A partir del martes el juicio al ex jefe de la policía Hugo Tognoli entrará en su etapa final. Después de ocho audiencias en las que el Tribunal Oral Federal santafesino escuchó a unos 50 testigos y el descargo de los imputados, el fiscal Martín Suárez Faisal brindará su alegato. Entonces deberá dar cuenta de todas las pruebas y argumentos vertidos para sostener la acusación que llevó a procesar a los cinco imputados. La semana que viene, en tanto, será el turno de los defensores. Y después los magistrados José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría dictarán una sentencia que sólo será apelable ante la Cámara de Casación Penal de la Nación. Lo que no está claro aún es si el fallo se conocerá antes o después de las elecciones nacionales, lo que no parece un dato menor en el marco de quién es el principal imputado.
Las acusaciones. Hugo Tognoli y el comisario José Luis Baella, quien fuera subjefe de Inteligencia de la ex Drogas Peligrosas, fueron acusados por el fiscal de primera instancia Walter Rodríguez de ayudar al supuesto narco Daniel "El tuerto" Mendoza a eludir investigaciones judiciales entre marzo y agosto de 2011, cuando el primero era jefe de la Dirección de Control y Prevención de Adicciones; y en marzo de 2012, época en la que ya era jefe de la policía provincial. Para Rodríguez, con ese accionar se frustró una investigación por narcotráfico que llevaban adelante fuerzas federales, delito "del cual (Tognoli) tenía cabal conocimiento, con evidente ánimo de lucro y dada su condición" de autoridad de la fuerza.
Además, junto a Tognoli y Baella, el sargento Mauricio Otaduy está acusado de coaccionar a Norma Castaño, titular de la ONG Madres Solidarias, para "obligarla a desdecirse de denuncias formuladas" contra Tognoli por el presunto encubrimiento a los narcos. Esa coacción se realizó, de acuerdo a la fiscalía, mediante la filmación de un video que después fue subido a Youtube.
El albañil Fernando Torres fue procesado tras ser detenido en la terminal de ómnibus de Santa Fe con dos kilos de cocaína suministrados por Mendoza el 11 de julio de 2012. Y Daniel "El tuerto" Mendoza responde por el hallazgo de cocaína y precursores en una quinta que alquilaba en Colastiné Nort allanada el 12 de julio de 2012 por la gente de la ex Drogas Peligrosas provincial.
Los acusadores. Más allá de que la imputación formal fue hecha por el fiscal Walter Rodríguez en primera instancia y Martín Suárez Faisal lleva adelante ese rol en las audiencias públicas, ambos se basan en las denuncias de dos personas y una pesquisa de la Dirección de Asuntos Internos (AI) de la policía.
La pesquisa de AI se inició por un escrito que el 27 de febrero de 2012 fue dejado en el hall de esa repartición con los nombres de cuatro civiles y cinco policías supuestamente vinculados al tráfico de drogas. Y ese escrito fue elevado el 23 de marzo de ese año al juez federal 2 de Santa Fe para que instruyera la causa tras algunas tareas de calle realizadas por los investigadores. Allí se da cuenta de "que una persona de nombre Daniel Mendoza vendía cocaína, afirmando también la relación entre personal policial y otras personas a quienes se las proveería de material estupefaciente", dijeron.
En ese marco, en la requisitoria de elevación a juicio se dio por probado que Baella utilizaba un auto de la ex Drogas Peligrosas con el cual el 3 de marzo de 2012 estuvo en la casa de Mendoza en Colastiné; que el supuesto narco subió a ese rodado y que el vehículo se fue del lugar regresando unos 15 minutos después. Pero tal prueba no fue registrada, según el testimonio que brindó Claudio Zapata, ex jefe de AI, porque ese día los pesquisas estaban en un auto sin vidrios polarizados y había un festival frente a la casa de Mendoza, por lo cual "iba a ser evidente si tomaban fotos o filmaban". En su defensa, Baella explicó que ese día no estuvo allí y que si su teléfono se activó en la zona fue porque llevó "vales de nafta a subordinados que residen en Colastiné", lo que fue ratificado por testimonios de policías. Y Mendoza dijo que ese 3 de marzo "estaba en la casa de su hermana en Córdoba", de donde recién volvió "el 6 de marzo".
