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Drogas, armas y mucho WhatsApp, la trama de los aprietes a la Justicia

En los alegatos de cierre del juicio por balaceras contra el Poder Judicial los fiscales delinearon cómo actuaron los acusados a las órdenes de Ariel Cantero

Lunes 20 de Septiembre de 2021

Los atentados a balazos contra 18 objetivos judiciales entre mayo a agosto de 2018 necesitaron de una logística que, al igual que una mesa, se asentó sobre cuatro patas: la actuación de tres bandas criminales que aportaron vehículos y mano de obra; el tráfico de drogas como negocio habitual de esos grupos; el manejo de armas y un circuito febril de comunicaciones por WhatsApp desde celulares que sus usuarios cambiaban con frecuencia. Así lo describieron cuatro fiscales al presentar sus alegatos de cierre en el juicio que se le sigue a Ariel “Guille” Cantero como instigador de los ataques y a otros seis acusados de concretarlos.

El juicio arrancó con una frase desafiante que en la primera jornada lanzó el condenado como jefe de Los Monos: “Contrato sicarios para tirar tiros a jueces”, sorprendió “Guille” hace ya un mes, conectado por videoconferencia a un Centro de Justicia Penal (CJP) que 36 horas antes había sido blanco de una balacera idéntica a las que se juzgan por estos días. Con vigilancia redoblada, el edificio lució el lunes amurallado por vallas de Gendarmería Nacional y con francotiradores en los techos desde temprano. Es que a las 8.30 arrancaron los alegatos de cierre de la Fiscalía, que reiteró las penas solicitadas al inicio. El miércoles a la misma hora será el turno de las defensas.

Ante los jueces Hebe Marcogliese, Pablo Pinto y Rafael Coria se juzgaron 18 atentados contra edificios del Poder Judicial y viviendas que habitaron magistrados y policías vinculados al trámite de la causa de Los Monos. Ataques que, un mes después de la condena provincial a la banda por asociación ilícita, se sucedieron desde el 29 de mayo al 26 de agosto de 2018. De ese total que el equipo de fiscales integrado por Matías Edery, Miguel Moreno, Gastón Avila y Aníbal Vescovo incluyó dentro de una misma saga, se definieron imputaciones por 14 hechos.

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Como al inicio, la pena más alta solicitada es de 24 años y recae contra Guille como instigador en siete de esos hechos, Lucía Uberti por organizar y participar en nueve balaceras, y Matías Nicolás César como partícipe en diez. Daniel Alejandro “Teletubi” Delgado y Leandro Daniel “Chulo” Olivera están acusados de participar en tres hechos y los fiscales pidieron una pena de 13 años de prisión para ambos. Para Leonel Alejandro Fernández pidieron 12 años por participar en un caso y para Damián Oscar Enrique Chávez, 9 años, también por un solo ataque.

Para los fiscales, “los intereses de todos fueron económicos, incluso los de Cantero”, quien tenía y aún tiene pendiente la definición judicial sobre el destino de los bienes incautados a la banda. Una cláusula agregada al pedido de altas penas fue la solicitud de decomiso de los elementos secuestrados en esta investigación que demandó tres años y se articuló, sobre todo, en prueba obtenida de celulares. La novedad más llamativa del alegato provino de un teléfono. El dato de que Guille suministró a uno de sus sicarios información sobre el empresario Andrés Lamboy, atacado con nueve tiros dos semanas más tarde.

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Tres bandas

En cuanto a la saga de atentados, los fiscales plantearon que se vertebró sobre el accionar de tres bandas delictivas diferentes, todas ligadas al narcomenudeo y cuyos líderes eran los únicos que mantenían línea directa con Cantero, quien daba órdenes desde prisión. Una es la “banda de barrio Alvear”, con al menos siete integrantes al mando de Teletubi Delgado, quien convivió con Guille en la cárcel de Piñero hasta fines de mayo de 2018.

