"Es una banda con gran capacidad para atentar contra la intimidad"

"Se trata de una organización criminal muy aceitada, con gran capacidad para atentar contra la intimidad de las víctimas". Así describió uno de los fiscales la actividad de una banda integrada por cinco hombres que ayer quedaron imputados de concretar al menos nueve robos en departamentos del microcentro rosarino bajo la modalidad de escruche (mientras los moradores están ausentes) y cuyo último golpe plasmaron el sábado pasado en edificio de Laprida y Rioja.

Por la logística, los recursos y la organización que ostentaban, la Fiscalía pidió que se los acusara de conformar una "asociación ilícita", con asignación de roles y un jefe. Pero el juez que presidió la audiencia rechazó esa figura y en su lugar les achacó el "robo agravado por efracción, en poblado y en banda". Sobre cuatro de ellos —que imprevistamente ofrecieron "reparar el daño material causado a las víctimas"— se ordenó la prisión preventiva efectiva por 30 días, mientras que el restante accedió a una morigeración domiciliaria con salidas laborales.

Detenidos. El sábado a la noche y tras perpetrar su último atraco en un edificio de Laprida 874, cuatro ladrones que tenían como blanco frecuente departamentos del microcentro fueron detenidos en un procedimiento precedido de una sigilosa pesquisa encabezada por la Policía de Investigaciones (PDI) bajo la coordinación de los fiscales de Investigación y Juicio Georgina Pairola y Nicolás Foppiani.

Ayer, en una audiencia celebrada en Tribunales presidida por el juez Eduardo Núñez Cartelle, Jorge P., de 50 años; Jonatan F., de 26; Cristian Leonel D., de 23, y Jonatan Ezequiel F., de 24, fueron imputados del delito de "robo calificado por efracción, en poblado y en banda". La misma imputación recibió Andrés F., quien se presentó espontáneamente cuando se lo mencionó en el caso.

Esa figura legal fue la que eligió el juez para rotular la actividad criminal de los acusados, aunque la fiscalía mostró evidencias concretas para considerarse, al menos en esta etapa del proceso, su pretensión respecto a que el grupo conformaría "una asociación ilícita", figura que prevé penas efectivas de 5 a 10 años de prisión.

Modos. Pairola y Foppiani pusieron en evidencia la peligrosidad del grupo, su logística, el aceitado accionar, enumeraron los robos y detallaron el modus operandi. "Es una organización muy aceitada, con distribución de roles, tareas de inteligencia previa como tomar nota de los movimientos de los miembros de las familias que habitaban los departamentos que iban a robar (ver aparte), las actividades que realizaban, los números de teléfonos fijos de las viviendas. Tenían capacidad económica y medios, como una camioneta Toyota Hilux, un Ford Focus, dos motos enduro (una Honda Tornado 250 centímetros cúbicos y una Honda NX 400 centímetros cúbicos)", describió Pairola.

La funcionaria recordó que en el allanamiento realizado en el departamento que los delincuentes alquilaron como base de operaciones en Suipacha 1135 se secuestraron teléfonos, documentación, diversos objetos de valor denunciados como robados, barretas, cargadores de teléfonos y un handy con la frecuencia policial.

"De acuerdo a las intervenciones de las líneas telefónicas de los imputados, se desprende que tenían una aceitado mecanismo de inteligencia previo a los golpes", subrayó Pairola sobre los movimientos del la gavilla. Es más, puntualizó que poseen "una gran capacidad para atentar contra la intimidad de las víctimas".

Jefe. Los fiscales le asignaron el liderazgo de la banda a Jorge P. , quien tiene una condena a 10 años de prisión de 2012 por delitos contra la propiedad y otra de 1 año en suspenso por lesiones graves culposas e inhabilitación especial para conducir por cuatro años tras ser hallado culpable de un espectacular accidente el 2 de febrero de 2010, en Pellegrini y Juan Manuel de Rosas.

Lo concreto es que en base a la peligrosidad procesal que representa la banda y el riesgo de fuga en virtud de la pena que les podría caber solicitaron la prisión preventiva sin plazos para los cinco acusados.

El defensor de Andrés F., quien se presentó ayer tras ser mencionado en el caso, postuló su inocencia. Dijo que su cliente no sabe manejar (le atribuyen conducir la Toyota Hilux) y rechazó la acusación en base a fotogramas de una filmación tomada en uno de los robos.

En tanto, el abogado Carlos Varela, defensor de Jorge P., Jonatan F. y Cristian D., rechazó la figura de asociación ilícita atribuida a sus clientes. Dijo que no perpetraron "delitos indeterminados" como establece el código para tipificar esa figura. "Es una modalidad de escruche donde no hubo heridos ni víctimas fatales, no está previsto para el tipo de conducta imputada", acotó sostuvo.

Reparación. Varela pidió la morigeración de la prisión y ofreció garantías para una modalidad domiciliaria. E imprevistamente dijo que tras charlar con sus clientes, éstos dijeron estar dispuestos a "reparar el daño material ocasionado a las víctimas". Por su parte Bruno Guastella, asesor letrado de Jonatan Ezequiel F. adhirió a Varela, pero pidió la libertad de su asistido.

Escuchadas las partes, el juez Núñez Cartelle fue concreto. Anticipó que no estaba de acuerdo con la idea de acusar al grupo por asociación ilícita. "Si bien es un grupo de personas que realiza hechos planificados, no hay delitos indeterminados en su especie, aunque sí violencia y efracción", indicó.

"Dada la abundante y profusa prueba que ofrecen los fiscales —sostuvo el juez— y las medidas pendientes en la investigación, se puede probabilizar la autoría de estos delitos, por lo cual se ordena la prisión preventiva por 30 días" para los cuatro acusados apresados el sábado. En tanto, autorizó a Andrés Darío F. a cumplir arresto domiciliario con salidas laborales.