Los delitos contra taxistas han generado un miedo tanto más entendible cuando se repasa que en los últimos seis años cinco choferes en Rosario fueron víctimas de homicidio. Pero la comprensión a las reacciones que provoca la inseguridad tiene un límite infranqueable: ningún grupo particular, por fundados que sean sus temores, puede arrogarse el derecho de tomar la ley en su mano y aplicarla.

  La única fuerza armada legal para intervenir contra los delitos es la policía. Ningún contingente de civiles puede sustituirla. Esto es algo que los Estados deben proclamar con severidad y sin conceder atenuantes. El que toma para sí facultades indelegables de la policía comete un delito y debe responder por él.

  Esto no equivale a decir que un taxista en peligro no debe defenderse. Debe hacerlo, pero llamando a la policía y no a una milicia informal de colegas sin entrenamiento ni autorización para portar armas en la calle, que en una auténtica situación de riesgo generará con certeza una situación de mayor peligro del que intenta prevenir. Para terceros y para ellos mismos.

  La política del ciudadano sheriff suele ser resultado de los huecos que abren las omisiones del Estado. Pero ni eso es excusa para consentir la más mínima insinuación de acción parapolicial en una democracia. El control del orden público en el territorio corresponde al Estado y no a particulares. Ante la duda y el miedo, mejor decirlo.