Policiales

Emiliano Oteiza: "Hay eventos que sin ser delitos producen desconfianza en la política"

Funcionario del Ministerio del Interior de Chile. Jefe del departamento de Estudios y Evaluación de Programas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Analista de indicadores de seguridad ciudadana y políticas públicas.

Martes 13 de Octubre de 2015

Desde hace cuatro años en Chile existe un Banco Unificado de Datos (BUD) del sistema criminal que organiza, en una base común, todos los datos que elaboran los órganos relacionados con la prevención, la represión y la sanción de los delitos. La plataforma aglutina información que en el país vecino hasta 2012 no estaba coordinada. Eso implicaba que se desconociera el derrotero de personas alguna vez acusadas por ilícitos, los cambios en las dinámicas delictivas, su evolución por zonas y hasta cómo la inseguridad afecta el ánimo de la población. Esa dispersión impedía además producir políticas contra la criminalidad basada en criterios racionales.

Emiliano Oteiza, funcionario del Ministerio del Interior de Chile, explicó la semana pasada en Rosario cómo este sistema genera mapas del delito ajustados a datos del último trimestre en 240 comunas, lo que representa el 90 por ciento del territorio del país vecino.

"Esta es una base calificada para la toma de decisiones prioritarias. El BUD es esencial porque sin información válida es difícil que la comunidad participe para mejorar la seguridad y se comprometa a hacer cosas. En Chile la información se construye con la participación de grupos de interés y centros de información técnica. Hicimos un esfuerzo en los procesos de validación del dato criminal. Tenemos niveles de credibilidad altos. No son los óptimos pero son suficientes para impulsar políticas públicas eficaces.

—¿Qué valor tienen las encuestas de victimización?

—Un gran valor porque generan información complementaria a la que producen los órganos del sistema de justicia criminal. En Chile, para ser representativas, requieren una muestra promedio de 25 mil casos, con encuestas personalizadas, que demandan una hora. El aporte es alto en tanto en Chile las estadísticas oficiales muestran una parte muy acotada del problema: sólo el 30 por ciento de lo que ocurre en la realidad. Más del 60 por ciento oculto, el universo de los ilícitos que no se denuncian, constituyen un problema en la generación de temor, en la sensación de inseguridad de la población. Lo valioso también es detectar con ella información de calidad sobre hechos que son importantes en el ánimo social. Eventos que sin ser delitos producen malestar y desconfianza hacia el sistema político.

—¿Qué importancia dan a estos hechos de apariencia menor?

—Mucha. Porque aunque parezcan triviales, ignorarlos genera en la población una sensación de abandono. Una cosa es la ocurrencia de un hecho delictivo que impacta sobre la comunidad. Pero hay otros hechos que abren percepciones de inseguridad muy importantes sin vincularse a delitos concretos. Peleas en la calle, choques culturales por las migraciones internas, problemas de iluminación en una comuna, jaurías de perros sin dueño moviéndose en espacios urbanos, personas en situación de calle sin ser atendidas, paredes pintadas sin que haya una respuesta estatal a veces son hechos percibidos como inseguridad pese a no ser graves. Dar respuesta a estos episodios produce tranquilidad a la comunidad, confianza en sí misma y en las autoridades.

—Chile es uno de los países de América Latina con menor tasa de delitos contra la propiedad y contra la vida. Pero tiene una prensa que pone el acento en estos delitos. ¿Cómo manejan eso? ¿Qué efectos detectan?

—En la cifra dura, en efecto, las manifestaciones de violencia son reducidas. Tenemos bajas tasas de homicidio, bajas tasas de violencia en la comisión de robos, bajísimas tasas de secuestro. Pero también dada esa baja incidencia cuando hay un hecho de estos el impacto social y comunicacional es importante. De alguna manera esto redunda en un círculo virtuoso porque el sistema inmediatamente reacciona y se controla el problema. Pero sin duda los medios, que generan presión en base a sus intereses, pesan. Hoy tenemos un problema de robo de vehículos con violencia en la puerta del domicilio del conductor, un fenómeno que se ha denominado "portonazo". Esto lo han tomado los medios y produjeron una imagen de que este delito está descontrolado. Pero al analizar la cifra dura se advierte que este tipo de casos representan un 0,3 por ciento del total de robos con violencia registrados en el país. Esto no es algo que en los hechos implique ciertamente una problemática delictiva. Pero sí un problema de imagen que requiere actuación.

—Aquí parece verse la distinción entre inseguridad objetiva y sensación de inseguridad.

—La evolución de las encuestas de victimización en Chile parece demostrarlo. En 2003, según estas encuestas, la probabilidad de ser víctima de un hecho delictivo en un año era del 43 por ciento y en 2014 de un 25 por ciento. Pese a esa baja al preguntar a la población con el mismo instrumento cómo advertían el fenómeno un 80 por ciento señala ahora que en este lapso la inseguridad creció. Sin duda el rol de los medios de comunicación es gravitante en el sentido de cómo la gente construye la inseguridad a partir de cómo se informa y no necesariamente a partir de su experiencia directa. Tenemos mucha gente con alto nivel de inseguridad que nunca han presenciado o sufrido un hecho delictivo. Entonces el papel de la prensa es decisivo.

—¿Cuál es el desafío del Estado frente a la distorsión que aparece entre el fenómeno concreto y la sensación?

—En el diseño del plan de seguridad se imponen metas de trabajo de cuatro años. Allí a partir del análisis diagnóstico del dato duro y la consulta a la población se han fijado dos grupos delictivos que están altamente priorizados. Son los robos con violencia que ocurren en la vivienda y en el espacio público. Esto es lo que impone el plan sin que se tomen en cuenta las novedades. A veces hay delitos de moda. En Chile hay dos casos de secuestro y parece que la problemática está desatada. Hacemos un diagnóstico rápido de la situación, informamos a la autoridad y se generan medidas concretas. Ahora para abordar el tema de los portonazos hicimos un plan de intervención en conjunto con policía de calle (carabineros) y de investigaciones para que la comunidad tome medidas de autocuidado porque hay acciones que hacen a una víctima ideal para el delincuente. Hay una fuerza de tareas a partir de las causas judicializadas para demostrarle a la población con números que la problemática se está abordando desde la política pública.

Con Santa Fe

El gobierno de Chile firmó un convenio de cooperación con Santa Fe para realizar en la provincia un banco unificado de datos penales. El del país vecino unió la información de nueve órganos: Poder Judicial, Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, Servicio de Menores, Ministerio Público (Fiscalías), Registro Civil, Ministerio del Interior.

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