"Estos hijos de puta mataron a Ping Gou". Quebrado por el dolor y en castellano
raso, Ming Gou Chen le contaba a un "criollo" de su confianza que su hermano, de 42 años, había
sido asesinado el miércoles por la mañana de un tiro en la cabeza en uno de los tres supermercados
que tenían en sociedad. La muerte de Ping Gou ofrece lecturas diversas. Para la policía es la
segunda víctima en una lucha de poder librada por fuerzas antagónicas de la mafia china en Rosario.
Para la cámara que agrupa a los almaceneros orientales en Argentina, se trata de un homicidio más,
ajeno a cualquier mafia.
Cada vez que aparece un ciudadano chino asesinado o herido,
la policía se enfrenta con un muro de silencio. Los testigos no hablan, se ocultan o desaparecen.
Los traductores de chino mandarín, la lengua que hablan los 1.314 millones de habitante del país
más poblado, son escasos. Además impera el miedo. Por todo ello no asombra que el 95 por ciento de
las investigaciones se estanquen.
La muerte de Gao. En la historia del desembarco local de supermercadistas chinos
y de las violentas relaciones entabladas entre ellos en el Gran Rosario hay un primer mojón. Gao
Sheng Feng tenía 28 años y su cuerpo fue hallado la tarde del 19 de julio de 2005 en Gutiérrez y
las vías del Acceso Sur. Lo dejaron maniatado. Antes de matarlo con dos balazos de calibre 22 en la
cabeza, le cortaron una oreja y le provocaron lesiones con un estilete. Después lo hicieron
arrodillar y así lo balearon. Lo mataron unos sicarios a los que los paisanos reconocen como
axxion. "Son chinos con un mechón blanco", los definió un investigador.
Nadie reclamó el cuerpo de Gao. En un silencio similar al
que reinó en la pesquisa de su homicidio fue sepultado en el cementerio La Piedad en febrero de
2007. Según la causa sobre su muerte, Gao era un recaudador infiel con antecedentes policiales en
Capital Federal que decidió poner un supermercado en barrio Godoy. Un apretador que venía desde
Buenos Aires, presionaba, recaudaba y regresaba. Su muerte, se conjetura, deriva de la
desobediencia a una orden o de haber retenido plata ajena. Treinta y tres meses después esa
investigación es pilar de otra, la que trata de aclarar el homicidio de Ping Gou, del miércoles
último.
Sólo una mueca. Por un giro del destino, los hermanos Ming Gou y Ping Gou Chen
bautizaron "Sonrisas" a su tercer supermercado en el país. Ubicado en San Martín 2247 (la ruta 11)
de San Lorenzo, el súper ocupa un galpón a menos de cien metros del monumento al inmigrante. El
miércoles a las 9 de la mañana Ping Gou estaba sentado en el sector de la caja mientras los
empleados atendían a dos clientes en la parte trasera. Fue entonces que al lugar ingresó un hombre,
definido por los pesquisas como "criollo", quien empuñando un revólver calibre 38 le disparó en la
cabeza a Ping Gou desde menos de dos metros. No hubo diálogo. El oriental se desplomó mientras el
killer criollo le disparaba otras dos veces sin impactarle en el cuerpo. Murió camino al hospital
Centenario.
Ping Gou tenía 42 años. Había llegado con su hermano a
mediados de 2001 o al menos ese año tramitó su regularización migratoria. Tenían tres
supermercados. Uno de ellos en los confines de barrio Ludueña. De acuerdo a datos aportados por
fuentes de la delegación rosarina de Migraciones, Ping Gou tenía el trámite de residencia
suspendido por tener un antecedente por tenencia de arma de guerra. Pocos días después del crimen
de Gao, los hermanos Ming Gou y Ping Gou fueron detenidos en su casa de Gaboto al 6200 ya que
varios testigos acreditaban que el oriental asesinado los frecuentaba. Y alguien alguna vez los vio
discutir. Junto a los dos chinos, los policías se llevaron una escopeta calibre 12.70, una pistola
9 milímetros con su numeración limada y municiones para esas armas. Y también para calibre 22, el
mismo con el que mataron a Gao.
"Comprar pistola para defender de los chinos negros",
contestaron los hermanos en un castellano rebuscado cuando los policías de la Brigada de Homicidios
indagaron el porqué de las armas. Los hermanos Chen fueron finalmente liberados y cambiaron su
residencia a San Lorenzo.
