POLICIALES

En fallo unánime fue absuelto el agente de Prefectura acusado de matar a un pibe

El tribunal oral dio crédito a la versión de que Ariel Cóndori Apaza se defendió de un asalto. En unos días se conocerán los fundamentos

Martes 01 de Septiembre de 2020

El 27 de mayo de 2015 a las 22.50 Ariel Cóndori Apaza, un efectivo de Prefectura de 37 años, mató de dos tiros a Maximiliano Zamudio frente a la casa del chico de 16 años, en Patricias Argentinas al 4300. El prefecturiano fue capturado minutos después por la madre de Zamudio y por vecinos de Tablada, luego fue liberado por la Justicia. Cinco años después Cóndori Apaza fue absuelto este lunes por el tribunal compuesto por los jueces Héctor Núñez Cartelle, Paula Alvarez y Valeria Pedrana por entender que durante el juicio oral se acreditó que se trató de un homicidio en legítima defensa.

Durante la investigación que el uniformado pasó en libertad, éste siempre sostuvo que se defendió ante un robo. Pero esa versión fue cuestionada por la familia Zamudio, cuyos representantes legales y querellantes —Salvador Vera, Guillermo Campana y Nicolás Vallet— argumentaron durante el debate que al momento de ser asesinado “Maxi” estaba solo, desarmado e indefenso. Por ello habían pedido 30 años de cárcel, una pena incluso más elevada que la de 20 años solicitada por la fiscal Karina Bartocci.

El veredicto fue dado a conocer ayer sin los fundamentos, que se comunicarán en los próximos días. Una vez conocidos los argumentos las partes decidirán si apelarán y en qué términos.

Idas y vueltas

El caso, que trajinó cinco años en Tribunales, tuvo tres fiscales. El primero fue Miguel Moreno, quien determinó que Cóndori Apaza haya continuado libre y en funciones hasta que archivó las actuaciones en su contra en marzo de 2017. Pero la Multisectorial contra la Violencia Institucional, que acompañó a la familia y criticó desde un primer momento el desempeño de Moreno, logró que la causa fuera reabierta en manos del entonces fiscal Rafael Coria, que meses después también volvió a solicitar el archivo.

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La Multisectorial volvió a pedir su reapertura que se logró en julio de 2018, cuando el expediente fue tomado por la fiscal de Corrupción y Violencia Institucional Karina Bartocci, quien en diciembre del mismo año volvió a imputar al prefecturiano por homicidio agravado. Bartocci consideró que el crimen no fue un caso de violencia institucional porque el sospechoso no disparó en cumplimiento de sus deberes como miembro de la Prefectura sino cuando estaba de civil.

La fiscal entendió que Cóndori Apaza demostró buena conducta y que no correspondía solicitar la prisión preventiva, aunque sí pidió que le impusieran reglas de conducta como la prohibición para salir del país sin autorización, informar a la Justicia local sus cambios de domicilio y el embargo de un porcentaje del sueldo hasta llegar a la suma de un millón de pesos en concepto de reparación de daños y costas del proceso. El juez Juan Andrés Donnola hizo lugar a la imputación, pero se opuso a fijar la caución.

Pasaron otros dos años hasta que Cóndori Apaza se sentó ante el tribunal oral. La fiscal pidió 20 años de cárcel y 10 de inhabilitación especial para el ejercicio de sus funciones. La querella pidió 30 años de prisión. “La elevada pena tiene que ver con la edad de la víctima ya que Maxi era un niño de 16 años y además por la especial condición del uniformado que, si bien no estaba en cumplimiento de sus funciones, tiene una obligación legal de hacer uso racional de su fuerza” sostuvo Campana.

“Un par de cuestiones —agregó Vera— nos resultan sorprendentes. La resolución de absolución fue por unanimidad y la defensa legítima a la que alude el fallo no se acreditó nunca. Sí se acreditó la mecánica del hecho: cómo Cóndori Apaza disparó dos veces a Zamudio y el segundo tiro fue en la nuca. El caso da para profundizar en el análisis pero vamos a esperara los fundamentos y, desde ya, apelaremos la sentencia”.

En cuanto al desempeño del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Vera está convencido de que “amparó al prefecturiano y se manejó con prejuicios hacia la víctima. Por eso a causa se archivó dos veces antes de ir a juicio. Uno de los fiscales que lo archivó, Coria, ahora es juez. Y por eso creemos que esta es una resolución corporativa del Poder Judicial, tanto es así que no se valoró la prueba de la querella. Aunque el imputado no estuviera de uniforme este es un caso muy claro de violencia institucional”.

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Por su parte Bartocci adelanto como “muy probable” que presente la apelación, aunque advirtió que debe esperar los fundamentos del fallo.

Planteo defensivo

Por su parte, la defensa de Cóndori Apaza se mostró más que conforme. Ayer por la tarde el veterano penalista Horacio Corbacho tomaba un café con el prefecturiano y preparándose para una posible apelación cuando fue requerido por La Capital.

“El tribunal nos ha dado lugar al planteo que se sostuvo durante todo el proceso. La pistola calibre 40 que usó mi defendido estaba registrada y a su nombre. Cóndori se vio en una situación de robo y se defendió. El no conocía al muerto y sólo se defendió de un ataque”, aseguró.

“La defensa basó la estrategia en las propias pericias que trajo la parte acusadora. Los dos tiros fueron disparados desde el auto y desde abajo hacia arriba y esto, entre otras cosas, demostraron la legítima defensa”, destacó el penalista.

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Organizaciones políticas y sociales convocaron a una ceremonia antes de conocer la sentencia.

Organizaciones políticas y sociales convocaron a una ceremonia antes de conocer la sentencia.

El lunes al mediodía, una hora antes de que se diera a conocer la sentencia, se reunieron en la plazoleta frente al Centro de Justicia Penal (CJP) de Sarmiento y Virasoro las distintas organizaciones sociales que estuvieron junto a la familia Zamudio durante estos largos años. En el lugar organizaron una suerte de acto con la instalación de fotos de Maximiliano, pancartas, frases. Pasadas las 13, al conocer el fallo, se hundieron en una profunda amargura.

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