Le sigue “la banda de Quintana”, liderada por Matías César y compuesta al menos por su primo Tobías Barrios, ya condenado. Y por último una organización cuyos miembros no fueron identificados y de que la sólo se conoció su cabeza, “Chulo” Olivera, “último en ser detenido” y quien “trató de borrar cualquier vestigio de información”.

Pivoteando entre dos de esos grupos aparece Lucía Uberti, del grupo de Teletubi y por entonces novia de César, de cuyo celular se recuperaron las capturas de pantalla que según los fiscales recibió de Guille con listas de las direcciones a atacar. Ordenes que a su vez ella remitía a los ejecutores mientras coordinaba horarios, armamento, movilidad y el diseño de carteles del estilo “con la mafia no se jode” que se convirtieron en marca de la saga.

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Otros dos aspectos sobresalen en la logística: el asiduo manejo de armas —de los celulares se extrajeron numerosas fotos con armas de grueso calibre, automáticas, semiautomáticas y ametralladoras— y la relación con el negocio de las drogas. Hay numerosas conversaciones sobre comercio de estupefacientes y fotos de los acusados armando bolsitas para narcomenudeo, “pesando grandes cantidades de cocaína, armando paquetes de marihuana prensada, consumiendo ácido”.

Por teléfono

El cuarto rasgo distintivo es que toda la preparación de los ataques se articuló a través de mensajes de WhatsApp entre actores que manejaban más de una línea de teléfono, cambiaban de aparatos con frecuencia y tenían como conducta rutinaria borrar esos mensajes. Pese a ello, los fiscales encontraron “prueba suficiente” en aquello que no llegó a borrarse. Lucía Uberti, por caso, conservaba numerosas capturas de pantalla de sus conversaciones que se usaron como prueba.

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Los fiscales plantearon que Cantero tuvo acceso a celulares en todas las unidades penitenciarias por la que pasó en ese período. “Ya tiene como tres líneas”, dice un mensaje a horas del desembarco de Guille en Ezeiza el 3 de septiembre de aquel año. Le adjudicaron el uso de cuatro líneas de teléfono: uno secuestrado en la cárcel de Piñero, otras dos mientras mientras estuvo en Resistencia y una cuarta activada a instantes de su llegada Ezeiza.

En la casa de barrio Acindar donde en septiembre de ese año fueron detenidos Uberti y César, en tanto, se encontraron cuatro aparatos. La joven conservaba fotos sosteniendo más de siete chips de telefonía. A César se le detectó un permanente cambio de líneas. El comportamiento de manejar varios celulares también se le achacó a Delgado.

Un celular que resultó clave fue secuestrado en la cárcel de Piñero. A partir de una visita que recibió Ariel "Viejo" Cantero, padre de Guille, en la que su pareja intentó ingresar una bala 9 milímetros el 2 de junio de 2018 se ordenó una requisa del pabellón 7 que alojaba al núcleo duro de Los Monos. En la antesala del sector se encontraron 42 aparatos detrás de unas sillas plásticas. La pericia de Gendarmería arrojó que un Samsung Galaxy J7 de esa flota había sido usado por Guille desde el 24 de mayo y hasta su traslado a Resistencia del 30 de ese mes. Había allí más de diez selfies de Cantero y no se encontraron imágenes de otras personas. A la fecha de los primeros dos atentados al juez Ismael Manfrín del 29 de mayo, “la única persona que se sacaba selfies y usaba ese teléfono era Cantero”.

Planificados

Para los fiscales, lo que diferencia a estos atentados de las balaceras que ocurren a diario en la ciudad por conflictos de diversa índole es que los une un mismo hilo conductor. “Hubo un plan sistemático que buscaba generar un impacto institucional”, plantearon, y agregaron que “Ariel Máximo Cantero desde los inicios organizó y transmitió a sus subordinados datos esenciales para la concreción de los atentados” valiéndose de “una estructura clandestina de recursos vinculada al tráfico de drogas y delitos conexos”.

