Luego de que la jueza Mónica Lamperti aceptara el miércoles que la provincia sea querellante en la megacausa por fraude inmobiliario y asociación ilícita que tiene tras las rejas a nueve personas, un prófugo y dos personas en libertad, el fiscal de Estado de Santa Fe, Pablo Saccone, destacó en medios radiales la medida y sostuvo que a partir de ahora "se podrá acceder al expediente para poder profundizar en las investigaciones".

Mientras las defensas de la mayoría de los procesados adelantaron que apelarán la decisión de la magistrada, a las 12 de hoy se realizará una audiencia en los Tribunales provinciales en la cual el camarista Daniel Acosta definirá la situación de prisión preventiva que cumplen nueve de los acusados, pena que les vence el lunes próximo, y dará a conocer su decisión acerca del cambio de las figuras penales propuestas por las defensas.

"Es importante que la provincia pueda intervenir como parte para, de esa manera, poder coadyuvar con el fiscal de la causa y presentar elementos de prueba", dijo Saccone en Radio 2. El funcionario añadió que la administración provincial ya ha comenzado a hacer sumarios internos y medidas probatorias que se aportarán a la megacausa y detalló que "la Administración Provincial de Impuestos (API) va a determinar el perjuicio fiscal de los hechos" y también se analiza "el funcionamiento que tuvieron empleados del Registro de la Propiedad" en torno a los hechos que son investigados.

"Hasta ahora nosotros actuamos por los hechos de los que tuvimos conocimiento por las noticias periodísticas, pero a partir de que la jueza nos ha habilitado la intervención en la causa, podemos tener acceso directo al expediente. De ahora en mas, vamos a poder profundizar en las investigaciones", explicó Saccone.

La jueza Mónica Lamperti admitió el miércoles a la provincia como querellante en la megacausa que tiene once procesados y un prófugo. La magistrada también hizo lugar al pedido del empresario inmobiliario Juan Ignacio Borghi de ser querellante contra el agente de bolsa Jorge Oneto, a quien acusa de haberlo estafado con la venta de un campo de Villa Amelia despojado a su dueña mediante un poder apócrifo y sometido a una cadena de ventas.

Borghi, quien integra la inmobiliaria Gilli, está considerado por la Fiscalía como un "comprador de buena fe" del campo de 124 hectáreas en Villa Amelia que pertenecía a Ana Josefina Luppi, viuda de un ex camarista penal.