Policiales

"El caso de Alvarado es el modelo de investigación que queremos para Santa Fe"

Marcelo Saín cree que en Santa Fe el sistema penal sigue más enfocado en perseguir robos y hurtos que delitos complejos, que impulsan la violencia.

Martes 25 de Junio de 2019

Marcelo Saín lleva seis meses como director del Organismo de Investigaciones (OI) de la provincia de Santa Fe. Este politólogo que comanda un cuerpo de policía técnica que apoya la tarea de los fiscales entiende que para la persecución del delito la reforma procesal que rige desde 2014 fue un paso innovador, pero producido en un contexto, dice, con dos carencias notorias: cierta debilidad institucional del Ministerio Público de la Acusacíon (MPA-Fiscalías) y la ausencia de financiamiento adecuado para un cambio de esta envergadura.

"No escapa aquí lo que pasa en los sistemas penales en todo el país, diseñados para investigar masivamente robos y hurtos, y no delitos complejos. Y el crimen en Argentina y en Santa Fe se transformó. Se estructuraron mercados de droga sorprendentes, con fuertes lazos con las fuerzas de seguridad, lo que se ve en las últimas investigaciones. Los diarios locales de los últimos diez años muestran una clara subordinación policial al mundo criminal, que maneja una economía robusta, conectada con el circuito financiero y actividades legales", dice. "Y en Santa Fe la policía no regula más al mundo criminal, es casi al revés".

—¿Los que mandan son los criminales?

—En muchos casos sí. En el juicio de Los Monos vimos que no había una policía que controlara a Los Monos. En caso contrario no habría habido la vorágine de violencia tras el asesinato del Pájaro Cantero ni la reacción contra el Estado expresada en ataques a sedes y funcionarios judiciales. Nadie contenía esto y era parte de la estrategia del grupo para consolidar sus negocios y presionar al Estado para forzar alguna negociación eventual.

—¿Qué tiene de peculiar la relación entre policía y crimen en Santa Fe?

—En las principales ciudades de Argentina las cúpulas policiales, en base a conductas ilegales, controlan lo que pasa adentro y lo que pasa en la calle. Eso no ocurre acá donde la policía está profundamente fragmentada. Aquí uno encuentra comisarías que manejan un circuito barrial de distribución de drogas pero sin que se imponga la Regional. Vemos un sector de las patrullas de calle o de la ex Drogas Peligrosas que controlan un sector de cierto barrio, como se vio con Los Monos, pero no es toda la policía rosarina institucionalmente. Esa fragmentación está en convivencia desigual con la capacidad financiera y operativa de grupos criminales que subordinan a la policía. El sistema penal en Santa Fe no está aún preparado para dar cuenta de esto.

—¿Por qué razones?

—Porque hay un modo de trabajar que todavía no se impone. Quiero ser preciso, el nuevo sistema está construyéndose, a veces vemos esquemas alentadores, donde los lazos fuertes entre grupos criminales y policías se ven en las hipótesis investigativas. El juicio de Los Monos puso luz sobre esto y se desarticuló a la banda tomando a los policías como parte de la empresa criminal y no como meros habilitadores o encubridores. En el caso de Alvarado vemos lo mismo: una red de protección policial con lazos sofisticados con este grupo criminal.

—Acá se insinúa algo más grave, porque los que caen presos son jefes que tuvieron en sus manos investigaciones de una gran parte de los fiscales.

—Eso se parece más a lo que pasa en lugares como Capital Federal y Buenos Aires, donde los policías tienen pactos regulatorios con el mundo criminal más eficente, pero a la vez son eficientes en el desarrollo de investigaciones criminales legales. Prestan los dos servicios. La investigación contra Alvarado comienza con el homicidio del prestamista Maldonado y podría haber quedado ahí. Sin embargo dos fiscales fueron más profundo y revelaron cosas no habituales en Santa Fe: reconocer la estructura criminal, sus componentes, la protección policial y la trama de negocios del jefe de esa asociación ilícita. Se hizo en pocos meses, con pocos elementos tecnológicos, pero con una estrategia investigativa firme. Este es el modelo a seguir.

—Según su mirada se habría ido más allá del sistema para perseguir robos y hurtos...

—Sí, porque hubo estrategia que traspasó el hecho puntual. Trabajaron TOE, OI y personal especializado de la fiscalía. La investigación ya fue convalidada por dos juezas que valoraron el enfoque como elemento novedoso. Esto demuestra que se puede trabajar en esta dirección. Pero no es lo habitual.

