Silvia de Souza Barros recuerda claramente el momento en que empezó a vivir lo que ella definió como "un calvario" en su vida. Fue el 13 de febrero de 2014, cuando se dirigió al Centro Municipal de Distrito Noroeste para un trámite que prometía ser de rutina. Iba a averiguar si existía alguna deuda de TGI en una propiedad de Eva Perón al 7600 que había comprado con su esposo 31 años antes. Llegó, esperó su turno y entregó un recibo a nombre de su marido. Entonces pasó algo inesperado. Los empleados le preguntaron sus datos más de una vez, realizaron llamados telefónicos, la hicieron pasar a otra oficina y le revelaron algo que la dejó al borde del desmayo: "Señora, discúlpeme, pero esa esquina fue vendida en agosto".
Este caso figura en uno de los seis legajos judiciales por los que el fiscal de Delitos Complejos Sebastián Narvaja imputó a once personas por integrar una asociación ilícita para cometer fraudes inmobiliarios y lavado de activos. En este hecho, el primero de la lista, están imputadas cuatro personas por falsificación de documentos y estafa. Se trata del escribano Eduardo Martín Torres y de las personas que, para la fiscalía, integraban la "primera célula" de las maniobras de defraudación.
A ese grupo se le adjudica la tarea de buscar propiedades y desapoderarlas mediante fraudes. Son Juan Roberto Aymo, vendedor de autos y "organizador de la primera célula"; su esposa Ramona Rodríguez, compradora de las propiedades; y Jonatan Zárate, chofer de Aymo que prestaba su nombre como falso apoderado para luego vender en nombre de los verdaderos titulares.
La denuncia. Esta primera denuncia que los involucra es del 17 de febrero de 2014 y fue efectuada por Silvia de Souza Barros junto a su esposo y su hijo, que es abogado. El matrimonio expuso que en agosto de 1983 adquirieron un inmueble en Eva Perón 7654, a dos cuadras de la avenida de Circunvalación. Desde entonces desarrollaron allí su actividad comercial de exposición y venta de materiales para la construcción y servicio de volquetes.
A comienzos de 2012 interrumpieron ese emprendimiento y alquilaron el inmueble. Por un lado, firmaron un contrato de locación para dedicarlo a la explotación de un bar; y por otro, para la colocación de dos carteles publicitarios. Los inquilinos siempre pagaron en tiempo y forma. Pero dos años después, el 13 de febrero de 2014, la familia se enteró de que había sido despojada del inmueble. Fue cuando la mujer acudió al Distrito Noroeste a constatar que estuviera paga la TGI.
"Llego, espero el turno, me llaman. Yo le doy un recibo a nombre de mi marido. La chica busca y me mira; y veo que intenta de nuevo. Y me dice: «Señora, ¿cómo es su nombre y apellido?» Se lo digo, le pregunto qué pasaba y me dice que espere. Viene un muchacho alto, me pregunta la ubicación de la propiedad y veo que la cara de él cambió". Ese empleado la hizo pasar a Silvia a su oficina. Allí, luego de algunos llamados telefónicos, le comunicó que el terreno había sido vendido.
"Me dijo que la propiedad estaba a nombre de Ramona Isabel Rodríguez. Yo creí que me tragaba la tierra", contó la mujer, que se descompuso cuando el empleado la acompañó a tomar un taxi. "De ahí en más no dormía y así fue durante bastante tiempo. Me ponía mal que me sacaran la esquina después de toda una vida de sacrificio. Para nosotros es de un valor incalculable".
Un poder trucho. Según el fiscal Sebastián Narvaja, el pasamanos con esa propiedad había comenzado el 31 de julio de 2013 cuando el escribano Torres confeccionó un poder trucho en el que Silvia y su esposo autorizaban a Zárate a ceder, vender o transferir el inmueble "por el precio y la forma de pago que crea conveniente". Un escrito en el que se falsificaron las firmas de los dueños. Para la acusación, esta maniobra fue promovida por Aymo, quien acordó con Zárate que utilice el poder apócrifo y le venda la esquina a su pareja, Ramona Rodríguez.
Para eso se confeccionó una escritura, certificada una vez más por Torres. Allí consta la venta por la "aparente y vil suma de 80 mil pesos" abonados en efectivo por Rodríguez al auténtico dueño. En los días posteriores esa escritura trucha se insertó en el tomo 1133 del Registro de la Propiedad. La esquina del bar ya era de Ramona Rodríguez.
