Mientras desde el gobierno provincial se sostiene la negativa a trasladar a los jóvenes alojados en el Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (Irar) a otras dependencias penitenciarias, de acuerdo a lo solicitado por las cuatro juezas de Menores de Rosario y su par de San Lorenzo, una de las magistradas emitió ayer un comunicado con duros términos y la titular de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes recorrió las instalaciones de predio de Saavedra y Cullen. En ese marco, el tema parece derivar en un disputa política en medio de la cual hay 25 chicos en conflicto con la ley penal.

   María Dolores Aguirre Guarrochena, jueza de Menores 4, hizo saber que “ante las repercusiones originadas por la decisión de todo el fuero de Menores de Rosario y San Lorenzo de trasladar en forma transitoria a los adolescentes alojados en el Irar, luego de constatar condiciones de inhabitabilidad en ese instituto, manifiesta que ello ha sido una decisión largamente meditada en silencio, ante la falta de respuestas serias en una situación ciertamente compleja y que, precisamente, su objetivo fue velar por el respeto a los Derechos Humanos consagrados en los Tratados Internacionales cuyo desconocimiento resultó, a entender del fuero, palmario. La alegada especificidad (supuestamente vulnerada en la resolución cuestionada) entra en crisis cuando desaparece algo anterior: la dignidad”, dice el comunicado.

Recorrida. En tanto, la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Analía Colombo, recorrió el Irar la mañana de ayer para constatar las condiciones edilicias y de higiene. Según la funcionaria “se constató la presencia de personal de dos empresas efectuando tareas de higiene en los espacios individuales y comunes y, aunque las condiciones estructurales necesitan de reformas, se comprobaron mejoras en las condiciones de higiene y salubridad”.

   Asimismo, la defensora se reunió con la subsecretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Débora Cotichini, y con la responsable de la zona sur de Justicia Penal Juvenil, Natalia Trincheri, a quienes le reiteró el pedido de un plan de contingencia en relación a las obras de remodelación que se están llevando adelante.

   La situación se originó cuando los jueces de Menores oficiaron el trasladó de los jóvenes del Irar a otros centros de detención del Servicio Penitenciario, lo que despertó severas críticas del gobierno, la Coordinadora de Trabajo Carcelario y los propios operadores juveniles que trabajan en el instituto.