Policiales

El suplicio de una testigo clave y las enseñanzas de un juicio oral

La semana que pasó puso en evidencia mecanismos que habrá que ajustar en los juicios orales. La testigo que orientó la pesquisa en la trágica balacera a micros de Newell's padeció su situación.

Lunes 19 de Diciembre de 2011

La declaración de la testigo protegida en el juicio oral y público por el atentado a tiros a los micro de la barrabrava de Newell's Old Boys, ocurrida entre el miércoles y el jueves de la semana pasada, fue algo semejante a un suplicio que sin dudas los presentes en las audiencias persistirán en recordar aún contra su voluntad. La que hablaba era una joven de 21 años sobre cuyo testimonio se basó la investigación que posibilitó sentar en el banquillo a las cuatro personas acusadas de idear y cometer la emboscada que procuraba matar a Diego Panadero Ochoa, jefe de la barra rojinegra, pero terminó asesinando a Walter Cáceres, de 14 años, la madrugada del 4 de febrero de 2010.

Una semana después de aquel trágico hecho, esa mujer había acusado a su pareja, Claudio Chino Fleitas, de haber aceptado el encargo de organizar el atentado. La testigo dijo que escuchó por el Nextel del muchacho cómo le ofrecían 10 mil pesos por matar a Panadero. Sostuvo que quien le propouso el ataque era uno de los miembros de la familia Cantero, conocida por dedicarse a la comercialización de estupefacientes en la zona sur de la ciudad; y reveló que la conexión entre Cantero y Fleitas procedía de su actividad en común: vender drogas. También dijo que su ex pareja, a quien describió como violento en extremo con ella y su bebé, le contó cómo habían atacado al micro. Y que luego éste llamó a uno de los Cantero, la mañana posterior a la emboscada, para decirle que en la televisión transmitían un informe del ataque.

Por todo eso el Ministerio de Justicia de Santa Fe consideró que la mujer estaba en objetivo peligro de muerte y, a través del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), la hizo ingresar en el Programa de Protección de Testigos. Ello implicó sacarla de Rosario y conseguirle vivienda y ocupación en un destino sustituto. El miércoles debía volver a la ciudad para declarar y repetir todo su historia. Pero esta vez, no en el despacho de un juez, sino frente a las personas que por su testimonio están presas. Aquellas que, según el CAJ, son su mayor factor de riesgo.

Estado de shock. Y esa circunstancia hizo lo previsible. El miércoles la chica declaró en un estado de terror que la tuvo tambaleando emocionalmente hasta precipitarla, dos veces, en un colapso neurótico. El jueves su padecer se repitió. La primera vez hubo un receso de cinco minutos porque no podía vencer el llanto tras decir, a dos metros de su ex novio, el modo en que éste la mantenía encerrada y la castigaba físicamente. La segunda vez, cuando un abogado defensor le preguntó cómo la golpeaban, su cuerpo entró en una especie de convulsión. La sacaron desvanecida.

A la mañana del jueves todo continuó igual. La chica entró en crisis, la médica forense dijo que no podía seguir hablando y se dispuso un receso. Cuando estaba previsto un careo con la hermana de Fleitas la misma profesional indicó que el estado psicofísico de la joven le impedía afrontar la medida y aconsejó su internación en un hospital de Santa Fe, por seguridad.

En un juicio oral y público cada acto del cuerpo, no sólo lo que se dice, equivale a un enunciado. En ese sentido no se le puede impedir a nadie que conjeture que la joven pudo haber estado fingiendo. Sin embargo, la psicóloga que la asistió había dicho el miércoles que esta chica es de constitución psicológica infantil y sin capacidad aparente de simulación. Eso también tiene valor relativo. Tan relativo como los argumentos de la acusación y de las defensas.

Y también el Ministerio de Justicia de Santa Fe dijo que la testigo estaba en peligro. Por eso es llamativa la contradicción entre la política de una cartera del Poder Ejecutivo, que invierte tiempo y recursos en preservarla, y la decisión del tribunal que la juzga, de permitir que la joven declarara frente a todos, con la única salvedad de quedar de espalda a los imputados en una sala pequeña.

Los jueces del tribunal estaban frente a un dilema. El juicio oral está concebido para hacer transparente el acto jurídico. Hay personas acusadas que tienen derecho a defensa y ellas están presas en base al testimonio de la joven que es la carta fuerte de la fiscalía. Por eso los defensores, cuya línea de trabajo apunta a demostrar que la joven miente, aspiraban no sólo a interrogarla para desbaratar su planteo, sino también a desprender eso de sus gestos para elaborar su alegato. Las fiscales habían pedido, por su salud psíquica, que la joven declarara a puerta cerrada.

Contradicciones. El tribunal privilegió la visibilidad de un acto público y sin restricciones. Lo hicieron con la buena fe de privilegiar el espíritu democrático del nuevo sistema penal. También dijeron que la joven misma dijo que no le molestaría la presencia de los acusados y del público. Pero el costo resultó tremendo porque su exposición y su interrogatorio truncado se asemejó a un tormento medieval. Buscando alejarse del método inquisitivo, paradójicamente, el trámite tuvo la violencia de un acto inquisidor. Estuvo claro que los jueces también lo sufrieron.

Pero la contradicción fue insalvable. El Poder Ejecutivo reclamó muchas veces a este diario no revelar datos que permitieran identificar a la testigo. En el acto del juicio, sin embargo, todo fue de una exposición mayúscula para una joven que debió irse de la provincia y vivió una pesadilla tras su acusación.

Puede entenderse la aspiración de los jueces. En un trámite donde la evidencia no parece abundante esperaban a que un testimonio valioso, con control apropiado de las partes, se convirtiera, para un lado o para otro, en una baraja decisiva a la hora de la sentencia. De esa manera ser ecuánimes con acusados y víctimas como pide el nuevo proceso penal. Pero se puede tomar nota de métodos que permiten resguardos de testigos sin afectar la calidad oral y pública del juicio.

En los tribunales de Santiago de Chile, por ejemplo, testigos comprometidos declaran detrás de un panel traslúcido, a veces con un dispositivo de audio que les distorsiona la voz. Desde el otro lado el declarante ve pero no puede ser visto por si debiera hacer reconocimientos de personas en la sala. El derecho a la defensa no queda afectado porque el testigo habla y responde preguntas. ¿Que no se pueden ver sus gestos? ¿Qué precio están dispuestas a pagar las partes para garantizar tal cosa cuando, como ocurrió, un médico dictamina que la situación coloca en riesgo al testigo?

¿Debía gravitar en la decisión de que la chica declarara en forma pública, el que ella misma dijera que era capaz de hacerlo? Aunque es virtuoso que le hayan preguntado, una respuesta positiva parece excesiva. Este tipo de precauciones debe ser resultado de procedimientos acordados institucionalmente y no delegados a una persona que en su fragilidad, por múltiples motivos, puede adoptar una decisión que la coloque en una violencia emotiva que obligue a depender de un médico.

El superior derecho de defensa de un acusado en un juicio tiene que ser velado a rajatabla, pero eso no significa que los defensores puedan incurrir en violencias contra testigos en nombre de las garantías de sus clientes. Algunas defensas el miércoles, se balancearon en el filo que delimita lo sutil con lo grotesco. El desequilibrio emotivo de una persona es un alto precio.

Para magistrados, acusadores, defensores y periodistas un nuevo procedimiento de juicio implica tropiezos y enseñanzas. Del accidentado trámite de la semana en este juicio, en el juicio de un atentado homicida bajo el cual palpita una trama delictiva aún más sinuosa, hay mucho para aprender.

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