Policiales

El debate estéril donde derrapa una política común contra el delito

Una mirada histórica muestra responsables múltiples en el estado de la seguridad en Santa Fe. Pero de ellos también deben surgir los acuerdos.

Lunes 06 de Enero de 2020

Todavía debería hablarse de la importancia que tuvo que el gobernador Omar Perotti, a diez minutos de haber jurado como mandatario, hablara de un pacto de gobernabilidad entre Estado y delito. Aunque se mencionó en la mayoría de las crónicas, semejante referencia no tuvo el desarrollo posterior ni el debate necesario que una denuncia de tal entidad merece. Un gobernador en ejercicio apuntaba a un acuerdo ilícito al más alto nivel con sus dos antecesores inmediatos sentados en frente suyo. También explicaba el problema del narcotráfico como resultado de la vista gorda judicial con el pleno de ministros de la Corte Suprema provincial a cinco metros de distancia y con uno del máximo tribunal nacional también allí.

Fue algo muy fuerte que no debería quedar ahí nomás. No en una mesa de bar, sino en el corazón del sistema institucional de la provincia, el gobernador entrante enfocaba el pasado para decir que los poderes de la provincia habían tenido grados de responsabilidad en comprar capacidad de administración a cambio de concertar directa o indirectamente con el crimen. Perotti hablaba de algo que tiene niveles de verosimilitud. Pero le quedaron pendientes dos cosas. La primera brindar algún caudal de evidencia que, tal vez, esté reservando para más adelante. La segunda es precisar si en su diagnóstico incluye solamente a sus adversarios que lo precedieron en el gobierno o pensaba en responsabilidades también de funcionarios de su propio partido.

Definir esto tiene el mayor sentido político porque de otro modo la cosa no pasaría de quedarse en la chicana. Y para que en la provincia de Santa Fe se pueda dar una política de seguridad pública amplia y de cierta eficacia habrá de necesitarse no solo de gestores eficaces en las áreas pertinentes sino, muy especialmente, de acuerdos duraderos que permitan sostener rumbos cuando acontecimientos de coyuntura críticos, como el de ahora en la ciudad de Rafaela con la muerte de un joven que persiguió a sus ladrones, pongan a temblar la estabilidad de una gestión.

Retrospectiva

Durante el ciclo de gestión del Frente Progresista Santa Fe vivió una importante crisis de seguridad si se la compara con su propia historia. La visibilidad del narcomenudeo urbano resultó apabullante al igual que la evidencia de que su garante más permanente y estable fue la policía provincial en sus niveles jerárquicos. El dinero de la droga fluyó hacia emprendimientos de la economía legal como los circuitos de bienes raíces, los fideicomisos inmobiliarios, las concesionarias de automóviles y el circuito financiero. Fue la etapa también que las disputas entre facciones criminales dispararon los registros de homicidio a niveles inéditos en especial en 2013. En ese año, el de las ejecuciones de Claudio Pájaro Cantero y Luis Medina, el contador marcó 264 homicidios en Rosario, con una tasa inédita de 23 muertes cada 100 mil habitantes por año.

En ese tiempo también se dio una política errática en un área para la cual el Frente Progresista había llegado sin agenda. En la primera etapa el socialismo hizo ensayos impredecibles donde alternó en el ministerio a un especialista en Derecho Penal, pasando luego por un ex director de Registro Civil y teniendo en carpeta para la conducción a un ex jefe de policía. Hubo un proyecto de crear 51 jefaturas de policía de ciudad que luego se aplazó. Se anunciaron cinco jefaturas nodales que convivieron con las unidades regionales que irían paulatinamente desapareciendo. Luego se promovió un plan de eliminación de comisarías tradicionales por estaciones policiales cuyo destino parece más interesante pero hoy es un enigma.

Pero la historia de la expansión territorial del narcotráfico en la ciudad y en la provincia y de sus aceitadas relaciones con las máximas jerarquías policiales tienen más de doce años. La violencia que explotó en el sudeste rosarino entre 2010 y 2016 ya se cobraba vidas a raudales por las mismas causas en las disputas de la banda de Torombolo Pérez contra los hermanos Romero en 2003 en Tablada. Los gobiernos de entonces, en esa espiral de muerte, mantuvieron allí incólume desde 1994 hasta 2004 (durante ¡diez años!), a un mismo jefe de la comisaría 16ª: Francisco Haro. Desde 2000 los Cantero imponían su predominio regando de sangre el barrio Las Flores con la guerra de Monos y Garompas. La primera acción que terminó en una sanción contra el grupo empezó en 2013.

