Una requisa imprevista en ocho pabellones de la Alcaidía Mayor de Jefatura terminó con el secuestro de más de un centenar de teléfonos móviles que estaban en poder de los internos y que son elementos de uso prohibido por cuestiones de seguridad. El resultado de la revisión, que fue comunicado a la Justicia, implicó un resultado sorprendente: uno de cada cuatro de los internos allí alojados disponía de un celular. La población en ese penal es de 402 reclusos. Y los aparatos encontrados en condiciones de funcionamiento fueron 113.
El hallazgo es significativo. Por un lado porque desnuda la facilidad del acceso de los teléfonos a espacios donde no debían llegar, lo que supone controles relajados o negociaciones para permitir su ingreso. Por otro porque la posesión de equipos de comunicación dentro de ámbitos carcelarios posibilita a individuos privados de libertad seguir conectados a las redes que operan en el exterior.
Lo que es especialmente sensible en este momento, cuando en ese presidio están alojadas personas acusadas de ser miembros de redes criminales, algunos recientemente detenidos por hechos de extrema violencia, como Máximo "Guille" Cantero, en los que se conjugan homicidios con tráfico de drogas.
El operativo. El operativo, que no había trascendido, se concretó el pasado viernes 5 de julio por una orden espontánea y sorpresiva del jefe de policía de Rosario, Luis Bruschi, en la alcaidía ubicada en Francia al 5200, que es jurisdicción de la Unidad Regional II. La decisión de la requisa fue reservada: estuvo a cargo de los inspectores de zona y de personal ajeno a la alcaidía, que se enteró de su misión minutos antes del inicio del procedimiento, a fin de evitar filtraciones y asegurar resultados.
La inspección encontró 113 celulares armados algunos con carcazas y aparatos de origen diverso y una cantidad menor de cargadores que a veces eran compartidos. Se decomisaron además 81 armas punzocortantes conocidas como chuzas, 8 sierras de distintas dimensiones y algunas herramientas. El resultado de la requisa fue comunicado en un parte a la jueza de Instrucción Raquel Cosgaya y a la Dirección de Asuntos Internos. Se definirá si se labran sumarios por el hallazgo de esos elementos por omisión de control o facilitamiento de su ingreso.
En busca de mensaje. Bruschi se propone efectuar controles rutinarios y sin aviso de este tipo en adelante en una alcaidía que es histórico campo propicio para acuerdos en base a dinero. Escuchas telefónicas del pasado por orden judicial detectaron negociaciones para entrar celulares y otros elementos a partir de acuerdos con responsables de la guardia. "Apuntamos a marcar un precedente y que se lea el mensaje de que las reglas de juego cambiaron. Esto que pasó siempre se terminó. Esta gestión no tendrá ninguna contemplación con hechos irregulares", sostuvo un vocero de la cúpula de la Unidad Regional II.
En los últimos años la Alcaidía Mayor de Jefatura había sido motivo de múltiples reparo sobre pedidos de dinero de parte de personal de ese penal a presos para mejorar las condiciones de detención, obtener traslados hacia lugares menos rigurosos, para mejorar la provisión de raciones de comida o permitir el ingreso de elementos prohibidos. Hasta 2011 esos hechos tuvieron constancias en organismos del Poder Ejecutivo y en causas penales sustanciadas en la Justicia de Rosario.
En 2010, por ejemplo, el juez de Instrucción Javier Beltramone obtuvo escuchas telefónicas, luego públicas, que desnudaron una negociación entre personal de la alcaidía y los familiares de René Ungaro —juzgado por el homicidio de Roberto Pimpi Caminos— para ingresar un celular y un arma de fuego a esa dependencia.
Celulares y seguridad.La posesión de celulares en institutos penitenciarios fue advertida como un riesgo durante el auge de los secuestros en provincia de Buenos Aires o de los llamados secuestros virtuales donde internos desde dentro de las cárceles fueron sorprendidos generando, mediante engaños en comunicaciones, pedidos de dinero a personas a las que se decía tener a sus familiares cautivos.
En ámbitos de seguridad penitenciaria de la provincia tienden a pensar que alguien que se proponga dar instrucciones desde adentro de una cárcel a su grupo delictivo no precisa de un celular, teniendo a disposición teléfonos públicos. Por lo que resulta más útil la posesión de un teléfono móvil es para frustrar procedimientos de las guardias o para la eventual preparación de un motín, aunque en Santa Fe no hay constancia de que ningún alzamiento de presos se haya gestado en base a comunicaciones por celulares.
No obstante en Rosario varias personas que aparecen como responsables de grupos a los que se investiga por delitos están presos recientemente, como Máximo "Guille" Cantero, lider de la banda de Los Monos. El mismo "Guille" pidió ser alojado en la Alcaidía de Jefatura y no ir a un instituto dependiente del Servicio Penitenciario.
Siendo notoria la relación de Los Monos con policías provinciales, ese fue uno de los motivos, según fuentes de la fuerza y de gobierno, que impulsó a Bruschi a decidir la inspección sorpresiva. Que detectó una cantidad inesperada de celulares en los calabozos.