Hay detalles que distinguen los crímenes de Gao y de Ping
Gou. Tras ser encontrado en el baldío de acceso Sur y Gutiérrez, Gao pasó 21 meses en una cámara
frigorífica del Instituto Médico Legal. Nadie reclamó sus restos. Todo lo contrario ocurrió con
Ping Gou. A Gao lo torturaron antes de matarlo y la ejecución de Ping Gou fue limpia. A Gao lo
asesinó un chino y a Ping Gou un "criollo".
"Después del crimen de Gao hubo movimientos de ciudadanos
chinos para contratar criollos que apretaran en los supermercados", relató un investigador
policial. La emboscada que sufrió el supermercadista Gwang Wan Liu, de 41 años, en su negocio de
Rouillón y Uruguay, en febrero de 2006, prueba la colaboración entre hampones de ambos países. Ese
día también fue un local quien baleó al chino tres veces en la espalda y no le robó nada. Esto
rompió con una hipótesis policial: "Los chinos no se meten con los criollos. No quieren tener
problemas con la policía".
Un año de paz. Cada tanto un ajuste de cuentas entre chinos se instala en la
prensa. En la ciudad de Rosario no se registran incidentes de magnitud desde marzo de 2007, cuando
se produjeron cuatro hechos violentos en 10 días. El más serio ocurrió el 3 de marzo cuando Ying
Heng fue golpeado y baleado en el súper en Rioja entre Balcarce y Oroño que iba a inaugurar, por
rehusar pagar un canon de 30 mil dólares exigidos para abrir.
"Hechos como el crimen de Ping Gou se atribuyen a las
llamadas mafias chinas. Lo señalaron la Policía Federal, las fuerzas provinciales, la Side, que
trabajó cuando se denunció el ingreso ilegal de orientales y el Ministerio del Interior. Ningún
organismo argentino detectó una estructura criminal organizada para considerar que en Argentina
exista una mafia china", dijo Miguel Angel Calvete, secretario general de la Cámara de
Autoservicios y Supermercados Propiedad de Residentes Chinos (Casrech).
Oficialmente no se puede hablar de mafia china, ya que la
Justicia argentina nunca comprobó si los grupos criminales conformados por chinos integran una red
coordinada y vertical. Esto se ve favorecido porque los incidentes que se denuncian son
investigados como hechos aislados.
Sí existen grupos delictivos de chinos que cobran canon por
protección. Son células que conocen muy bien la realidad del connacional que tiene un supermercado
o está a punto de a abrir uno. Y cómo meterles miedo. Primero los advierten, les dejan un número de
Nextel para que regularicen su situación y la suerte de la presa depende de eso.
Los pesquisas de la Unidad Regional XVII, con asiento en
San Lorenzo, que investigan la muerte de Ping Gou indagan sobre una serie de aprietes hacia
comerciantes chinos ocurridos en esa ciudad sobre fines de 2006. Wei Zhong Xu alertó a la policía
el 30 de octubre de ese año sobre una granada de gas lacrimógeno que le habían dejado en la puerta
de su negocio de San Martín al 3100. Días más tarde, Xu contó que connacionales lo habían
presionado: o pagaba o moría. Por esos días otro comerciante oriental resultó baleado en una
pierna. Temeroso, el hombre primero denunció que había sido baleado en la villa La Cerámica. Acabó
admitiendo que lo habían apretado sus compatriotas en San Lorenzo.
Súper tranquilos. "En Rosario no teníamos datos sobre hechos de violencia
recientes", indicó Calvete. "Ignorábamos que Ping Gou Chen haya tenido problemas. Sabemos que
estuvo complicado por un tema de mercadería, pero no que lo hubieran mencionado en el homicidio de
otro ciudadano chino", confió el portavoz de Casrech.
Hace tiempo, dice Calvete, que no se producen presiones de
orientales hacia otros para imponer protección. "Esta era una metodología ilegal cuando recién se
estaban instalando los supermercados y los ciudadanos chinos desconocían las leyes", argumentó
Calvete. "Estos episodios atribuidos a mafias tienen que ver con conflictos familiares u odios
semitribales que traen desde China. Al ser una comunidad chica en un país donde por su fisonomía
sus miembros resaltan están más expuestos. Cuando un López mata a un García nadie habla de una
mafia gallega", analizó el representante de Casrech.
"Problemas como estos nos preocupan porque le hacen mal a una comunidad que
es muy trabajadora", dice Calvete. "Como en todas hay personas que no trabajan o pretenden vivir
del trabajo de otro. A situaciones así las denunciamos". l
