Policiales

"El partido judicial impide que los más vulnerables accedan a la Justicia"

Gabriel Ganón, titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, dijo que su balance del nuevo sistema "no es del todo bueno" pero funciona gracias al "compromiso y esfuerzo".  

Domingo 01 de Marzo de 2015

Gabriel Ganón | Bío | Abogado, profesor de Criminología en la Universidad Nacional de Rosario, Magister en Derecho de la Universidad de Barcelona. Desde 2012 ejerce el cargo de titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Tiene una reconocida trayectoria como militante de los Derechos Humanos.

Gabriel Ganón lleva poco más de dos años al frente del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. En este breve tiempo hizo un sinnúmero de presentaciones ante los órganos jurisdiccionales de Santa Fe "en pos de la efectiva tutela de los derechos humanos de todas las personas sometidas a procesos penales", y enfrentó lo que él denomina el "partido judicial". Un poder que, a su entender, "en connivencia con el Poder Ejecutivo impide que los sectores más vulnerables de la sociedad tengan un adecuado acceso a la Justicia y a la protección de sus derechos". Tras ver que sus peticiones son "rechazadas una y otra vez", y el "alarmante y peligroso crecimiento de los casos de torturas y avasallamiento de derechos contra las personas privadas de la libertad" (ver aparte), hizo una denuncia ante el secretario del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas y solicitó una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para plantear la "grave situación" provincial. En ese marco, el funcionario recibió a La Capital y desgranó esos y otros temas.

—¿Cuál es el balance que hace del nuevo sistema penal?

— A decir verdad no es del todo bueno. Sólo como consecuencia del compromiso y del esfuerzo del personal y los funcionarios con los que cuenta la Defensoría hemos puesto en funcionamiento un servicio que trata de llegar a todos los necesitados del mismo. Pero el nuevo sistema sólo abarca el área penal, lo que deja sin defensa a todas las personas vulnerables en otros campos del mundo jurídico. En este orden, hay una defensa pública que depende de nosotros y otra del Procurador General de la provincia que es absolutamente deficitaria y nos está llevando a que muchas veces tengamos que sacar las papas del fuego en causas donde se han violado derechos de ajusticiables en otros fueros que no son el penal.

—¿A qué se refiere?

— Un caso concreto es la toma de terrenos públicos o privados en Rosario, lo que depara conflictos de interéses. Lo primero que hace el municipio es judicializarlos sin entender que atrás hay un problema social y político que no se resuelve en la Justicia. Pero sin embargo, el "partido judicial" rápidamente, y apelando a una interpretación absurda de la ley, avanza vulnerando derechos y soluciona con la ley lo que debe resolverse en foma política. Y todo eso sin dar cumplimiento a los pactos internacionales de defensa de los Derechos Humanos y otros tratados a los que el país ha adherido. Nosotros pedimos que se convoque a los defensores de Menores y de Familia para que garanticen los derechos de los chicos que están en esos lugares y no se nos escucha. Entonces, muchas de esas personas quedan sin acceso a la defensa mientras a nosotros nos impiden intervenir. Y a todo eso, que es contrario a nuestra voluntad, se suman los actos de hostigamiento de la Corte Suprema para la que es más fácil cuestionar nuestro trabajo que el de un juez que viaja al extranjero junto al padre de un delincuente asesinado o extorsiona a un imputado en una causa emblemática para que cambie de abogado (en referencia a Juan Carlos Vienna y su relación con el padre del asesinado Martín "Fantasma" Paz y la denuncia en su contra hecha por el policía Sergio Blanche, procesado en la causa de Los Monos). Todo eso demuestra cuáles son los intereses que defiende el partido judicial.

—En los últimos tiempos, según usted lo denuncia, hubo varias muertes en lugares de detención de la provincia.

