El principal acusado de matar con saña a los cuatro integrantes de una familia en Campana estaba en prisión domiciliaria, controlado por una pulsera electrónica que falló. Este dato, que dio tanto que hablar como el cuádruple crimen, puso una vez más en debate el tema de las salidas anticipadas de prisión.

  La opinión más escuchada coincidió en cuestionar las excarcelaciones y las facultades de los jueces para otorgarlas. Un reproche que no alcanza para explicar las motivaciones de un caso aberrante. Y que corre el riesgo de proponer el fracaso de un caso particular como ejemplo para un criterio general. En la provincia de Santa Fe los números dicen otra cosa: más del 95% de los egresos anticipados de prisión resultan exitosos.

  El debate sobre los mecanismos de salida anticipada de la cárcel se impulsó al conocerse que el sospechoso Angel Fernández, de 41 años y condenado en 1991 por violación seguida de muerte, estaba desde 2007 bajo arresto domiciliario (no en esa causa sino en otra, por robo) y logró burlar el monitoreo satelital. Es el principal acusado de matar al matrimonio de Sandra Rabago y Marcelo Mansilla y sus hijos Agustín, de 12 años, y Milagros, de 7. La falla en la pulsera causó la remoción del responsable del área de control.

Ningún capricho. La cuestión de la excarcelación otorgada a Fernández generó tal polémica que el juez de Garantías que le otorgó ese beneficio será sometido a juicio político (ver aparte). Más allá de si el criterio usado en este caso se revela pertinente o no, lo cierto es que las salidas anticipadas del encierro no son un capricho ni responden a una arbitrariedad. Se trata de beneficios previstos en la ley 24.660 de ejecución de la pena, con un propósito explícito: facilitar la reinserción social del condenado.

  "La finalidad es trabajar en una lógica de progresividad y con una flexibilización cada vez mayor en las distintas etapas de la pena. Esta ley, como todo el sistema normativo constitucional e internacional, se sostiene en la idea de resocialización y apunta a facilitar la reincorporación social del delincuente, como alternativa a la cárcel dura", explicó Leandro Corti, secretario de Asuntos Penales de Santa Fe. Propósito que, cuando se cumple, evita que se produzcan más delitos.

  Aunque su uso es cotidiano, estos beneficios parecen concentrar más atención social cuando reincide un condenado bajo un régimen de detención especial. Pero analizarlos desde la conmoción de un caso tremendo como el de Campana lleva riesgos. Puede crear la ilusión de que esa situación especial se repite en todos los casos a modo de fatalidad.

Los números del egreso. Las cifras del gobierno provincial no le dan la razón a ese argumento. Estadísticas recientes sobre el régimen de salidas transitorias revelan que sólo entre el 1,5 y el 3 por ciento de los casos se registran "fallas". Esto es, que los detenidos no regresen a tiempo o no cumplan con alguno de los requisitos para gozar del beneficio.

  "Dentro de todo estos beneficios son bastante exitosos. Los que no vuelven son muy pocos", coincide con el diagnóstico Efraim Lurá, juez de Ejecución Penal de Rosario.

  Es por eso que, para Corti, "no se puede hacer una valoración de esos institutos desde un caso puntual que expone el fracaso, sino que desde la política de Estado. El seguimiento arroja un resultado optimista: un 95% de las personas penadas que salen a trabajar cumplen con la ley y regresan a los establecimientos carcelarios".

  Sin embargo, a contramano de esos datos, "lo que se instala en la opinión pública son las situaciones que han fracasado, ante la falencia para realizar pronósticos individuales". Frente a eso, reconoce el funcionario, "una primera observación es que el sistema no es infalible, ni aritmético, porque no se puede hacer un pronóstico del comportamiento humano".

  De un modo coincidente, para el juez Lurá, el estremecimiento ante un hecho como el cuádruple crimen de Campana desplaza las posibilidades de analizar que algunos delitos escapan a toda previsión del sistema. Pone este ejemplo: "En medio de esta conversación usted puede pegarme un tiro en la cabeza. Eso es imprevisible y no se soluciona con más policía en la calle".

  Ese margen de imprevisibilidad propio de la condición humana hace que, para Corti, sea necesario ser "sumamente prudente" a la hora de otorgar esos beneficios. Lo que, aclara, no significa que no funcionen o no sirvan.