayer el juicio político al procurador general de la Corte de Santa Fe, Agustín Bassó, quien recientemente dio instrucciones para que se objetara el fallo que lo absolvió del cargo de homicidio de su hija Natalia, conocido hace veinte días. La presentación, efectuada al mediodía en la Legislatura provincial, describe siete motivos por los cuales el jefe de los fiscales de la provincia debería ser removido de su puesto.

Un rato antes Fraticelli junto a su abogado Carlos Edwards habían presentado ante la Corte Suprema provincial un pedido de jury de enjuiciamiento contra dos magistrados que tuvieron protagonismo en el juicio que lo condenó a prisión perpetua: Fernando Vidal, juez de Sentencia de Melincué, y Gustavo García Méndez, miembro de la Cámara Penal de Venado Tuerto.

La arremetida contra estos miembros del Poder Judicial se produce cuando la turbulencia generada por la absolución a Fraticelli y su ex esposa Graciela Dieser todavía persiste. Los dos pasaron más de cinco años presos tras un proceso objetado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La divulgación del fallo absolutorio alimentó, además de cuestionamientos públicos por el trámite previo, un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Motivos. Las imputaciones más altisonantes son contra Bassó por su alta investidura: Fraticelli lo acusa de haber sido nombrado inconstitucionalmente, haber aceptado ilegalmente un cargo público, haber cometido delitos penales derivados de ello, omitir deberes de su puesto, ser arbitrario en la persecución de delitos y no fijar pautas claras a sus subordinados sobre qué ilícitos deben ser privilegiados a la hora de accionar para esclarecerlos.

El procurador fue designado por la gestión de Jorge Obeid a pocos días de que asumiera Hermes Binner. Tenía en ese momento 67 años cuando la inamovilidad de su cargo la Constitución provincial la garantiza hasta los 65. Su condición de no inamovible por haber excedido la edad límite, sostiene Fraticelli, implica riesgos para la independencia de Bassó: coloca su alta investidura en un lugar precario ante cualquiera que pretenda desplazarlo.

Pero eso, según Fraticelli, lo involucra en un delito: aceptó un cargo para el que no cumplía los requisitos legales.

Un fuerte reproche de Fraticelli a Bassó es tener un comportamiento inequitativo en casos donde aparecen jueces provinciales implicados en delitos. Sostiene que cuando hace dos meses fue archivada la causa contra el juez santafesino Rubén Saurín por presunto hurto de energía eléctrica Bassó no le requirió al fiscal de Cámara objetar tal decisión pese a que la fiscal no quería mandar el caso al cierre. Sin embargo en el trámite del que resultó absuelto por la muerte de Natalia sí ordeno recurrir la medida.

También le cuestiona al procurador no haber dado orden de perseguir los delitos de supuesta connivencia entre jueces y policías en la alcaidía de Melincúe, durante la prisión de Fraticelli, denunciadas en notas periodísticas recientes por el ex juez de Rufino. Le atribuye, además, no haber dado pautas generales de persecución penal salvo una observación respecto de trata de personas.

Los dos jueces. El requerimiento de jury contra el juez Vidal, que sentenció a Fraticelli y su ex esposa en mayo de 2002, y contra el camarista García Méndez, que confirmó todos los pasos condenatorios, es por mal desempeño y accionar malicioso. Fraticelli acusa a los dos de haberlo mantenido privado de libertad cuando estaban vencidos todos los plazos de la prisión preventiva con argumentos antijurídicos y en condiciones de detención crueles e inhumanas que no desconocían.

El disparate. La defensa considera disparatados y absurdos algunos motivos por los cuales Vidal no liberó a Fraticelli en el año 2003 cuando ya hacía más de dos años que estaba preso sin condena firme: Vidal adujo que el padre de Natalia, por su condición de graduado universitario, podía desarrollar cualquier actividad para subsistir si llegaba a fugarse. También planteó que como había tenido una relación extramatrimonial no era apegado a permanecer en su casa. Sin embargo, según la defensa, Vidal no valoró que había estado en libertad cinco meses desde que se inició el jury hasta que fue destituido sin fugarse lo que demostraba ausencia de peligrosidad procesal. Los mismos reproches los extiende al camarista García Méndez.

Morgue. Las duras condiciones de detención también son una razón para el jury. Fraticelli cuenta que lo tuvieron detenido en una pieza que había sido utilizada como morgue y que debía dormir en el baño para evitar las goteras. Plantea que esa situación denigrante era conocida por Vidal, al que acusa de haber pasado con frecuencia por el lugar, y por el ex secretario y actual fiscal de Cámara Fernando Palmolelli. Le atribuye a García Mendez haberle negado la liberación que le correspondía en base a argumentos falsos.

Fraticelli tiene intenciones de ser restituido. Tal vez pensando en ello plantea que no busca enjuiciar a los magistrados por el contenido de sus sentencias, lo cual afectaría su independencia, sino porque para sostener las resoluciones contra él cometieron arbitrariedades y delitos.