"Es sabido que Los Pimpis manejan esa comisaría". La frase de alguien que declaró en la investigación en la que se imputó a seis policías de la comisaría 10ª por incriminar a dos personas inocentes con la intención de favorecer a una banda criminal. Un hecho que en junio se conoció como un procedimiento policial para dar con los autores de una balacera y posteriormente imputarlos, pasó a ser una irregularidad policial mediante la cual un grupo dedicado a la venta de drogas se sacó de encima a parte de la competencia. En el medio hubo testigos falsos y por ende un acta policial ficticia, detalles que forman parte del día a día de la violencia callejera.
El comienzo de este caso que hoy tiene a seis policías imputados se remonta a una balacera ocurrida el 3 de abril. En ese momento, como ocurre generalmente ante estos hechos, no trascendió con precisión el trasfondo del ataque. En apariencia fue contra una vivienda, pero ciertamente fue contra un búnker de drogas que estaría vinculado a un grupo integrado por personas allegadas al asesinado Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval, quien había sido condenado por el atentado a balazos a la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti.
Una joven del barrio había llegado a ese lugar para comprar cocaína, estaba en la vereda esperando al vendedor cuando vio a dos personas paradas cerca de las vías. Acababa de pasar el tren, los individuos quedaron de frente y uno de ellos desenfundó un arma y comenzó a disparar. La chica recibió un balazo en la pierna, cayó al piso pero se repuso para correr hacia el interior de la vivienda baleada donde la dueña y otra persona la asistieron. De inmediato llegó el vendedor del búnker, quien agarró una bicicleta y fue a avisarle a otros integrantes del grupo.
La joven herida quedó internada en el hospital y mientras pasaba los días rehabilitándose comenzó a recibir mensajes de WhatsApp de parte de gente vinculada al búnker. Le decían quiénes la habían baleado, le pasaron fotos para identificarlos y le dijeron que tenía que hacer la denuncia. Los días pasaron hasta que el 21 de junio fueron a buscarla a su casa, ella pudo esquivarlos pero un rato después la encontraron en la calle y la subieron a un auto. La llevaron a la comisaría 10º, la sentaron frente a un sumariante y solo le quedó asentir ante lo que otro policía dictaba sobre quiénes habían baleado la casa aquel día de abril.
Para entonces unas horas antes los presuntos tiradores ya habían sido detenidos. Previo a ese procedimiento los policías de la 10º salieron a recorrer la zona y en el cruce de Sorrento y Travesía se cruzaron con un Renault Clío en el que había un policía con otra persona. Uno de los oficiales de la 10º se subió al auto, que tomó la delantera mientras el móvil policial lo seguía. A llegar a destino, una vivienda en Travesía al 300 bis, se encontraron con un grupo de jóvenes que preparaba un pollo al disco en la vereda. Los policías bajaron de los vehículos con sus armas en mano y exigieron que todos se tiraran al piso. Cuatro jóvenes fueron levantados y, sin explicaciones, llevados a la comisaría.
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"Vos los tiroteaste a Los Pimpis", fue lo poco que un policía le dijo a uno de los aprehendidos. Los cuatro estuvieron en la comisaría 10º hasta que al día siguiente fueron trasladados a otra dependencia. Pocos días después dos de ellos fueron imputados. Los fiscales Pablo Socca y Valeria Haurigot acusaron a "Tomy", de 19 años, y a "Pancita", de 22, como autores de aquella balacera de abril en la zona norte. La jueza María Trinidad Chiabrera les dictó prisión preventiva por 90 días.
Las evidencias para llegar a esa imputación fueron, principalmente, dos testimonios falsos que los policías de la comisaría 10º presentaron como cierto. La lógica confianza de los fiscales a la policía se resquebrajó 15 días después de la imputación, cuando las dos testigos se presentaron ante el fiscal y dijeron haber mentido en su declaración. Admitieron que una lo había hecho por la promesa de recibir droga y otra por 50 mil pesos. Los integrantes de Los Pimpis les habían dicho que las iban a retribuir luego de que detuvieran al "Patri", sindicado como referente de la banda rival. Para entonces una investigación penal se aprontaba a resolver el hecho con dos personas inocentes apuntadas como autores de la balacera.
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Por eso, ahora, la fiscal Haurigot considera que "lo que se verificó en la comisaría 10º es un ejemplo redondo de lo que es conceptualmente la regulación policial del delito". No significa otra cosa que la participación de efectivos policiales en la trama que, en esta ocasión, surgió de los conflictos de un grupo vinculado a la venta de drogas y un ataque a balazos contra su búnker. Los interrogantes que surgen invitan a pensar en cuántos otros hechos delictivos la policía participa de esta manera y cuántas investigaciones avanzan con información que ciertamente son el fruto de irregularidades policiales.
El comisario supervisor y jefe de la comisaría 10º, Gerardo Malpassi; el subcomisario Sebastián Ojeda; los oficiales Walter Graff y Juan Pablo Sosa; la suboficial Natalia Sánchez y el oficial Héctor Mario Dallia fueron imputados por cohecho y falsedad ideológica de documento público e incumplimiento de deberes de funcionario público. "Dicha maniobra criminal fue concretada a cambio de dinero que la banda "Los Pimpis" entregaba regularmente a la Comisaría 10º", indicaron los fiscales. Los seis policías quedaron en prisión preventiva por 90 días.
uno de los que estuvo detenido