Policiales

Es ilegal limitar el peso de paquetes llevados a los presos

Así lo determinó la Cámara Penal de Rosario al avalar un fallo de primera instancia que había apelado el Servicio Penitenciario provincial.

Miércoles 06 de Febrero de 2019

La Cámara Penal de Rosario determinó que es ilegal que el Servicio Penitenciario (SP) fije un límite de dos kilos para el ingreso de paquetes de alimentos a los detenidos en prisiones santafesinas. El tribunal confirmó la decisión de la jueza Eleonora Verón, para quien ese tope "cercena en forma indigna el derecho de los internos a recibir alimentos de parte de sus allegados". Con esta resolución, suspendida hace nueve meses, se podrán ingresar a las cárceles paquetes de más de dos kilos.

La decisión judicial generó rechazo del gobierno provincial, que señala que sin esa restricción se dificultan los controles, además de invadirse una facultad del Poder Ejecutivo. El secretario de Asuntos Penitenciarios, Juan Manuel Martínez Saliba, dijo que sin ese límite "se facilita la intromisión de elementos perjudiciales para la seguridad en las prisiones". El aspecto más aludido es que los presos de alto perfil reciben celulares con los que a veces siguen con las actividades ilícitas.

El camarista Alfredo Ivaldi Artacho dijo entender que el Ejecutivo procure seguridad en las cárceles, pero que los jueces no están para ejecutar o diseñar políticas públicas en los presidios sino para determinar si con ellas se vulneran o no derechos. En esta situación, según el camarista, el límite de dos kilos en alimentos y efectos a ingresar "cercena el derecho de visita de familiares, esencial para toda persona privada de libertad".

La discusión entraña un problema de seguridad y de derechos. Hace 20 días el SP detectó unos 50 celulares y otros elementos no permitidos en una requisa en Piñero y luego pasó lo mismo en Coronda . Entonces las autoridades recordaron que gracias a una requisa así se hallaron celulares usados para ordenar balaceras contra domicilios de jueces. Y por ello reclamaron a la Justicia que convalidara la restricción aplazada.

Hábeas corpus

Cuando el SP implementó el límite de dos kilos, el Servicio de Defensa Pública provincial se opuso mediante un hábeas corpus convalidado por la jueza Verón, para quien la medida lesionaba derechos de los detenidos. La defensora Daniela Asinari afirmó que el agravamiento de las condiciones de detención está dada por "el hambre que sufren los internos por la deficiente cantidad y calidad de la comida y por eso los familiares les llevan alimentos". Y frente a la pregunta de cuál era el peso adecuado por paquete se indicó que 15 kilos por visitante era razonable.

Al respecto Martínez Saliba dijo que "la reglamentación no viola derechos" y que "la entrada sin límites es abusiva". Dio como ejemplo que se detectaron valijas con hasta 23 kilos "siendo que el Estado asigna 200 millones de pesos para alimentos". Y agregó que además de controles de seguridad se buscó con dicha reglamentación que no haya acopio de alimentos y comida podrida en los pabellones, que se evite la presión de algunos internos sobre otros para que les ingresen alimentos o que se introduzcan elementos prohibidos.

Para Ivaldi, el límite de 15 kilos por paquete planteado por la defensora es por demás de elevado. Pero señaló que un tope de dos kilos es irracional y abusivo. Los dos kilos abarcan, dice el camarista, no sólo alimentos sino también elementos de uso personal y cotidiano para compartir en 8 horas de visita un sábado o domingo. Como ejemplo, se dijo que una gaseosa de un litro y medio ya consume las tres cuartas partes del límite de peso. También piensa que con un límite como el buscado se hacen recaer las falencias de seguridad sobre la mayoritaria franja de encarcelados que cumplen con las reglas, lo que convierte la medida en arbitraria. "Se limita un derecho básico para que el preso mantenga sus vínculos y no se despersonalice aún más con el aislamiento que implica el encierro", es la idea central del fallo.

Ivaldi admite que "la creciente complejidad de la realidad carcelaria no debe impactar masivamente sobre el ejercicio digno de ciertos de derechos básicos de los detenidos". Y sugiere "un control más eficaz sobre el desempeño del personal penitenciario infiel e incorporar tecnología en las inspecciones de las visitas que permita una prevención eficiente en el ingreso de materias prohibidas".


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