Policiales

Esteban Alvarado cuestionó el trato que recibe como preso de "alto perfil"

"Tenemos tres horas menos de visita y nos dejan pasar no más que un kilo y medio de comida", se quejó ayer al final de una audiencia.

Viernes 16 de Agosto de 2019

La audiencia ya había terminado cuando el preso pidió hablar. "Sí, Alvarado, lo escucho", le dijo el camarista Daniel Acosta, que acababa confirmar su detención. Desde la pantalla de un televisor conectado en videoconferencia con la cárcel surgió la voz de Esteban Lindor Alvarado, quien cuestionó el rótulo de interno de "alto perfil" que pesa sobre él desde que fue detenido hace seis meses: "Hay 1.800 presos y somos cinco en un pabellón. Nos pusieron alto perfil y tenemos visitas tres horas menos que cualquier otro recluso y un kilo y medio de comida nomás nos dejan pasar", objetó en un planteo ajeno a lo que se había discutido en la sala pero que puede ser motivo de un nuevo recurso judicial.

El pedido de Alvarado fue formulado ayer al mediodía al término de una audiencia de apelación en los Tribunales de Balcarce 1651. Los abogados Claudio Tavella y Lucas Peirone apelaron la prisión preventiva dictada a su cliente luego de ser detenido en febrero pasado en Córdoba y acusado de ser jefe de una asociación ilícita, ideólogo del crimen del prestamista Lucio Maldonado y artífice de los últimos ataques a edificios del Poder Judicial.

El trámite se realizó con Alvarado conectado por videoconferencia. Durante el debate entre las partes el acusado permaneció en silencio. Pero una vez que el camarista resolvió rechazar el pedido de la defensa, sus abogados indicaron que su cliente tenía intención de hablar. Acosta aclaró que le daría la palabra sin que sus dichos tuvieran impacto en el resultado de la audiencia.

Rótulo

Entonces se escuchó la voz de Alvarado, quien cuestionó el rótulo penitenciario de "alto perfil", una categoría que se aplica a internos con causas de relevancia pública que tiene un impacto en el régimen de detención.

"Yo quería que nos pongan con presos comunes, no como estábamos hoy (por ayer)", dijo Alvarado, preso en Piñero, quien indicó que cuenta con menos horas de visita y acceso restringido a mercadería. "La visita es atrás de un blindex. Solamente quería comentar eso, su señoría", completó.

El camarista respondió que esas cuestiones pueden ser materia de un recurso de hábeas corpus correctivo por parte de sus abogados y así finalizó la audiencia.

Nuevo rechazo

Los abogados de Alvarado habían cuestionado durante la audiencia de apelación que no fueron notificados del desbloqueo del celular secuestrado al imputado, una medida realizada por la empresa Cellebrite en Estados Unidos que permitió acceder a unos 4.200 audios y mensajes del servicio de mensajería Telegram luego utilizados como evidencia de la planificación de las balaceras.

En ese sentido los abogados solicitaron la nulidad invocando el derecho constitucional de la defensa de ser avisada sobre las medidas de prueba irrepetibles.

El planteo ya había sido rechazado por las juezas Melania Carrara y Silvia Castelli, quienes entendieron que la apertura del aparato no se trató de una prueba sino de un método forense de extracción de información.

En ese orden, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery contestaron que no se generó un perjuicio ni se violó ninguna garantía porque no existe tarea de control de las partes sobre la extracción de datos del celular.

Tras oír a las partes el camarista Acosta resolvió rechazar el pedido de la defensa. "Los agravios no fueron del peso y la entidad suficientes para cuestionar la apariencia de responsabilidad de una prisión preventiva firme", opinó.

De camping

Alvarado, de 42 años, fue detenido el 1º de febrero pasado en un camping cercano a Embalse Río Tercero, en las sierras cordobesas. Hasta ese momento gozaba de libertad condicional tras cumplir parte de una condena a seis años y medio de prisión por comandar una banda dedicada al robo de autos en el conurbano bonaerense.

Lo buscaban por el crimen de Lucio Maldonado, un prestamista de 37 años a quien cuatro hombres armados secuestraron frente a su casa de Garibaldi al 600 la madrugada del domingo 11 de noviembre pasado. Lo metieron en una Renault Kangoo y lo llevaron hasta una quinta en el paraje Los Muchachos, sobre la ruta A-012, en jurisdicción de Piñero. Se presume que allí lo mataron y que la noche del lunes 12 lo tiraron a la vera de la autopista a Buenos Aires, frente a barrio Las Flores, donde lo hallaron la mañana siguiente con dos tiros en la espalda y otro en la nuca. En un bolsillo había una nota que decía: "Con la mafia no se jode".

Según la acusación, para eludir su responsabilidad en esa causa Alvarado intentó dirigir las sospechas hacia Los Monos. Para ello, según la acusación, orquestó los últimos tres atentados a blancos del Poder Judicial (al Centro de Justicia Penal, los Tribunales de calle Balcarce y la casa de una funcionaria en Rioja al 500), infiltró a policías en la investigación e instaló pruebas falsas.

Al ser detenido Alvarado arrojó al lago de Embalse Río Tercero su celular, un iPhone 8 que fue recuperado por un policía. Tras una serie de autorizaciones judiciales, el smartphone fue remitido a una compañía de origen israelí que extrajo datos del aparato.

Otra imputación

En junio Alvarado fue sometido a una nueva imputación junto a once civiles y cuatro policías acusados de integrar una asociación ilícita que cometía delitos contra las personas y la propiedad, dotada de una estructura para blindar de impunidad al grupo. Un tercer estamento estaba integrado, según la acusación, por un grupo de personas que gestionaba nueve empresas comerciales a través de las cuales se disponían bienes muebles, inmuebles y servicios a la organización.

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