Policiales

El asesinato de una nena de dos años quedó al borde de la impunidad

El 11 de enero de 2017 Candela Abigail Maciel estuvo en medio de una balacera entre bandas. Nunca pudo formalizarse la acusación por homicidio.

Viernes 07 de Septiembre de 2018

La investigación por el homicidio de una nena de 2 años ocurrido en el barrio La Ribera de Villa Gobernador Gálvez en enero de 2017, cuando quedó en medio de un feroz enfrentamiento entre bandas, navega en un laberinto judicial que a 18 meses del hecho no tiene acusación firme. Esa situación permitió que uno de los dos imputados por el hecho accediera ayer a la prisión preventiva domiciliaria al igual que otro coimputado. Los sospechosos, ahora fuera de la cárcel, a lo sumo podrían llegar a juicio por los delitos de portación y abuso de armas dejando el crimen impune.
Para comprender la complejidad de un caso que parece haber quedado en el olvido, y que si hubiera ocurrido dentro los bulevares ya hubiese motivado marchas y adhesiones institucionales de variado color, hay que remontarse varios meses atrás.
Tragedia y bandas
Con el antecedente de al menos dos días previos de enfrentamientos armados, el 11 de enero de 2017 a la medianoche se desató una tremenda balacera entre bandas antagónicas en la zona de Thompson y La Ribera, una barriada humilde, pauperizada y olvidada que se recuesta sobre la margen del río Paraná, en Villa Gobernador Gálvez.
Aquel día, dentro de una precaria casilla de chapa estaba Candela Abigail Maciel, de 2 años, acompañada de su padre, David Angel Ruiz Díaz. Entonces uno de los proyectiles disparados en el enfrentamiento traspasó la endeble estructura de la vivienda, raspó al joven en el cuello y le atravesó el pecho a la nena, que murió camino al hospital Gamen.
La causa no fue fácil de pesquisar. Difusa mecánica, noche cerrada y especial característica del territorio impidieron el secuestro de material balístico. Tampoco pudo determinarse el calibre del arma utilizada, ya que el proyectil que no quedó alojado en el cuerpo de la nena.
El caso quedó en manos de la fiscal de Homicidio Dolosos Marisol Fabbro, que luego de unos días y de colectar evidencias testimoniales y datos de calle ordenó detenciones. En enero de 2017 fueron imputados Juan Emilio A., de 22 años; Manuel T., de 29; y Esteban R., de 28 años, presuntos miembros de una banda llamada "La Córdoba". La mamá de Candela aseguró que esa noche los vio tirando hacia su casilla de Thompson y La Ribera.
El 8 de febrero de 2017, tras identificar a la otra facción, la fiscal imputó a Gabriel "Topo" B., de 21 años; y a su primo Rubén Darío "Faturita" V., de 20, a quienes les ordenaron 30 días de prisión preventiva. Supuestamente eran parte de la banda "La Thompson", apuntada por vecinos y testigos como frecuentes protagonistas de balaceras.
Acusaciones
En su hipótesis, Fabbro expuso que la nena quedó en medio de un enfrentamiento y por eso responsabilizó a ambos grupos de la muerte. Y sostuvo que el tiro letal provino de la gavilla que integraban "Faturita" y "Topo". Pero la fiscal también adelantó que quizás "no se podría determinar nunca" quién gatilló el tiro fatal.
Por eso les atribuyó a los cinco detenidos la coautoría del crimen con dolo eventual. Es decir, pudieron imaginar el desenlace fatal pero no les importó. Sin embargo, esa calificación y las atribuciones de responsabilidad tuvo sus vaivenes.
Tras una ronda de reconocimiento con los padres de la víctima y una vecina que lo desligaban del hecho, en abril de 2107 "Faturita" y su primo "Topo" recuperaron la libertad. Uno de esos reconocimientos fue realizado por Marcela G., apodada "La Gata Fernández", quien horas antes de la muerte de Candela fue víctima de disparos. La mujer declaró como otros testigos, aunque su aporte se consideró relativo por ser la madre de "Topo" y porque los datos de inteligencia la colocaban como líder de la banda "La Thompson".
Entonces la atribución de responsabilidad quedó circunscripta sobre Manuel T. y Esteban "Chino" R., los detenidos en primera instancia y miembros de "La Córdoba", acusados como coautores de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por las lesiones que sufrió el padre de Candela además de portación de armas de fuego.
