Policiales

El gobierno, contra el fiscal que vinculó a policías con la droga

La administración de Antonio Bonfatti pidió que se investiguen a fondo las revelaciones hechas por el fiscal Eduardo Lago, quien denunció haber sido amenazado de muerte.

Lunes 20 de Agosto de 2012

El gobierno provincial requirió a la Justicia Federal de Rosario y a un juez de Instrucción de Venado Tuerto que investiguen en forma minuciosa los señalamientos del fiscal Eduardo Lago, quien denunció penalmente haber recibido amenazas de muerte por vía telefónica que, según presume, provendrían de efectivos policiales. Este señalamiento de Lago implicó el allanamiento de la Brigada Operativa de Drogas Nº 8 y el desplazamiento preventivo de su jefe, Alejandro Druetta, junto a los seis empleados restantes de la dotación.

El secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad de la provincia, Matías Drivet, acudió al juez federal Nº 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, y al juez de Instrucción venadense Eduardo Bianchini luego de que Lago hiciera en este diario el miércoles pasado fuertes objeciones al área de la ex Drogas Peligrosas. "La actuación de esta agencia policial se parece tétricamente a la de los grupos de tareas de la dictadura y la violencia de la respuesta encuadra en la lucha por el mercado de la droga en el sur santafesino, en un marcado proceso de cartelización del narcotráfico que incluye a la policía provincial cada vez más autonomizada".

Que lo citen. En su escrito judicial, Drivet recoge estas palabras de Lago y le plantea a ambos jueces que, "valorando el alto cargo que inviste quien formula las mismas, se estima indispensable que se inicie, profundice y agote una exhaustiva investigación que permita deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder a la supuesta red delictiva a la que se hace referencia y a la complejidad de su estructura".

Les piden a los jueces que, por consiguiente, citen a Lago para que "puntualice y describa todos aquellos elementos que estuvieran en su conocimiento" a los fines de posibilitar la investigación solicitada, "más aún considerando su calidad de funcionario público".

La presentación fue rubricada, además de Drivet, por la subsecretaria Legal y Técnica del Ministerio de Seguridad, Emilia Lassaga. En ella los funcionarios analizan que los dichos del fiscal Lago "connotan hechos de gravedad manifiesta" y que "quitar trascendencia a este tipo de manifestaciones indiscriminadas y de alta resonancia no resulta admisible para esta conducción política del Ministerio de Seguridad". Sostienen que "en atención a que quien vierte las declaraciones es un miembro del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe debemos solicitar su pronta y efectiva intervención".

Malestar. El disgusto que al gobierno le provocaron las declaraciones de Lago no está exento en la presentación judicial. "La forma utilizada para dar a conocer los hechos a los que hace referencia y la notoriedad pública de dichas manifestaciones, que como es lógico genera una situación de zozobra y angustia en toda la población, provoca además que se ponga en tela de juicio la actividad cotidiana de funcionarios públicos que cumplen con su deber". En el texto consideran que "este tipo de declaraciones genéricas, indiscriminadas y masivas desvanece los esfuerzos y genera una desmotivación para todos aquellos ciudadanos comprometidos en erradicar este flagelo".

Mirando la historia. Con un lenguaje declaradamente más político y elocuente de las sensaciones que imperan en el Poder Ejecutivo sobre este tema, el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, dejó palpitar la idea de que en las manifestaciones del fiscal hay intencionalidad política. "Habría que ver los antecedentes de Lago", dijo.

"Tenemos que tener en cuenta la historia política de cada uno cuando se denuncia estas cuestiones. Lago fue funcionario durante el segundo mandato de (Carlos) Reutemann y fue tercero en la línea de gestión de Enrique Alvarez, un hombre cuestionado por su pasado en la Side y fue, entre otros, responsable del diciembre de 2001 con siete muertos santafesinos", dijo Galassi.

El ministro declaró además que la designación de Lago como fiscal "fue una acordada de la Corte Suprema en 2006 y todos sabemos quiénes eran sus integrantes y cómo se realizaban los nombramientos por vinculaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Es por eso que hay que poner la lupa sobre todo esto para saber si son pura coincidencia o si hay algo detrás".

Luego dijo: "No pongo en duda la veracidad de las amenazas sino que digo que la población debe saber quién formula la denuncia y cuáles son sus antecedentes".

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