También se sostiene que ese mimso auto persiguió a Mendoza hasta la casa de Norma Castaño con el presunto objetivo de que el narco (primo hermano del primer esposo de la mujer) la apretará para que retire las denuncias que había presentado contra Tognoli, hecho que fue filmado desde la casa del sargento Otaduy, vecino de la mujer. Ese video, sin audio y con un final amistoso y de besos entre Castaño y Mendoza, parece ser la prueba más comprometedora en la acusación por coacciones, aunque frente al Tribunal Castaño admitió que "jamás me causó miedo ni me preocupó" esa filmación, por lo que la defensa entiende que no sirvió para coaccionar a nadie.
Según se acreditó en el juicio Norma Castaño estuvo casada con Marcelo Marinacci, un ex agente de Drogas Peligrosas que tuvo conflictos con sus superiores por los destinos que tuvo que cumplir y por lo que la mujer estuvo varias veces en la sede de la policía antidrogas reclamando su traslado; y después de separarse formó pareja con el suboficial Carlos Britos, quien prestó servicios en esa repartición y fue sumariado por Tognoli después de chocar un auto oficial estando ebrio, lo que corroboraron dos testigos.
Además, la mujer que fue descripta por varios testigos como "una denunciante compulsiva", dijo que no tiene "trabajo fijo" aunque está contratada en la Legislatura provincial con un sueldo de 18 mil pesos y que Madres Solidarias "no tiene fondos, sólo un subsidio del Estado". También expresó que es madre de un joven adicto ahora recuperado por el cual, dijo, hizo todo lo que hizo. "Si me equivoqué o hice algo fuera de la ley (comprar drogas con plata que supuestamente le dio el ex jefe de policía) sólo fue para ayudar a Tognoli", aseguró.
Sin embargo, esos hechos fueron desacreditados por María Silva, una ex amiga de Castaño que dijo haberla acompañado más de una vez a la sede de Drogas Peligrosas para ver a su amiga, la sargento Carmen Locket; y que ésta les facilitaba entrevistas con Tognoli. Pero, dijo, "sólo buscaba sacar ventajas económicas y personales a partir de la situación por la que atravesaba su hijo, aunque nunca aportó datos sobre la venta de drogas o la connivencia de policías y vendedores".
Silva explicó ante el Tribunal que escuchó a Castaño pedirle "a Tognoli que le ayude a conseguir una casa para ella y su hija. Otra vez le pedía para pagar las cuotas del auto del marido". También dijo que se alejó de ella "porque lucraba con su situación personal" y que la titular de Madres Solidarias "iba a todos lados a pedir plata y todos le daban para evitarse problemas porque ella siempre amenazaba con denunciarlos en los medios".
Vale recordar que las denuncias de Castaño contra los jefes de Drogas se acumularon desde 2003, más precisamente el 26 de marzo de ese año, pero nunca tuvieron eco en la Justicia por falta de fundamentos o de datos concretos.
Para la corona. Finalmente, el otro denunciante es un hombre de 46 años con una profusa planilla prontuarial en la provincia y que purga condena por infracción a la ley de drogas y trata de personas. Ese hombre, que admitió haber sido distribuidor de "El tuerto" Mendoza, detalló cuántos kilos de droga movía por semana, sostuvo que "Baella era quien lo proveía de estupefacientes" al narco y que lo recaudado era para "la corona", cómo creía que llamaban a Tognoli.
Sin embargo dijo que conoció a Baella entre 2009 y 2010, cuando el oficial no prestaba servicios en Santa Fe. Que "se juntaban en la casa de Mendoza en Colastiné", cuando en esa fecha el acusado vivía en avenida Galicia al 1700 de Santa Fe. Y que vio "una sola vez a Baella" cuando en su primer testimonio manifestó que le daba plata semanalmente.
Así las cosas, el fiscal Suárez Faisal seguramente apuntará a inculpar a Torres como un distribuidor de drogas; a Mendoza como el proveedor y dueño de una cocina de drogas en Colastiné; y a los policías como encubridores de un accionar del cual "Tognoli no podía ser ajeno". Pero en todos y cada uno de los testimonios escuchados a lo largo de las audiencia pareció quedar demostrado que el ex jefe de policía no podía conocer lo que hacían todos y cada uno de sus subordinados en todos los rincones de la provincia a falta de un protocolo interno, y que las investigaciones se judicializaban sin su conocimiento desde la jefatura de Operaciones de la repartición para evitar filtraciones y encubrimientos quedando las mismas bajo órdenes de jueces y fiscales.