—El 50 por ciento de los homicidios dolosos en Rosario están vinculados a disputas de bandas y casos de narcomenudeo. Pero es infrecuente que se investiguen de manera unificada.

—Es un error de la política criminal de la Fiscalía Regional en Rosario. No se ve allí una estrategia a la altura de estas circunstancias. De hecho hubo un intento, por lo que trascendió en información pública, para que no haya audiencia imputativa por los graves delitos atribuidos a Alvarado hasta pasadas las elecciones. Si fuese cierto que se intentó impedirla porque eso hubiera politizado el caso habría sido una mala noticia. Afortunadamente no ocurrió. Se estaba acusando a un referente criminal de acciones violentas, protección policial y una economía criminal que servía como sostén de su empresa ilícita. ¿Qué tiene que ver esto con la política? Hay que tener cuidado con los mensajes institucionales. Si no se hacía esta audiencia cuando debía hacerse habríamos tenido una obstrucción de Justicia. Habríamos fracasado en una estrategia que por primera vez en Rosario sigue una orientación distinta en cuanto a persecución penal.

—Hay fiscales que piden la competencia provincial de delitos de lavado en la idea de que permite atacar a las bandas violentas.

—Me parece bien ese camino, la Cámara Penal ya se pronunció a favor. Pero gran parte de lo que vemos no son operaciones de lavado de dinero, sino gestión de la economía del crimen, creando empresas legales, actuando con financistas y fondos de inversión. No siempre el objetivo es blanquear activos sucios sino mover dinero generado por el mundo criminal. El lavado es una pequeña parte. En Santa Fe hay que estudiar la economía del mundo criminal. La red inmediata de empresas, concesionarias, fondos de inversión, grupos financieros que canalizan fondos del mundo informal de la economía legal, pero también del narcotráfico.

—Es imaginable que habrá resistencias desde actores de la economía legal.

—El mayor esfuerzo de los grupos criminales es impedir el éxito de la persecución. El gran costo para estos grupos es el esquema de protección que tienen. Ahí ingresa el mundo político, parte de la Justicia y el mundo económico. Al investigar a los niveles más altos se te empieza a agotar el oxígeno. Una cosa es investigar a los mercados de droga en la periferia de Rosario y otra ver cómo se canalizan fondos mediante actores de la city financiera de la ciudad. Cuando aparecen actividades que no están estigmatizadas socialmente se desata el juego de mayores resistencias. Esto sensibiliza mucho a los poderes de turno.

—¿Se pueden convalidar investigaciones judiciales hechas por una policía a la que le detectamos corrupción? Ahora pasó con los jefes operativos de la PDI implicados con Alvarado.

—Se trata de ver caso por caso. Hay núcleos policiales que son muy eficientes en investigar delitos de ciertas facciones criminales porque trabajan para otras. Tal vez ahora en Santa Fe se esté escribiendo alguna página al respecto. En la investigación de Alvarado hubo una conjunción de servicios investigativos no contaminados.

—Usted dijo que no quería venir a Santa Fe a conducir un órgano que hiciera "mandados menores". ¿Cómo le está yendo?

—Solo podemos asistir a fiscales en investigaciones complejas. Somos selectivos en qué aceptamos porque no cuento aún con infraestructura necesaria, recursos tecnológicos a la altura, ni movilidad ni esquemas de protección. Pero estamos actuando contra grupos criminales complejos. Pasa que esto no se puede anunciar hasta que los detenidos son imputados.

—Hubo una ola de críticas al saberse que se habían designado 195 agentes del OI de estrecha cercanía con funcionoarios del gobierno provincial y del MPA. ¿Qué tiene para decir de eso?

—Lo que pasó antes de mi asunción fue que como en muchos órganos nuevos en Argentina no se desarrollan las acciones de modo institucional adecuado y se terminan empujando cosas con la panza. Era necesario poner en marcha el organismo y se hizo una selección de personal, inicialmente más o menos pertinente, y después otra que como se ventiló en aquella crisis vino por otro lado. Yo aproveché esa situación de crisis y con tres meses de funciones pude evaluar a un centenar de esos 195. Hoy trabajamos con cien personas que pasaron las pruebas y están haciendo tres tareas: investigación criminal, análisis criminal y organización administrativa. Tenemos personal con distintos perfiles: no es lo mismo investigar balaceras, una trama económica del crimen, o el mercado de armas. Vamos formando agentes que responden a esos perfiles. Hice una selección interna a partir de esa crisis con personal que yo no había seleccionado. Me quedé con un centenar. El resto le pedí al Poder Ejecutivo que volviera a sus ministerios de pertenencia.

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