Enriquecimiento policial, en el viejo sistema

El conflicto de competencia sobre las denuncias por enriquecimiento ilícito de funcionarios policiales radicadas en Rosario parece zanjado en favor de que sean funcionarios del viejo sistema penal los que se queden con las causas. El viernes pasado el juez de Instrucción Juan Carlos Vienna, que se desempeña en el régimen que pronto saldrá de vigencia, aceptó intervenir en dos casos recientemente elevados a su juzgado. A la vez el fiscal que impulsó dos expedientes dentro del modelo procesal que rige desde el 10 de febrero anunció que se desprenderá de esos sumarios.

Este debate es técnico pero se cierne sobre un asunto de sensibilidad política no menor: la relevancia institucional asignada a los casos y el hecho de que las demoras históricas en las causas colocan a varias cerca de la prescripción.

Tras rechazarlos inicialmente, Vienna aceptó las causas por la evolución del patrimonio de dos oficiales superiores, aunque les delegó la investigación a los fiscales. Son los casos del ex jefe de policía provincial Daniel Toledo y del actual jefe de Investigaciones de San Lorenzo Gustavo Spoleti. Ninguno de estos dos oficiales ha presentado su descargo, es decir, la justificación de sus patrimonios, porque no se les ha requerido aún. En caso de demostrar que sus bienes fueron adquiridos con ingresos lícitos no habrá acusación judicial.

Vienna había rechazado actuar con un criterio que colegas del sistema viejo comparten: que los sumarios no judicializados antes del 10 de febrero de este año deben ser manejados por los funcionarios del nuevo régimen penal. Pero luego terminó aceptando la exigencia del procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, quien dice que estas causas son de incumbencia del viejo sistema.

El fiscal Sebastián Narvaja recibió hace cinco semanas los casos del ex jefe de policía provincial Daniel Cáceres y del comisario inspector Osvaldo Bejarán, ambos al borde de la prescripción. Estos funcionarios tienen plazo hasta la semana que viene para justificar sus patrimonios. Pero el tiempo para investigarlos judicialmente se agota inexorablemente el 8 de agosto. "Seguramente estas causas serán giradas al sistema conclusional con un propósito superior basado en evitar la impunidad", dijo Narvaja.