El embrión

El fenómeno que cambió la dinámica de venta de drogas a través de las cocinas de cocaína explotó durante el socialismo generando un mercado fragmentado que se disputaron pequeñas bandas de manera sangrienta. Eso sin embargo tuvo un nacimiento y expansión previo. La primera cocina en Rosario, la de Jorge Drick, se descubrió en diciembre de 1997. A partir de entonces importantes narcos hicieron fortuna merced a acuerdos policiales que les evitaban tener prontuario. Fue el caso de Luis Medina, de Delfín Zacarías y de los hermanos Vázquez, a inicios de 2000. El poder material de la droga se visibilizó de una manera notoria sin que se hicieran preguntas. El dueño de una vinería de pueblo construyó un complejo deportivo de 10 millones de dólares en Arroyo Seco durante el obeidismo, en 2003, y se lo vendió en 2008 a Rosario Central. En 2010 quedó preso por despachar casi tres toneladas de cocaína hacia Portugal y España.

Varios jefes señalados como garantes de la recaudación ilegal en 2001 aún esperan juicio por enriquecimiento ilícito o bien sus causas se cierran ahora por prescipción. El último jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas designado para Rosario por Jorge Obeid, Gustavo Spoletti, fue acusado hace un mes en la misma audiencia junto a uno de los máximos actores de la criminalidad local que es Esteban Alvarado. En 1998 el preso Oscar Duarte ingresó detenido a la sede de Robos y Hurtos ubicada en la propia Jefatura de Policía de Santa Fe imputado de robo y fue encontrado ahorcado. Luego se supo que murió bajo torturas y que el mismo jefe de la regional lo había encubierto. Robos y Hurtos fue una repartición crónica en la gestación de dinero sucio policial lo que se sabía a tal punto en esa época que el hoy jefe de policía, Víctor Sarnaglia, fue su interventor en 2001 a raíz de esta endurecida tradición ilícita.

Reseñar en forma apretada y aleatoria estos hechos diversos no vale para hacer un ejercicio de equivalencias, sino para aludir a que el problema de la policía, del narcotráfico y sus dinámicas violentas está inserto en una multicausalidad compleja que no parece cesar en su evolución. Los problemas de seguridad pública en Santa Fe vienen de lejos. Si existió un pacto de gobernabilidad directo o indirecto con el delito ese diagnóstico, por los hechos descriptos, también pudo haber sido trazado en el momento en que Perotti compartía gestiones con varios de los que hoy son sus ministros o sus colaboradores. La falta de presencia en seguridad de la que habló el gobernador no deja a nadie afuera.

El viernes hubo una marcha masiva en Rafaela por la muerte de un joven que, tras ser asaltado, perseguía en moto a dos ladrones. Eso desató una refriega verbal luego de que el ministro de Seguridad Marcelo Saín atribuyera a unos pocos militantes socialistas los incidentes registrados en una movilización pacífica. Enseguida la réplica del Frente Progresista que rechazó de plano el reproche y lo criticó por una imputación irresponsable.

Las manifestaciones genéricas son un problema porque restan legitimidad y campo de acción al más probo. Saín es el especialista más capacitado que de 1983 a la fecha tuvo la provincia de Santa Fe en asuntos de seguridad pública. Pero con sus últimas palabras tiende a romper puentes hacia el espacio con el cual por afinidad ideológica con mayor probabilidad puede concertar acuerdos amplios de seguridad pública. Esto no supone suspender la revisión el pasado. Al revés: es lo más esperable. Pero es el Frente Progresista, también con sus excepciones, el sector que estuvo en el Acuerdo de Seguridad Democrática del cual Saín es fundador. Y es por eso una coalición con la que Saín, que cree en la política de metas a largo plazo basadas en planteos legislativos e información compartida, puede concordar con mayor factibilidad que con Cambiemos o el llamado bloque evangélico. En una Legislatura donde el peronismo tiene 7 diputados sobre 50 y un Senado con el oficialismo partido.

No es que la denuncia inicial de Perotti sea un invento. El punto es a dónde se llega tirando de esa soga. Algo que sería esperable que se haga sin atajos oportunistas. Tanto como generar acuerdos de gobernabilidad, estos sí sanos, para enfrentar los problemas de seguridad pública y criminalidad compleja para lo cual el ministro de Seguridad del gobierno tiene un programa. Esa racionalidad que por desidia, desconocimiento o mezquindad faltó durante mucho tiempo y la comunidad de la provincia está esperando.

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