Los reclusos de cuatro pabellones que durante diez días mantuvieron una huelga de hambre en la cárcel de Riccheri y Zeballos depusieron su actitud ayer. Los internos reclamaban beneficios de salida transitoria al juez de Ejecución Penal que tiene despacho en esa unidad penitenciaria.

El titular de ese juzgado, Efraim Lurá, aseguró que las demandas de los internos que originaron el reclamo eran de cumplimiento irrealizable. "Una condición elemental para acceder a un beneficio es cumplir con los requisitos para obtenerlo. El problema es que las exigencias eran imposibles de satisfacer legalmente", dijo a LaCapital.

Integrantes de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) habían presentado un recurso de hábeas corpus para preservar la salud de los presos en protesta. Muchos pedían, según ese organismo, la ampliación de la salida transitoria.

Lurá respondió que no existen en su juzgado atrasos en la concesión de beneficios. "Cada pedido se evalúa individualmente. No hay arbitrariedad. Lo que no puede un juez es dar respuesta positiva a peticiones ridículas. Si una persona llega tarde cuatro veces o comete un delito tras recibir una salida no puede tener la restitución del beneficio. El juez no puede modificar la conducta de un interno para que reciba lo que pide", declaró.

A criterio de este juez, este tipo de conflictos derivan de un problema estructural: el hecho de que una vez que se dicta condena el interno queda desprotegido para efectuar trámites legales. "El defensor particular o de oficio cesan con la sentencia y luego nadie está para velar por los derechos del condenado. No es rol del juez de Ejecución hacer eso. El panorama cambiaría de crearse defensores de Ejecución Penal", afirmó.

El director del Servicio Penitenciario, Mariano Bufarini, dijo que el reclamo fue de índole judicial. "Estuvimos trabajando para facilitar la resolución de reclamos" sostuvo.