Para ambos se prorrogó la prisión preventiva hasta la audiencia preliminar al juicio. Un tercer detenido, Juan Emilio A., de 22 años, recuperó la libertad tras advertirse que no sería el agresor a quien los vecinos identificaron como un tal "Pata quemada".
Tras una ronda de reconocimiento con los padres de la víctima y una vecina que lo desligaban del hecho, en abril de 2107 "Faturita" y su primo "Topo" recuperaron la libertad. Uno de esos reconocimientos fue realizado por Marcela G., apodada "La Gata Fernández", quien horas antes de la muerte de Candela fue víctima de disparos. La mujer declaró como otros testigos, aunque su aporte se consideró relativo por ser la madre de "Topo" y porque los datos de inteligencia la colocaban como líder de la banda "La Thompson".
Entonces la atribución de responsabilidad quedó circunscripta sobre Manuel T. y Esteban "Chino" R., los detenidos en primera instancia y miembros de "La Córdoba", acusados como coautores de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por las lesiones que sufrió el padre de Candela además de portación de armas de fuego.
Para ambos se prorrogó la prisión preventiva hasta la audiencia preliminar al juicio. Un tercer detenido, Juan Emilio A., de 22 años, recuperó la libertad tras advertirse que no sería el agresor a quien los vecinos identificaron como un tal "Pata quemada".
¿Quién disparó?
Ante la imposibilidad de determinar quién gatilló el arma que mató a la niña, la fiscal readecuó la acusación y calificó el caso como un homicidio en riña, lesiones y abuso de armas. Y tras una negociación con la defensa de los dos imputados para cerrar el caso en un juicio abreviado, se pautó una audiencia en abril pasado.
Pero en esa instancia la jueza de Investigación Preliminar Preparatoria (IPP) Paula Alvarez no homologó el acuerdo al considerar que la figura del homicidio en riña sólo debe aplicarse si la víctima forma parte de uno de los bandos en disputa, algo que no ocurrió con Candela.
La fiscal apeló esa resolución, pero en junio el juez penal de 2ª Instancia José Luis Mascali resolvió rechazar el planteo y convalidar la decisión de Alvarez con los mismos argumentos. Entonces el caso quedó en un brete jurídico, sin una calificación ni acusación precisa respecto a los delitos que afrontan los acusados.
El 11 de junio la defensora María Laura Blacich, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp), solicitó una audiencia de revisión de la medida cautelar que pesaba sobre los dos imputados y requirió la prisión domiciliaria con reglas de conducta para Esteban R., y para Manuel T., lo que fue rechazado por la Fiscalía.
A sus casas
En ese marco la jueza María Melania Carrara mantuvo la prisión preventiva y la defensa solicitó un nuevo trámite que se desarrolló el 27 de julio. Entonces, tras argumentar la laguna judicial en la que navegaba la acusación, Esteban R. logró marcharse a su casa. Ayer, en una nueva audiencia de revisión de la prisión de Manuel T. la defensora María Laura Blacich insistió esta vez con la prisión domiciliaria de su asistido tras sostener la ausencia de calificación y atribución clara sobre el rol del acusado, y que ante una eventual nueva imputación, el plazo de detención se tornaba excesivo.
La fiscal Fabbro recorrió los pasos de la causa, recordó los niveles de conflictividad que persisten en la zona de los hechos y que el acusado,a diferencia del coimputado, tiene antecedentes penales (ya cumplidos), por lo cual solicitó mantener la prisión preventiva efectiva. Y adelantó que en breve presentará la acusación por dos hechos de portación y abuso de armas agravado por las lesiones provocadas a las víctimas.
Al resolver los planteos, el juez Carlos Leiva reconoció que se trata de una situación "compleja". Y dijo: "Entiendo que hubo un hecho de muerte pero que no encuentra una significación jurídico penal". Entonces ordenó el arresto domiciliario bajo control de tobillera electrónica previa constatación del domicilio sugerido, relevamiento ambiental y técnico (ver aparte). El plazo tiene como fecha de revisión el 6 de noviembre.
Por razones que se deberían atender, la investigación y el proceso judicial iniciado a partir del homicidio de Candela Abigail Maciel, sin evidencias ni pruebas para avanzar en la atribución de responsabilidades, padece la misma grave precariedad en la que murió hace 18 meses la beba. Los dos únicos imputados en sus casas y sin acusación firme.

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