Policiales

El caso del abogado de Alvarado repuso el debate sobre los límites de la defensa

Quedó preso el jueves por delitos de la banda. El caso reinstaló el tema sobre la confusión entre asistir a un acusado y participar de sus delitos.

Martes 26 de Noviembre de 2019

Uno de los momentos centrales de la audiencia donde se imputó a Esteban Alvarado como jefe de una organización criminal fue la acusación de su histórico abogado defensor de pertenecer a esa estructura. Claudio Tavella quedó en prisión preventiva luego de que le imputaran haber usado su título de abogado para acceder a información, manipular bienes y recursos para beneficio de la banda. Lo que hizo, según los fiscales, no fue prestar un servicio para ejercer la defensa de un acusado sino asegurar la continuación de las actividades del grupo criminal. Como ejemplos pusieron un intento de coima para evitar que un gendarme enviado por un juez bonaerense detuviera a Alvarado. O gestionar el ingreso a un hospital con nombre falso, también mediante pago de dinero, de un miembro de la banda herido de bala. O intentar confundir a los fiscales del caso con evidencia plantada para desincriminar a Alvarado.

La detención de un abogado particular generó un interés muy especial en la audiencia a la que el viernes pasado se acercaron distintos colegas de Tavella con comprensible curiosidad. Pero esta circunstancia reeditó , en la misma audiencia y también fuera de ella, un debate sobre los límites del ejercicio de la defensa. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra remarcaron como obviedad que un abogado no puede asesorar a alguien para que cometa un delito ni cometerlo al ejercer la defensa. Para los fiscales Tavella hizo ambas cosas. La jueza Melania Carrara sostuvo que hubo apariencia de responsabilidad y le dictó prisión preventiva por un plazo mínimo sin explicar razones.

Asesor jurídico

Los fiscales proponen reanudar una discusión espinosa que va más allá de lo que ocurre cuando, como aparenta ser en este caso, un abogado comete delitos específicos. La pregunta que se desprendió en la audiencia es si es aceptable desde el punto de vista ético y legal que un abogado ejerza la defensa permanente de alguien que pertenece a una organización que a lo largo del tiempo comete una y otra vez los mismos delitos. "La discusión es si podemos admitir que un abogado trabaje como el asesor jurídico de una banda criminal. Esa pregunta no está planteada como debate ni en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), ni en la Facultad de Derecho de la UNR, ni en el Colegio de Abogados de Rosario. Pero si preguntamos en la calle rápidamente se recogerá una opinión clara de lo que prefiere la ciudadanía", indicaron cerca de los fiscales.

El día que detuvieron a Tavella, contó Schiappa Pietra en la audiencia, hallaron en la casa de su padre una Jeep Renegade roja que manejaba Rosa Natalí Capuano, la mujer de Alvarado, cuando en febrero pasado la policía detuvo a éste en la provincia de Córdoba. Para los fiscales el abogado está comprometido con la estructura de Alvarado a tal punto que usa el vehículo de la mujer del principal acusado.

Una de las tesis vitales de la fiscalía es que la trama de empresas de Alvarado tiene como constante transmitirse de una a otra inmuebles, vehículos y personal. Que Tavella tuviera la Jeep es un ejemplo de que el abogado, para la acusación, es un segmento de la empresa criminal.

Aquí está el nudo del debate. ¿Está bien que un abogado defienda a miembros de una banda durante diez o quince años? Cuando se ve que en ese lapso la banda se inició, creció, aseguró ganancias, hizo inversiones, compró inmunidad del Estado y distribuyó dividendos cometiendo delitos semejantes que no cesaron?

Cinco

A Tavella le imputan cinco hechos. El 3 de agosto de 2012 cuando lo van a detener Alvarado habla con su abogado. En una escucha se capta que le pidió que ofrezca dinero para que no lo apresaran. El abogado accede aunque el personal policial no acepta. El segundo hecho es cuando el 15 de agosto de 2014 gestionó el ingreso al Heca con identidad falsa de Jorge Laferrara, presunto miembro de la banda, que estaba herido y tenía entonces un pedido de captura.

Un tercer hecho es haber redactado un boleto de compraventa mediante el cual se transfirió una casa contra la voluntad de su dueño. Este era Rodrigo Ortigala, hoy testigo contra Alvarado, y la beneficiaria es Nadia Toledo, imputada como miembro de la banda. La vivienda, en Misiones 865, se escrituró y constituye el domicilio de Toia SRL, una de las empresas de Alvarado.

El cuarto hecho es haber ofrecido al policía Pablo Bancora un millón de pesos para omitir detalles del allanamiento de la casa de Alvarado y su esposa en Funes Hills el 29 de noviembre de 2018.

El quinto delito imputado es haber comentado a Schiappa Pietra que en unos celulares secuestrados había evidencia que desincriminaba a Alvarado del crimen de Lucio Maldonado. Se presume que esos teléfonos fueron plantados por dos jefes policiales, hoy presos, para desviar la investigación. Tavella según los fiscales no pudo explicar de dónde sacó la información.

Estos casos se presentaron en la audiencia del viernes como hechos delictivos en sí mismos adjudicados a Tavella. Otros son indiciarios de pertenecer a la misma asociación ilícita a cuyo jefe defiende.

Inexorable

Los fiscales afirman que está en germen un debate en donde la primera cuestión es definir si el rol constante de un abogado o un contador en una banda narco, por ejemplo, es ser parte de esa organización. "Hay penalistas de 28 años que andan en un BMW. Eso no asegura una vida buena a la comunidad. Hay alternativas a eso. La primera es discutir esto de frente", dicen personas cercanas a los fiscales.

"Sabemos que el delito persigue fines económicos por lo que la lógica es apuntar a los bienes. Y en ese sentido la investigación moderna del crimen organizado apunta a los profesionales que garantizan que las bandas acumulen bienes: abogados, contadores, escribanos, arquitectos. Si éstos brindan sus servicios mientras las bandas se desenvuelven lo que hacen es facilitar su viabilidad temporal. Y hablamos de bandas que matan gente. Este debate, que en Rosario y Argentina casi no está dado, es inexorable. Los profesionales tienen que entender que si van a tomar decisiones como estas deberán agarrarse".

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