La cronología de ataques comenzó cuando balearon en simultáneo dos viviendas en las que había residido el juez Ismael Manfrín en Italia 2118 y Montevideo 1040. Al día siguiente ingresó una amenaza al 911: "Somos acá la banda de los Cantero. A Los Monos suéltenlos porque lo vamos a agarrar al juez, le vamos a reventar toda la casa y lo matamos, lo vamos a secuestrar", decía el llamado.

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El anónimo insinuaba un móvil y el juez Manfrín había integrado el tribunal que un mes antes había condenado a Los Monos. Pero recién con el hallazgo del celular atribuido a Cantero en Piñero cobró un rumbo a la pesquisa, que terminaría de afianzarse tras la persecución y arresto del conductor de un Renault 9 usado en uno de los últimos de la saga: la balacera a la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Montevideo 1968, el 14 de agosto.

Dos horas y quince minutos antes de la primera balacera a Manfrín, el celular asignado a Guille en Piñero realizó una captura de pantalla de una conversación que mantuvo con el contacto “Ma”, alquien que tenía por foto de perfil una persona sosteniendo un arma. En esa charla, según el alegato, Guille envió información de domicilios y celulares de Manfrín, la patente del auto del juez y el modelo del vehículo. “La orden de atacar proviene del celular de Cantero”, concluyen los fiscales.

“Ma” es la manera en que, según los fiscales, Cantero llamaba a Matías César. De otro celular aportado a la causa por una testigo reservada que había sido colaboradora de Guille se recuperó una imagen enviada a ella por Cantero a las 21.55 de aquel día. Era una captura de pantalla de una conversación en la que figuraban los domicilios atacados.

La misma imagen estaba en el teléfono secuestrado en el pabellón 7. Que además contenía una captura de la aplicación Google Street del edificio de Montevideo 1040 tomada el día del atentado; noticias sobre los ataques e información sobre los jueces que integraron el tribunal de juicio: Mafrín, Marisol Usandizaga y María Isabel Mas Varela.

Si bien creen que Guille estuvo detrás de todos los ataques, los fiscales sólo lo acusaron en aquellos casos en que encontraron pruebas. Guille fue además implicado en los hechos de Zeballos 2575, Dorrego 1615, Libertad 370 y Buenos Aires 1743 — odos conectados a Usandizaga— y el CJP. ¿Qué lo incrimina? Un envío del 26 de julio a Uberti, quien lo tenía agendado como “Loco”, de una foto con información de esos domicilios que al parecer fueron obtenidos de una base de datos paga. “Cantero envió las direcciones. Delgado eligió los destinos del ataque y le indicó a Uberti a quién transmitir la información", reconstruyeron la cadena de mando. En tres de los hechos se usó una misma arma.

Diversos fines

Para los fiscales, hubo una afectación material y una “brutalidad” que padecieron los vecinos de las viviendas atacadas, quienes “arriesgaron sus vidas”. Otro daño simbólico al servicio de Justicia. Y un costo económico para la provincia en materia de prevención e investigación que, inflación mediante, estimaron en unos 250 millones de pesos. La saga es una, pero la finalidad según los fiscales registró variaciones del primero al último ataque.

Los primeros dos atentados buscaban torcer la voluntad de Manfrín, quien no se opuso al traslado de Guille a la cárcel de Resistencia en la causa federal y que se concretó al día siguiente. Los que afectaron luego al padre del juez investigador Juan Carlos Vienna y a dos policías llevaban un mensaje “más que claro: las personas que perjudican a los Cantero, sufren las consecuencias”.

A partir del 24 de julio, cuando se sorteó el tribunal de apelación que revisaría la sentencia a la banda, cambió el foco y ocurrieron las balaceras a domicilios de las camaristas Gabriela Sansó y Carolina Hernández. Un día antes de que comenzara la audiencia de apelación fue el ataque a la sede del MPA. Entonces se añadió “una doble o triple finalidad: evitar la investigación de balaceras y modificar la postura acusatoria en la audiencia de Cámara. Por todos lados, lo que se reclama es la impunidad de Cantero”.

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