— Así es, y es lo que vamos a denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un caso emblemático fue el de Roberto Yrusta, un muchacho que fue trasladado a la cárcel de Coronda desde el penal de Bower, en Córdoba, donde sufría permanente hostigamiento. Lo cierto es que este muchacho apareció empalado, torturado y colgado en su celda a pocos días de llegar, en 2012, y cuando la Defensoría quiso intervenir para asistir y representar a sus familiares la Corte nos lo impidió, obstaculizándo así el acceso a la defensa de esa familia. Es verdad que el nuevo sistema penal santafesino aún no estaba en marcha, pero nosotros ya estábamos nombrados y cobrando nuestros sueldos. Lo que se debería haber hecho en vez de decir con todas las luces y micrófonos que el futuro sistema iba a solucionar esos casos, era habernos nombrado a nosotros para defender a esa gente que sistemáticamente recurrió a la defensa pública que depende del Procurador y no le quisieron tomar el caso. Finalmente no se investigó y se archivó como suicidio.

—¿Pero la muerte de Franco Casco en Rosario se resolvió de otra manera? (El joven llegó a fines de septiembre pasado desde Buenso Aires a visitar familiares y los primeros días de octubre fue apresado en la seccional 7ª. Luego desapareció y veinte días más tarde lo hallaron flotando en el río Paraná).

— Sí, porque en el marco del nuevo sistema penal intervenimos desde el inicio y pedimos que se considere la figura de desaparición forzada de persona para que la investigación pase al fuero federal, lo que finalmente se logró con la publicidad del caso y la presión social y política que hubo. Y todo eso a pesar de que el Ejecutivo y el "partido judicial" no querían que así fuese.

—Parece que hay resoluciones diferentes cuando los casos ocurren en las grandes ciudades como lo que paso con Casco en Rosario.

— Y es así. En el resto de la provincia la complicidad judicial con el poder político es todavía peor. Por ejemplo, en el nodo Reconquista la arbitrariedad judicial es manifiesta. Basta que una persona haga una denunica por cualquier motivo para que el fiscal ordene la detención del acusado aunque los pasos procesales indiquen que la sola denuncia no alcanza para ello. El fiscal detiene aunque no haya una mínima prueba, la defensa no puede acceder a las pruebas antes de la audiencia imputativa y los jueces determinan sin analizar esas pruebas.

—¿Hay una politización de la Justicia y eso lleva a que la gente descrea de ella?

— El término "independencia judicial" ha sido y seguirá siendo un mito que hoy se revela con mucha mas claridad. Los seres humanos, como seres políticos, deben enfrentarse a la realidad y saber que históricamente en cualquier parte del mundo el Poder Judicial no ha sido tan independiente del poder político como se piensa. Lo que se revela en este tercer milenio, en que se han corrido las cortinas y todo se ve con mucha mas claridad, es que los conflictos que antes se resolvían de una manera ahora se judicializan. Y cambiar esta situación será extremadamente difícil porque exige un cambio profundo del sistema. Lamentablemente el "partido judicial" hoy es una fuerza en sí misma y si hacemos un análisis marxista de su existencia sabremos que su objetivo siempre ha sido conservar determinado orden y castigar a quien lo viole, muchas veces sin proteger los derechos de los ciudadanos.

—¿Por qué va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

— Hay cuatro puntos fundamentales por los cuales se pidió audiencia. Las demoras y dificultades en la designación de funcionarios clave como es el caso de Enrique Font, nombrado como secretario para la Prevención de la Violencia Institucional y Aistencia al Detenido y Condenado; o el de Lorena Negro, subsecretaria del Registro Provincial de Torturas. El segundo ítem es la imposibilidad material de poner en marcha un régimen independiente de la Corte Suprema para ingresos y ascensos. Otro punto es el continuo hostigamiento institucional directo que sufre y he sufrido yo en persona y otros defensores públicos por parte de la Corte, el Ejecutivo y hasta miembros del Poder Legislativo. Y finalmente, porque el inadecuado marco regulatorio impide que un número importante de personas vulnerables vean frustradas sus posibilidades de acceso a la Justicia.

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