Seis meses después, cuando los dueños originales denunciaron el ardid, la escribanía de Torres fue allanada y allí se secuestró documentación que obra en la causa. Además la familia inició un juicio civil y trabó un embargo contra Rodríguez. Tras ello, desde el entorno de Aymo contactaron al hijo de los dueños, que es abogado, y lo convocaron a sucesivas reuniones para intentar "solucionar" la situación.
Intentos de "arreglo". "Me suena una llamada a mi celular y un señor me dice que había habido un error con la transferencia, que estaban en condiciones de devolverle la propiedad a mi papá. Nos juntamos en el bar Antártida, en Fisherton. Era grandote, poco calvo, canoso, de unos 60 años. Se ofreció a llevarnos a casa en una Dodge 4x4. Le dijimos que vivíamos a una cuadra", contó el hijo de los damnificados.
El desconocido dijo ser amigo de Aymo y hasta habló de prestarles dinero. "Le dije que lo más importante era cómo instrumentarlo. Porque hablé con varios escribanos y me decían que era imposible, que nadie me lo iba a hacer. Porque mi papá tendría que reconocer que hubo un error cuando nunca había firmado y que iba a quedar manchado. Que la única forma era una sentencia judicial, lo más transparente".
A los pocos meses lo llamó un conocido abogado con "las mismas intenciones" y en representación de Aymo. "Nos juntamos esa tarde con mi papá en un bar a una cuadra del Jockey Club, Chipaco". También estuvo presente el abogado de la familia. "La idea era plantear un escrito en el expediente y decir que hubo un error y ver la posibilidad de dar vuelta el tema. Creo que también había un pedido de indemnización".
Pero el escrito nunca se presentó y el abogado, al tiempo, lo llamó para decirle que se había desvinculado de su cliente. Un tercer encuentro se hizo en el bar de Moreno y Montevideo. Ahí acudió Aymo en persona. "Empieza la conversación victimizándose. Dice que a él lo estafaron, que no se baña en agua bendita pero que en este caso lo habían estafado, que él había prestado plata. Lo cual me generó bronca y lo trato mal. Aymo decía que había prestado plata y que le dieron dos propiedades de mi papá para que elija. Me amenazó diciendo que la propiedad era de él y que si quería no iba a funcionar el bar". Un último encuentro se hizo en otro bar frente a Tribunales.
Una de las pruebas de la estafa presentadas por la Fiscalía son las pericias caligráficas. En el poder trucho aparece el nombre de Aymo tachado y reemplazado en forma manuscrita por "Rodríguez". En ese documento, la firma del dueño de la esquina fue falsificada. La de su esposa también, pero con un error: era una imitación de la firma del dueño anterior, el que les había vendido el terreno en 1983. Lo cual revela que los estafadores tuvieron acceso a la primera escritura.
Un dato sugestivo es que, el mismo día en que se firmó el falso poder, se solicitaron copias simples de la historia del inmueble en el Colegio de Escribanos, donde constan las firmas originales de sus dueños. Es una práctica que se repite en todos los casos atribuidos al grupo y que, para la Fiscalía, constituye un acto preparatorio del delito.
Diálogos que desnudan una forma de actuar
Las escuchas telefónicas al escribano Eduardo Torres y al vendedor de autos Juan Ramón Aymo, a quien se le atribuye coordinar la estafa inmobiliaria, arrojaron que este último, en forma cotidiana, le "llevaba trámites" y retiraba documental personalmente o en sobres que Torres le dejaba en la portería.
En una conversación Torres se refiere a la fotocopia de un documento y Aymo le responde: "Quédese tranquilo... no hablemos... no hablemos mucho por teléfono". Las charlas dan cuenta de un "trato profesional" y de que están al tanto de una investigación penal en su contra. En otra escucha Aymo se refiere a Jonatan Zárate como "su chofer".
Entre la prueba también hay un análisis patrimonial efectuado por la contadora Marina Marsili, quien concluye: "La operación inmobiliaria realizada por la señora Rodríguez no se registra en su perfil fiscal ni se condice con su historial financiero", además de observar un "desproporcionado incremento patrimonial".
Seis casos con lujos de detalles
La investigación de la Fiscalía de Delitos Complejos analizó seis casos en los que actuó el grupo de personas imputadas por la estafa concretada a través de la apropiación de inmuebles con documentación trucha y su posterior inserción en el mercado. Desde hoy, La Capital dará a conocer cada uno de esos casos con los detalles que figuran en el expediente y en el acta de imputación por la cual hay 11 personas involucradas, nueve de ellas con prisión preventiva.
