En la audiencia en la que se terminó por denunciar al fiscal Matías Edery por delitos de acción pública se puso de manifiesto una fuerte controversia dentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por la utilización de informantes. La fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, les comunicó a los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno que tenían vedada la posibilidad de comunicar en audiencia la identidad de la persona y la información que esa persona le transmitía al fiscal Edery en resguardo de su integridad y de los investigadores. En audiencia los fiscales señalaron el motivo que les imponía referirse a eso que les prohibían: el posible delito de su colega Edery.

Fuentes judiciales precisaron que Iribarren había adelantado a sus subordinados que no podían difundir ni la información vertida por Mariana Ortigala, a la que imputaban, ni que ella era utilizada como informante de asuntos de sectores del campo criminal. En esa directiva la fiscal regional de Rosario también señalaba que Edery había comunicado a las autoridades superiores de los informantes que utilizaba y que eso estaba reglamentariamente admitido.

En definitiva lo que expusieron los fiscales en audiencia implicó una desobediencia a la instrucción de la fiscal regional que es su superior. El planteo de Iribarren se refería a que Ortigala ya había sufrido un atentado con cuatro balazos y que una persona muy próxima a ella que aportó copiosos datos en el juicio contra Esteban Alvarado, Carlos Argüelles, había sido asesinada.

En la audiencia se señaló incluso que Ortigala había señalado que Guille Cantero utilizaba tres teléfonos distintos en su lugar de detención.

El fiscal Miguel Moreno dijo que Ortigala no estaba en peligro por lo que ellos divulgaran en la audiencia. "Quien eligió ponerse en peligro fue Ortigala. Llegó a la fiscalía a declarar contra Alvarado porque se cambió de facción, no porque quiso dejar de delinquir. No es ningún ejemplo para el sistema ni debería ser considerado útil. Mañana estará en otro lugar y declarará a favor de sus circunstanciales aliados. Es una aberración que haya sido una testigo protegida. Debió en todo caso ser incluida como arrepentida dentro de la estructura de Cantero. La comunidad tiene que saber por qué se le va a dar prisión preventiva. Esto es de máxima gravedad", dijo.